Las pensiones no dan tregua al Gobierno en las últimas semanas. Los jubilados llenan las calles una manifestación tras otra , con una nueva convocatoria para este sábado, y los partidos políticos mantienen el cerco parlamentario, con continuas proposiciones de ley y no de ley en el Congreso contra la reforma del sistema público del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013. El presidente del Gobierno, su equipo y el PP han apelado una y otra vez estos días a la “responsabilidad” del resto de grupos políticos, a la tradición de consenso y acuerdos en este tema, por lo que mantienen la necesidad de situar el debate “en la Comisión del Pacto de Toledo”. Un acuerdo histórico y un clima de entendimiento que se saltó Rajoy en 2013 y que, como advertían varios partidos de la oposición y los sindicatos, ahora ha estallado al Ejecutivo sin la mayoría absoluta de la que disfrutaba hace cinco años.
“Aquello era una etapa de políticas de rodillo, estaban en la cresta de la ola”, recuerda Isabel López i Chamosa, exdiputada del PSC que formó parte durante 19 años del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que se dedica a discutir y acordar las reformas del sistema público de pensiones. Ocupaba su asiento en 2013 con los socialistas y fue testigo de cómo el Gobierno rompió el consenso político y social en la última reforma del sistema, que salió sin el apoyo de la oposición ni de los sindicatos, gracias a la mayoría absoluta que hizo también posible la reforma laboral de 2012 y la 'ley mordaza', entre otras.
“Hasta que llegó Rajoy, tanto con Aznar como con Zapatero, todas las reformas se hicieron por consenso. Unas con más y otras con menos, pero siempre con consenso. El cambio llegó con Rajoy. Solo el PP votó la reforma de las pensiones”, destaca López i Chamosa.
Este miércoles, Mariano Rajoy tiene una cita en el pleno del Congreso para explicar sus políticas en esta materia frente a una mayoría que no comparte la reforma de 2013: ni el índice de revalorización de las pensiones tal y como está (que determina las subidas anuales) ni el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 para vincular la esperanza de vida al cálculo de la prestación. Ambos elementos reducirán las pensiones en las próximas décadas, según varias estimaciones.
Desde Moncloa y el PP adelantaban este martes que Rajoy no plateará “golpes de efecto” ni “ocurrencias”, lo que hace dudar que haya anuncios de subidas de pensiones como exige la oposición y los sindicatos, aunque varios medios apuntan que el presidente abordará la financiación del sistema público, donde hay más puntos de encuentro con el resto de formaciones: sobre todo, respecto a sacar gastos de las cuentas de la Seguridad Social (con un déficit de 18.800 millones de euros) pasa ser pagados mediante los Presupuestos, como los gastos administrativos del Ministerio y las bonificaciones para la creación de empleo.
Las consecuencias de romper el consenso
En 2013, varios diputados advirtieron al PP de las futuras consecuencias “y el peligroso precedente” de romper el entendimiento en el Pacto de Toledo. Así lo hizo el parlamentario con más experiencia en la actual Comisión del Pacto de Toledo, Carles Campuzano (PDeCAT). “Les dijimos que era un error, que la reforma no iba a resistir la pérdida de la mayoría absoluta del Gobierno, y que cuando se impusieran inflaciones con dinámicas normales, como ha pasado, iba a ser socialmente insostenible”, explica.
Tras la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en el último año, por una inflación superior al incremento mínimo del 0,25% de las pensiones, los pensionistas han salido a la calle en varias ocasiones, especialmente en las últimas semanas, con el 0,25% como principal enemigo. La movilización social, con manifestantes que han llegado a las puertas del Congreso como no habían conseguido otras grandes protestas sociales anteriores, ha conseguido ahora la atención mediática que se llevaba hace meses casi en exclusiva la crisis política en Catalunya.
Al desborde en las calles le ha seguido un incremento de la actividad parlamentaria que pretende cercar al Gobierno en este tema. Su comparecencia en el Congreso está precedida por el debate este martes de una proposición no de ley (PNL) del PSOE para volver a indexar las pensiones al IPC y de una PNL del PDeCAT el jueves que pide la derogación del factor de sostenibilidad. Además, la Mesa del Congreso –con los votos del PP y Ciudadanos– han mantenido el veto del Gobierno sobre la proposición de ley de Unidos Podemos para revalorizar las pensiones según los precios. Tras las numerosas iniciativas, una idea: “Que reconozcan que su reforma de 2013 fue un error”, apuntaba a este medio la portavoz de Unidos Podemos en el Pacto de Toledo, Aina Gallego, tras la última reunión de la comisión.
Los efectos sobre el Pacto de Toledo
El escaso recorrido en el futuro de una reforma aprobada en solitario no era el único peligro, en opinión de Isabel López i Chamosa. Ese paso del PP “rompió del todo el Pacto de Toledo, dejó de tener eficacia ninguna porque no fue posible ponernos de acuerdo en nada”. La socialista admite que la “llevan los demonios” debido a los escasos avances de la actual Comisión y a las polémicas declaraciones de la diputada Celia Villalobos.
La Comisión del Pacto de Toledo apenas ha logrado avances hasta el momento, con varios puntos que han sido aparcados debido a la gran distancia de las posturas de los grupos parlamentarios. “Yo creo que tras esa época, que ya comenzó en 2011 cuando el PP se opuso a la reforma del PSOE por motivos electoralistas, el Pacto de Toledo no sirve para nada, no tiene sentido si no es para alcanzar acuerdos”, afirma Isabel López i Chamosa.
Carles Campuzano confía en alcanzar un pacto en la Comisión y cree que la reforma del PP ha dejado una lección: “Que los cambios, para que tengan impacto, necesitan ser acordados”. El diputado llama la atención sobre la intervención de Rajoy y las respuestas del resto de portavoces este miércoles en el pleno: “Mañana va a marcar el tono del Pacto. Sería importante que hubiera un compromiso claro de llegar a acuerdo”.