La vivienda ha sido uno de los grandes temas que ha marcado la agenda política y, sobre todo, la de las nuevas formaciones. Los gobiernos del cambio que ganaron las elecciones en la última cita municipal y autonómica, con muchas competencias en el área de vivienda, han ido moviendo ficha en esta dirección. Las iniciativas engloban desde medidas para paliar las emergencias sociales promoviendo programas antidesahucio hasta la apuesta por un urbanismo más sostenible.
Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana el anteproyecto de la Ley de Función Social de la Vivienda está en periodo de información pública. En este borrador se explica que “la ley pretende reconocer el derecho subjetivo de los colectivos más desfavorecidos al acceso a una vivienda digna y asequible y desarrollar algunas de las consecuencias de la función social de la vivienda que permiten, justifican y aconsejan la adopción de medidas ambiciosas en materia de vivienda para la mejor satisfacción de estos objetivos”.
Dentro de los apartados que recoge la norma valenciana hay un parte enfocada a “garantizar el derecho a la vivienda”, que pretende lograr con una combinación entre el aumento del parque de viviendas sociales sumado a iniciativas de alquileres sociales con la banca. Entre los puntos que se incluyen dentro de este apartado se encuentra el objetivo de reducir el número de desahucios de la comunidad, para lo cual plantean que se pueda expropiar el uso de la vivienda a los bancos en el caso de que no acuerden un alquiler social (aunque para este punto, en el borrador plantea que se lleve a cabo una vez que termine el plazo moratorio de la ley de segunda oportunidad que finalizaría en 2017).
Acabar con las viviendas vacías es otro de los aspectos que se incluyen dentro de este borrador que recoge la creación de un registro de este tipo de inmuebles. Para que estén consideradas dentro de esta categoría solo se tendrán en cuenta a los grandes tenedores, que poseen más de diez viviendas, y que cumplan una serie de requisitos, como que lleven vacías más de dos años. Con este listado, y una vez estudiado cada caso, el borrador plantea la posibilidad de multas coercitivas y abre la puerta de acuerdos de colaboración con las entidades financieras, filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos para ocupar estas viviendas.
Barcelona
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido una de las caras más visibles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “La vivienda se ha situado como un tema central”, apunta Josep María Muntaner, concejal de vivienda del Ayuntamiento. La actuación del consistorio está centrada en cuatro líneas generales para cubrir desde el apartado más urgente de las medidas antidesahucios y relativas a la emergencia social hasta la gestión del urbanismo, una línea que se marca objetivos más a largo plazo.
En el primer punto, las medidas han estado enfocadas a “la emergencia habitacional”. Muntaner explica que en estos momentos el problema de los desahucios ha virado desde el hipotecario al de los alquileres. Relacionado con este tema, el Ayuntamiento potencia una segunda pata en esta materia enfocada al uso social de la vivienda. En este apartado, el objetivo es incrementar el parque de vivienda social del Ayuntamiento.
Para ello, Muntaner explica que están en proceso de traspaso 550 viviendas que se adjudicarán en la fórmula de alquiler social, la modalidad que prefiere el consistorio. El objetivo es que casi toda la bolsa de vivienda pase a estar gestionada en esta modalidad aunque reconocen que con esta fórmula el retorno de la inversión es más lento.
Además, la política de vivienda de Barcelona también contempla la construcción de inmuebles. “El anterior Ayuntamiento desechó hacer vivienda nueva, la maquinaria estaba casi detenida”, apunta. El último de los pivotes del plan es el relativo a la rehabilitación. En este apartado, el consistorio busca invertir donde la vivienda se ha degradado más pero es un proceso más lento y complicado dado que hay que decidir las zonas y analizar cómo hacerlo. Dentro de este punto, también contemplan un apartado para “reordenar el proceso de rehabilitación y pedir ayudas”.
Madrid
Entre las iniciativas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid se encuentra la creación de la oficina hipotecaria para intermediar en los casos de personas en situación de sobreendeudamiento como consecuencia de la adquisición de su vivienda habitual. Desde que se puso en marcha el 15 de julio de este año y hasta el 1 de marzo, este servicio público ha atendido a 938 personas, 777 han estado relacionadas con consultas hipotecarias siendo susceptibles de intermediación 340 casos.
