El Gobierno prevé sacar a concurso la explotación de dos presas hidroeléctricas de Iberdrola en la provincia de Zamora cuya concesión vence en los próximos años. “La normativa española de aplicación general prevé la promoción de un concurso público de concesión de agua y aprovechamiento hidroeléctrico”, señala el Ejecutivo, que prepara cambios legales en el régimen y los plazos de estas concesiones.
En una batería de respuestas parlamentarias, el Gobierno resume su posición sobre dos instalaciones inauguradas durante los primeros años de la dictadura franquista que Iberdrola, líder hidroeléctrico en España, explota desde hace décadas en la zona de los Arribes del Duero: las presas de Villalcampo (I y II) con una potencia total de 206 megavatios (MW), que fue puesta en servicio en 1949; y los Saltos de Castro (I y II), con 190 MW de potencia, inaugurada en 1952.
En el caso de Villalcampo, su concesión vence el 10 de octubre de 2024 y en el de los Saltos de Castro, lo hace el 22 de julio de 2028, precisa el Ejecutivo. “Una vez producida la reversión a la Administración competente, al Estado en las cuencas intercomunitarias y a las Comunidades Autónomas en las intracomunitarias, la normativa española de aplicación general prevé la promoción de un concurso público de concesión de agua y aprovechamiento hidroeléctrico”, señala el Gobierno.
De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986, y “en el ámbito de sus competencias, la Confederación Hidrográfica del Duero tramitará el correspondiente expediente de extinción del derecho por transcurso del plazo de la concesión, el cual se podrá iniciar tres años antes de expirar su vigencia”, plazo que en la primera de esas concesiones llegará en octubre de este año. “En su momento, las Comunidades de Usuarios, organismos públicos o particulares, podrán solicitar la concesión de los recursos reservados, que se otorgará por el organismo de cuenca, previa apertura de un periodo de información pública”, añade.
“Deberían revertir al Estado”
Recientemente, el exsenador de UCD por Zamora Luis Rodríguez San León pedía al Defensor del Pueblo que intervenga en el proceso de reversión de los embalses de Iberdrola en esa provincia. Según sus cuentas, el primero que vence (2022) es uno de los más grandes, Ricobayo (291 MW), si bien esta instalación tiene prorrogada su licencia hasta 2040. En 2019, tras realizar una petición al Portal de Transparencia, El Confidencial reveló que Iberdrola, heredera de la concesionaria original, logró que en los 90 el Gobierno de Felipe González le prorrogase la concesión gracias a unas obras de ampliación que le permitirán explotarla durante más de un siglo: 114 años.
En su escrito al Defensor del Pueblo, y según informó La Opinión de Zamora, el citado exsenador expuso que todas estas presas “deberían revertir al Estado o la comunidad autónoma o salir de nuevo a concurso, con unas condiciones que facilitarían el desarrollo de Castilla y León y sobre todo de Zamora y Salamanca” en las zonas donde se encuentran, que están “ampliamente despobladas y con una absoluta necesidad de inversiones, debiendo revertir en las mismas una parte de la riqueza que crean a coste cero”.
“El Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Duero se niegan a llevar a cabo los trámites para realizar una nueva concesión”, se quejó Rodríguez.
El de las hidroeléctricas es un asunto relevante para los próximos años, a medida que venza la concesión de un importante número de presas, tras los 75 años que, con carácter general, establece la normativa. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera se mostró abierta poco después de asumir esa cartera a que el Estado las asuma directamente conforme caduquen.
“Hay un volumen, que es un volumen limitado, que nos debería permitir pensar en opciones un poco más acordes a las necesidades del siglo XXI, que son básicamente garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que, en teoría, es un potencial público, por tanto, dependiente de una decisión de orden público”, dijo Ribera en su debut como ministra en el Senado en 2018.
Entonces, un informe del Observatorio para la Sostenibilidad estimó que para esa fecha el 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya habían expirado y que hasta 2030 otro 8% iría caducando progresivamente.
El pasado enero, en plena subida de la luz por la borrasca Filomena, Ribera descartó sin embargo la creación de una empresa pública de energía, opción que defendía Podemos en su programa electoral, en el que esta formación pedía que una entidad de nueva creación asumiera las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo.
