Con la negociación para la jornada laboral atascada, el Gobierno pretende avanzar en las próximas semanas en otro frente. Los agente sociales y el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se han comprometido a intentar llegar a un acuerdo sobre los asuntos sobre la mesa del diálogo social en materia de pensiones. “Todas las partes tenemos puesto en el horizonte el 31 de julio, porque estos temas no pueden esperar más”, señaló al término de la reunión de este lunes la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez. “El compromiso es intentar que se puedan cerrar todas estas cuestiones a lo largo del mes”, ha coincidido el secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo.
Los temas sobre la mesa son cuatro, aunque no todos avanzan al mismo ritmo. Las organizaciones sindicales y el departamento que dirige Elma Saiz han logrado un mayor consenso en las conversaciones para regular la derivación de pacientes con bajas traumatológicas a las mutuas. “Hay avances significativos que todas las partes reconocen, a la espera de que el ministerio responsa a las aportaciones que se han hecho por parte de las organizaciones sindicales”, ha explicado Bravo. Según lo acordado hasta el momento, la derivación deberá contar siempre con el consentimiento previo del paciente y la tutela del procedimiento correrá a cargo del servicio público de salud, a través del médico de familia o el especialista.
Otro tema pendiente de resolver es el de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. “Cuando en 2011 se estableció la nueva edad de jubilación a los 67 años, ya dijimos que había actividades en las que no se podía llegar ni tan siquiera a los 65”, ha recordado Estévez, con la vista puesta en aquellas actividades que “por su peligrosidad, pero sobre todo, hoy en día, por su penosidad, deben jubilarse mucho antes”. Es el caso de las profesionales de ayuda a la dependencia o las camareras del piso, a quienes algunos tribunales ya han reconocido un plus de peligrosidad.
Aquí la pelota está en el tejado de los sindicatos, que se han comprometido en esta reunión a presentar un texto en la mesa en los próximos días. “A partir de ahí, veremos si es posible terminar de avanzar en esta materia, donde ha habido avances significativos, pero también cuestiones aún pendientes de abordar, en relación con la definición de los procedimientos y, sobre todo, con la manera de adjetivar las situaciones de penosidad por razón de edad o impacto de género”, ha desarrollado Bravo.
Un punto prácticamente resuelto es en el coeficiente multiplicador del 1,5 en las cotizaciones de los fijos discontinuos, que las organizaciones sindicales han fiado a resolver “dudas a aclarar” sobre la redacción presentada por el Gobierno. “Tras el auge de esta modalidad contractual con la reforma laboral, tenemos que dar todavía más protección social y mejorar la cotización” de estos trabajadores, ha señalado Estévez, que ha calificado como “grave perjuicio” la desaparición del coeficiente global de parcialidad en la reforma de las pensiones que equiparaba los tiempos parciales con los completos y dejaba en el limbo a este grupo.
Según los datos de la Seguridad Social, el porcentaje de fijos discontinuos pasó del 2,8% en el primer semestre de 2021, antes de la reforma laboral, al 6,5% en el mismo periodo de 2024.
Donde los escollos son mayores es en la negociación de los cambios para la compatibilidad de empleo y pensión. Tras el nuevo modelo para incentivar el retraso de la edad de jubilación, que el ministerio presentó a los agente sociales el pasado lunes, desde CCOO han constatado esta semana “posiciones distanciadas”. El objetivo de los sindicatos es volver a la regulación que se cerró en 2011 y que fue modificada, recuerda Bravo, “de manera unilateral por el Gobierno del Partido Popular en 2013”. “Hoy en día, la propuesta que hay sobre la mesa deja algunas cuestiones en las que queremos incidir, precisamente para que no sea una modalidad de jubilación limitada prácticamente a los autónomos, que son quienes se acogen en el 90% de los casos, porque para los trabajadores por cuenta ajena no es atractivo”, ha explicado Estévez.
El plan del Gobierno pasa por escalonar el porcentaje de pensión que se cobra mientras se compatibiliza con el trabajo, hasta llegar al 100% a partir del sexto año tras la edad legal de jubilación; eliminar la incompatibilidad de la activa con el incentivo de demora; y que, a partir del segundo año, este empiece a sumar por cada semestre, en lugar de anualmente.
La próxima reunión de la mesa de diálogo social sobre Seguridad Social y pensiones se celebrará en dos semanas. Hasta entonces, las partes se han comprometido a intercambiar documentos, textos y borradores con la vista puesta en el 31 de julio.