Junto a esta iniciativa se incluye la reorientación de la política muncipal de vivienda para incrementar el parque público en alquiler, eliminando la venta y el arrendamiento con opción a compra. A lo que se ha sumado la creación del programa de situaciones prioritarias de atención a colectivos entre los que se encuentran mujeres víctimas de violencia de género, en situación de vulnerabilidad, familias monoparentales o personas mayores. En la legislatura, además tienen previsto construir 3.000 viviendas.
Dentro del área de desarrollo urbano sostenible se han puesto en marcha diferentes actuaciones que tienen como una de las prioridades, según explican fuentes municipales, reequilibrar la ciudad y acabar con las desigualdades territoriales, por lo que se pondrán en marcha planes urgentes en zonas vulnerables, en materia de rehabilitación urbanística y energética. Entre las actuaciones de este área se encuentra, por ejemplo, el plan de rehabilitación y regeneración de edificios y espacio público o el proyecto de reforma de Plaza España que sometió a la votación de los ciudadanos.
Cádiz
En octubre de 2015, entró en vigor el protoco antidesahucio que busca la prevención, mediación y protección de las familias en grave situación de la vivienda habitual. De las 87 actuaciones realizadas, 52 de ellas son por casos de arrendamiento. A esta iniciativa se suma la creación de la Oficina en Defensa de la Vivienda en la empresa municipal de Vivienda y el ayuntamiento espera poner próximamente en marcha el Programa de Alquiler Justo que espera poner en alquiler entre 60 y 100 viviendas privadas.
La importancia de llevar a cabo estas medidas en materia de vivienda se debe a “los datos alarmantes de la necesidad de vivienda que existe en la ciudad, que están directamente relacionados con los altos índices de desempleo y la precariedad económica de la población que le impide el acceso a una vivienda de libre mercado”, según explica Eva Tubío, concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Cádiz.
Tubío destaca que los demandantes de vivienda son 6.932 familias, inscritas en el Registro Municipal hasta marzo de 2016. De éstas, 3.925 tienen ingresos inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
A Coruña
El consejero de Regeneración Urbana y Derecho a Vivienda de Coruña, Xiao Varela, destaca dentro de las políticas sociales el Plan de Acceso al Hábitat Digno que inició el Ayuntamiento el año pasado a través de una comisión transversal, y que está dirigido a afrontar la problemática de los asentamientos precarios de la ciudad, para el que el documento presupuestario contempla 600.000 euros para este año. Respecto a EMVSA, la Empresa Municipal Vivienda Servicios y Actividades, Varela señala que el Consistorio quiere convertirla en una herramienta dirigida a facilitar el acceso a la vivienda, con la creación de una oficina de mediación y asesoramiento sobre las ayudas en esta materia.
“Para el Gobierno local de A Coruña, la paralización de los desahucios ha sido un objetivo fundamental desde la entrada al Ayuntamiento”, asegura la consejera de Justicia Social y Cuidados, Silvia Cameán. En este terreno, señala “los buenos resultados” que está cosechando tanto el Programa de Alojamientos Temporales, destinado a que ninguna persona que haya sufrido un lanzamiento se quede en la calle, así como el también nuevo Servicio de Atención Inmediata, que permite ofrecer una atención social más rápida y de calidad a las necesidades y demandas de las personas que se acercan a las dependencias municipales (habilitadas para tal uso) para solicitar información sobre ayudas económicas y otras cuestiones.
Sobre la rehabilitación de la ciudad, Varela señala que “debido a la escasez de la ayuda concedida por el Ministerio de Fomento, el ayuntamiento ha visto limitada su acción”, aunque sí apunta que asumirán algunas acciones ya previstas. “En todo caso, busca nuevos fondos para poder comenzar a trabajar en la rehabilitación de otras áreas de la ciudad (Ventorrillo, Labañou, Ciudad Vieja, Barrio de las Flores, Nostián o Bens), cosa que había intentado mediante la petición de fondos europeos, así como con la calificación de nuevas ARRU”, señala.