“No tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema. Al revés, probablemente en un contexto complejo como el energético, lo que necesitamos es activar todas las palancas a la vez teniendo claro cuál es el equilibrio que queremos conseguir desde el punto de vista social, ambiental y de viabilidad del sistema. No podríamos avanzar si empezamos a tener problemas generalizados de suministro. Sería volver a la casilla de salida y una desconfianza muy grande por parte de los consumidores o las empresas”, señaló la vicepresidenta.
Ribera acaba de aprobar un anteproyecto de ley que prevé drenar la retribución de esta fuente y de la nuclear para intentar abaratar el precio de la luz actuando sobre los “beneficios caídos del cielo” que reciben por el alto coste del carbono, al que no hacen frente. La propuesta ha llevado a las eléctricas a amenazar con el cierre anticipado del parque nuclear, que aseguran, está en pérdidas.
El aprovechamiento de un bien público como el agua por parte del Estado es una vieja reivindicación de la izquierda. Hay ejemplos recientes avalados por la justicia como el de la presa de Lafortunada-Cinqueta en Huesca, recientemente recuperada por la Confederación Hidrográfica del Ebro tras décadas en manos de Endesa. Algunos expertos lo defienden como medio para abaratar el precio de la luz, que estos días, y como consecuencia del encarecimiento del CO2, está marcando precios históricamente altos en el mercado mayorista para un mes de junio, en pleno cambio del sistema tarifario.
“Sería fantástico que las centrales hidroeléctricas que caducaran se fueran concentrando en una empresa pública. Esta fuente presta un servicio de un valor incalculable para el sistema eléctrico: para cubrir la intermitencia de las renovables, afeitar las puntas de producción contaminante, concentrar la producción cuando una nuclear entra en parada… Su gestión debe ser completamente orientada al interés general, y ahora mismo no lo está”, decía en una reciente entrevista el expresidente de Red Eléctrica Jorge Fabra.
Regulación a la vista
El pasado jueves, durante una intervención en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) en la que quedó claro que el cambio climático va a drenar las disponibilidades de recursos hídricos en esta década, el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela, explicó que a finales de año se publicará el borrador de reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. El objetivo va a ser “dar una vuelta al planteamiento de los plazos de las concesiones”, afirmó Elena Román, del área jurídica del ministerio.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge la necesidad de regular el fin de las concesiones hidroeléctricas. “Con el fin de garantizar que se lleven a cabo las inversiones necesarias y que las centrales no dejen de funcionar una vez terminen las concesiones existentes, se hace necesario definir reglamentariamente los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones”, señala. El documento prevé también impulsar las hidroeléctricas reversibles que permitan gestionar la producción renovable, al poder almacenar la energía.
En esa jornada en Conama, Eduardo Orteu Berrocal, especialista en Derecho Público y Regulatorio de Gómez-Acebo & Pombo y ex asesor de Teresa Ribera, afirmó que las reversiones de las hidroeléctricas son “decisiones políticas” y, en la medida en que “buena parte de esas concesiones empiezan a revertir”, se plantean “una serie de cuestiones jurídicas que tienen que ser resueltas, en relación con la continuación del aprovechamiento por parte del Estado, su concesión a particulares o cómo van a revertirse”.
elDiario.es preguntó al ministerio a finales del mayo por el calendario de vencimiento de las concesiones hidroeléctricas y cuáles son sus planes para ellas, sin obtener respuesta. Transición Ecológica prevé sacar a consulta en breve las distintas revisiones de los distintos planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2021-27. El próximo año espera aprobar una Estrategia del Agua para la Transición Ecológica.
La hidráulica, que hasta mayo ha aportado algo menos del 16% de la electricidad en España, es una importante fuente de ingresos para las Administraciones. La producción hidroeléctrica está sometida al impuesto a la generación del 7% y al canon por utilización de aguas continentales que desde 2017 grava con un 25,5% la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. En Castilla y León existe además un impuesto específico sobre la afección medioambiental causada por aprovechamientos de agua embalsada.