La nueva Ley de Vivienda no va a ser el único tema urbanístico donde Gobierno, comunidades autónomas (CCAA) y ayuntamientos van a tener sus tira y afloja. El desarrollo de 20.000 viviendas de alquiler social que contemplan los Presupuestos Generales del Estados (PGE) presentados este miércoles también va a exigir acuerdos entre las distintas administraciones.
Se trata de viviendas a financiar con fondos europeos, dentro del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, a razón de 500 millones de euros en 2022 y otros tantos en 2023. Con dos exigencias, según figura en los PGE: que sean edificios energéticamente eficientes y que las viviendas estén construidas en el segundo trimestre de 2026.
A partir de estas premisas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tendrá que poner en marcha comisiones bilaterales con cada una de las comunidades y con los ayuntamientos donde se desarrollen estas viviendas, dado que son estos, fundamentalmente, los propietarios del suelo. En esas comisiones, indican fuentes del Ministerio, “se establecerá qué zonas son las que se van a desarrollar”. Suelos que, apuntan, tienen que ser finalistas, es decir, que ya estén urbanizados porque, de no ser así, no daría tiempo a construir las viviendas de alquiler en ese plazo de menos de cinco años.
El reparto por comunidades
Unos convenios a firmar entre Ministerio, CCAA y ayuntamientos donde el órgano gestor serán estos últimos, aunque serán las administraciones autonómicas quienes reciban los fondos y estas, a su vez, los traspasarán a cada consistorio.
Esas 20.000 viviendas están por definir en cuanto a localidades y emplazamientos, pero el reparto, las cuotas por CCAA, ya está decidido. Se pactó en una conferencia sectorial realizada en junio, donde se determinaron los porcentajes de construcción de vivienda social en alquiler por CCAA. Las cuatro que más obtienen son Andalucía (17,37%), Catalunya (16,163%), Madrid (14,007%) y Comunidad Valenciana (10,82%). Las que menos, las ciudades autónomas de Melilla (0,141%) y Ceuta (0,146%), seguidas de La Rioja (0,698%) y Cantabria (1,296%).
Ese parque de 20.000 nuevas viviendas de alquiler social no es la única medida para impulsar el alquiler a precios asequibles que está actualmente en marcha, al margen de la Ley de Vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el próximo 26 de octubre.
En total, la previsión del Ejecutivo pasa por impulsar un parque de 100.000 viviendas, promovidas en su conjunto a lo largo de la presente legislatura. De ellas, prácticamente la mitad son públicas. El resto conlleva acuerdos con el sector privado y, dentro de estos últimos, aún hay flecos por cerrar.
Negociación con grandes tenedores
Según las citadas fuentes del Ministerio, ese parque de viviendas en alquiler social que procede de propietarios privados se canaliza por tres vías. La primera, de las entidades bancarias, con quienes hay un acuerdo para llegar a las 11.000 viviendas, de las que 9.000 ya están habitadas y que deben estar a disposición de personas económicamente vulnerables. La segunda está integrada por viviendas que aporta la Sareb, el conocido como 'banco malo', que debe canalizar otras 15.000 y de las que actualmente hay 5.000 a disposición de las comunidades autónomas.
La tercera abarca cerca de 30.000 viviendas propiedad de grandes tenedores con los que se mantienen negociaciones desde hace meses para que las pongan a disposición de las administraciones bajo la fórmula del alquiler social. “Estamos trabajando con ellos”, señalan desde el Ministerio.
Negociación con grandes tenedores que está al margen de la Ley de Vivienda y de la decisión de adelantar a los PGE la rebaja fiscal que, hasta ahora, podían apuntarse estos grandes caseros. La futura legislación, a la espera de sus detalles y de su tramitación parlamentaria, exigirá a esos grandes propietarios –empresas con más de diez inmuebles– que apliquen índices de control de precios cuando operen en áreas tensionadas.
Una declaración de área tensionada que, reconocen las citadas fuentes, quedará en manos de las comunidades autónomas. Sin embargo, también tendrá un papel en su declaración el Ministerio de Hacienda, dado que conlleva la aplicación de beneficios fiscales para pequeños propietarios que activen, por ejemplo, la rebaja de precios de sus inmuebles en estas áreas y que podrán apuntarse bonificaciones de hasta el 90% en su IRPF.