Las privatizaciones iniciadas en Grecia en 2011 con motivo del primer Memorandum of Undertanding (Mou), un programa de reformas firmado entre la Comisión y el Gobierno griego en abril de ese año, en contrapartida del primer rescate heleno, ha resultado ser un fracaso absoluto. Un fiasco que no radica en la pérdida de titularidad pública de decenas de bienes, sino en los objetivos entonces declarados por escrito: el Estado heleno, en connivencia con la Troika, estimó una recaudación de 50.000 millones de euros en el cuatrienio 2011-2016. Hoy, de cumplirse las mejores expectativas, se recaudarían 6.300 millones.
Este fracaso lo recoge un anexo al documento de trabajo informal preparativo de la fracasada reunión del pasado 16 de febrero entre Grecia y los otros 18 estados de la zona euro, que concluye que “los resultados de la privatización han caído por debajo de las expectativas desde 2011”.
“En 2011, bajo el primer programa de rescate, el MoU de mutuo acuerdo con el Eurogrupo estimó una recaudación de 50.000 millones de euros fruto de las privatizaciones del periodo 2011-2016”, dice el documento. Entonces, con ocasión de la entrada en vigor del primer MoU, se desgranaron los supuestos beneficios hasta 2014: 5.000 millones a recaudar en 2011, 10.000 millones en 2012 y otros 5.000 millones en 2013, con una previsión de recaudación de nada menos que 15.000 millones en 2014. Por supuesto, nada de esto ha ocurrido.
“En la práctica, las privatizaciones han conseguido 1.600 millones en 2011, nada en 2012, 1.000 millones en 2013, mientras que [en el mejor de las casos] se esperaba recaudar para 2014 y 2015 unos 1.500 millones y 2.200 millones, respectivamente”, continúa el anexo. La suma total de los cinco años –y dando por buenas las previsiones de 2014 y 2015, algo que nunca ha sucedido- arroja un resultado de 6.300 millones. Un resultado absolutamente desolador, en opinión del nuevo Ejecutivo de Syriza, que ahora espera revertir la situación.
Horizonte 2020
Cada vez que Grecia revisaba las cifras recaudatorias durante su tutela por parte de la Troika, lo hacía a la baja: “En 2012”, agrega el anexo, “el segundo MoU afirmó que el objetivo de los 50.000 millones se mantendría, pero que costaría mucho más tiempo alcanzarlo”. Entonces se fijó como horizonte el objetivo 2020, en lo que pareció un regate para no asumir el fracaso de las previsiones.
Una asunción que se produjo dos años después, en abril de 2014, cuando el propio objetivo 2020 fue cuestionado por las autoridades que calificaron las medidas de “insatisfactorio proceso privatizador”. También en 2014 se pegó un recorte brutal a las previsiones recaudatorias, pasando éstas de 50.000 a 22.000 millones.
El documento que critica este “proceso privatizador” emana del nuevo Gobierno griego y apunta a un proceder completamente distinto a la hora de manejar los bienes de titularidad pública. “La intención del Gobierno es frenar en seco la tendencia actual; este frenazo provocará previsiblemente cierto déficit a corto y largo plazo: pero en el largo plazo se podrían producir mayores ganancias al evitarse las liquidaciones de activos, las cuales no forman parte del interés del pueblo griego”.
El Ejecutivo de Atenas reconoce que la nueva actitud “inevitablemente deteriorará la sostenibilidad de la deuda griega” en el corto plazo. Por otra parte, “contribuirá sin ninguna duda a mejorar la trayectoria de la deuda en el largo plazo”, asegura el documento informal.
Los últimos gobiernos de Yorgos Papandreu (PASOK) y el conservador Antónis Samaras aceptaron el envite de la Troika y se lanzaron a vender todo lo privatizable en los últimos cinco años. Tal fue la espiral, que algunas de las decisiones más polémicas trascendieron a la prensa internacional, como el cierre del canal público de televisión o la venta de más de 40 islas deshabitadas.
Muchos más bienes entraron en este saco. Centenares de edificios públicos, la empresa estatal de Loterías, por un monto inferior a 200 millones de euros, compañías que operaban en sectores estratégicos como la electricidad (cuya consecuencia fue el corte del suministro de electricidad para miles de familias, según Syriza) y hasta líneas de playa en zonas privilegiadas de la costa helena.
Actualmente, el primer ministro, Alexis Tsipras, mantiene un papel ambiguo hacia otros elementos privatizables del Estado. Con relación al mítico puerto de El Pireo se ha publicado que Syriza retomaba el proceso para vender este puerto a una compañía china. Atenas también estudia qué hacer con los aeropuertos. Sea como fuere y a tenor de las cifras que maneja el nuevo Ejecutivo, las privatizaciones han sido un mal negocio para Grecia.