La economía digital está dejando en el Reino Unido un agujero de ingresos por el que caben miles de millones de libras cada año. Empresas multinacionales como Amazon o Apple se benefician de una legislación fiscal que les beneficia. El Ministerio de Hacienda lo sabe, mientras las principales empresas del sector servicios denuncian que estos privilegios suponen en la práctica un doble rasero.
Los productos digitales se cargan con el IVA establecido en el país en el que tiene su sede, según las normas de la UE. En el caso de Amazon, eso supone un IVA del 3% en el caso de los ebooks –porque ese es el IVA que rige para estos productos en Luxemburgo, desde donde factura Amazon–, y no del 20% habitual en el Reino Unido. La diferencia beneficia a los consumidores británicos, pero salen perdiendo el Estado y las empresas que pagan el IVA normal.
Un informe de la consultora Greenwich Consulting calcula que la economía del país pierde al año unos 2.000 millones de euros por ingresos procedentes del IVA no recibidos ya que esas empresas tienen su sede en el extranjero. En el caso de algunas de estas empresas, prácticamente tampoco pagan impuesto de sociedades al transferir sus beneficios (vía pago de royalties y otras tácticas) a filiales en países como Holanda, Irlanda o Luxemburgo.
Desde hace años, el grupo activista UK Uncut se moviliza para denunciar las estrategias de las grandes corporaciones para reducir su factura fiscal a niveles ínfimos. Además, el grupo se opone a las medidas de austeridad y reclama que se ponga fin a la interminable lista de exenciones y reducciones fiscales de las que disfrutan las grandes empresas del sector servicios.
Lo que no suele ocurrir es que haya empresas británicas –algunas denunciadas por UK Uncut en sus campañas– que se unan a estas protestas contra los privilegios fiscales, y es lo que ha ocurrido en el tema del IVA y las empresas digitales. Las grandes cadenas de tiendas y supermercados (físicas, no digitales) ya no se contienen y hablan de empresas que “están domiciliadas en paraísos fiscales”, que es en buena medida en lo que se han convertido Luxemburgo y Holanda para algunas multinacionales.
Hasta la opción del boicot aparece en sus declaraciones. “Si envías un mensaje claro como consumidor a cualquier empresa que crees que no paga lo que debe en impuestos, puedes apostar a que muy pronto cambiará de actitud”, dice Justin King, consejero delegado de Sainsbury, una de las mayores cadenas de supermercados del país.
La polémica del IVA tiene su origen en normas europeas, que no suelen tener muy buena prensa en Gran Bretaña. Más responsabilidad tiene el Gobierno británico en otro asunto: la costumbre de ciertas multinacionales de no pagar impuesto de sociedades con la connivencia del Ministerio de Hacienda. Una comisión parlamentaria acaba de difundir un duro informe contra empresas como Amazon, Google y Starbucks a las que acusa de conducta fiscal “inmoral”.
En el caso más flagrante, Starbucks sostiene que sólo ha ganado dinero en un ejercicio fiscal en los 15 años que lleva instalada en el país. En ese periodo de tiempo, la compañía ha tenido ingresos por valor de 3.100 millones de libras.
Google facturó 396 millones en el Reino Unido en 2011. Pagó seis millones por impuestos. Quizá fue demasiada creativa con su ingeniería contable, porque ha reconocido que Hacienda está “revisando” sus declaraciones fiscales de los seis años anteriores. Según Google, es una “práctica habitual” en todas las grandes empresas y están colaborando abiertamente con los inspectores.
El Gobierno no se ha dado por aludido y de momento rechaza una de las ideas esgrimidas por los parlamentarios: difundir públicamente los nombres de las empresas cuya aportación al fisco es mínima o nula a pesar de sus numerosos y rentables negocios en el país. Se trata de estrechar el cerco sobre las firmas que “trasladan al extranjero los beneficios que ha sido claramente generados en una actividad económica producida en el Reino Unido”.
Según el ministro Danny Alexander, de los liberales demócratas, no se puede nombrar a esas compañías –aunque algunas son conocidas– porque eso rompería el derecho a la confidencialidad de sus datos fiscales. Lo que hay que hacer es investigarlas y llevarlas a los tribunales si se descubre que han violado la ley. Al menos, el Gobierno sí ha aumentado el número de inspectores fiscales dedicados a estas empresas. En el apartado de las promesas, Londres ha dicho que el problema será una “prioridad” durante la presidencia británica del G20 y G8 en 2013.
A corto plazo, no parece haber más respuesta que la presión de los ciudadanos. Alexander ha comentado que Starbucks se ha puesto en contacto con Hacienda para discutir sobre su situación fiscal tras admitir que está recibiendo “presiones” de sus cliente.
La presidenta de la comisión parlamentaria, la diputada laborista Margaret Hodge, ha empezado a ir más lejos. La presión tiene forma de boicot personal. “No voy a Starbucks. He dejado de comprar en Amazon. Soy una gran fanática del Kindle, así que ha sido un poco difícil. Con Google, es más difícil” (el boicot), ha dicho a The Guardian.
UK Uncut realiza este sábado concentraciones ante cafés de Starbucks en distintos puntos del país para protestar contra su política fiscal. No ha quedado muy contenta tras saberse que la empresa parece dispuesta a pagar más impuestos. No es otra cosa que “una clara admisión de culpa”.