El Ejecutivo balear ha aprobado este viernes en un Consell de Govern extraordinario el decreto de la nueva ley turística, que la presidenta Francina Armengol presentó el pasado mes de enero en Madrid. Armengol anunció que iba a cambiar el sistema de clasificación de las categorías de los hoteles, las populares estrellas, para tener en cuenta criterios medioambientales, sociales y laborales. Una de las principales novedades que se ha dado a conocer este viernes es que la reforma de la ley de turismo incluye una congelación de las plazas turísticas durante los próximos cuatro años.
Durante este periodo, no se podrán comprar nuevas plazas en Mallorca, Ibiza y Formentera. Menorca no tiene bolsa de plazas, por lo que se aplica la congelación para la nueva oferta. Los consells insulars, competentes en esta materia, podrán determinar si se recuperan estas plazas o si quedan extinguidas.
La moratoria afecta a las 18.718 plazas hoteleras y a las de alquiler turístico. Las asociaciones ecologistas llevan años denunciando que el tope de plazas turísticas que existe actualmente es tan elevado que todavía hay margen para el crecimiento. El Govern habla ahora de un “decrecimiento de plazas”. Armengol ha defendido que el decreto ley aprobado este viernes servirá para “avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica”, para “no apostar por la cantidad sino por la calidad”.
Camas elevables e impacto medioambiental
La nueva normativa, cuyas medidas entran en vigor hoy una vez se publique el decreto en el boletín oficial de la comunidad, pasará después por un proceso de tramitación parlamentaria para que se convierta en ley e introducir, así, mejoras durante ese proceso.
Según el Govern, el decreto gira en torno a cuatro ejes: sostenibilidad social y económica; circularidad y sostenibilidad medioambiental; sostenibilidad territorial; y modernización y simplificación administrativa. El Ejecutivo estima que la nueva normativa, que empleará fondos europeos, comportará una inversión pública de sesenta millones de euros en ayudas al sector.
Como avanzó Armengol, una de las medidas más relevantes es la obligatoriedad de que todas las camas de los hoteles sean elevables antes de 2023, para facilitar las condiciones laborales de las camareras de piso. El Govern calcula que unas 20.000 kellys podrían beneficiarse de esta medida y que se tendrían que sustituir 300.000 camas. También será obligatorio que los establecimientos controlen la temperatura de las zonas reservadas al personal, como las cocinas.
En el plano medioambiental, la nueva ley turística obligará a los hoteles a contar con un plan de circularidad: cada año tendrán que realizar una evaluación de la gestión de los recursos y los residuos generados, que incluya el consumo de agua, energía y alimentos. Además, como ya comentó Armengol en Madrid, las calderas de fuel-oil deberán ser sustituidas por alternativas más sostenibles, como las eléctricas.
Estas empresas también tendrán que vigilar la trazabilidad del pescado y del marisco e implantar instrumentos para ahorrar el agua (por ejemplo, inodoros con doble pulsador). Asimismo, entre otras actuaciones, la nueva norma prohíbe los dispensadores de alcohol para los clientes, de manera que deberán ser empleados quienes lo sirvan.
La aprobación del decreto de la nueva Ley Turística forma parte de un paquete de medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Armengol a lo largo de sus dos mandatos, como la Ley de Cambio Climático, la protección del fondo marino y la limitación de la circulación de coches, del consumo de plásticos y de la llegada de cruceros.