La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), María Luisa Araújo, ha explicado este miércoles que el organismo, que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública, cuenta en la actualidad con una plantilla de 25 efectivos con los que, ha recordado, debe analizar “un elevado volumen de información procedente de distintas fuentes de datos”, principalmente, la plataforma de contratación del Estado y de las diferentes comunidades autónomas.
Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Araújo ha explicado que a 1 de enero 2020 había 12 puestos de trabajo cubiertos en la entidad; a 31 de diciembre 2021 eran 19. “Y hoy son 25”.
Con esos medios, la entidad debe analizar decenas de miles de adjudicaciones, aunque “no se detiene en un expediente concreto ni en un órgano de contratación determinado”, sino que busca encontrar “puntos débiles” y “problemas sistémicos” en la contratación pública. Araújo ha recordado que, excluyendo contratos menores, en 2020 se publicaron en las diversas plataformas de contratación 129.000 licitaciones, y en 2021, otras 132.327.
A ello se suman las funciones de la recién creada Oficina Nacional de Evaluación (ONE), creada este año, que está integrada en la entidad y debe analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios. Ha evacuado ya veinte informes, ha explicado.
Araújo ha comenzado su comparecencia recordando que una de sus líneas de trabajo prioritarias para esta oficina, “aún joven” (se creó en 2018), pasa por “hacer crecer nuestra plantilla”. Ha pedido que el hecho de incidir en el número de efectivos con los que cuenta no se interprete como “una queja”.
“La oficina tiene los recursos que tiene en un contexto en el que no es fácil contar con todo el personal que uno desearía, sobre todo porque tenemos en cartera muchísimos proyectos”. “No somos muchos, pero somos valientes”, ha indicado a los parlamentarios. “Soy poco de quejarme y más de intentar resolver”.
En cuanto a dotación de medios materiales, “necesitamos herramientas que nos permitan hacer mucho”. “Vamos en la buena dirección para dotarnos tanto de recursos humanos como de medios materiales”, ha asegurado. “La ley nos obliga a supervisar y analizar un elevado volumen de información”, ha recordado.
Para ello, la entidad adquirió en 2021 una herramienta de extracción, transformación y carga y modelo de datos y compró dos ordenadores de altas prestaciones para procesar el ingente volumen de información que debe analizar de forma agregada para detectar posibles deficiencias estructurales en la contratación pública.
La presidenta de la entidad ha destacado la “profesionalidad, entrega y compromiso del personal” de OIReScon, que ha suscrito un código ético como “compromiso adicional de autoexigencia” y ha constituido recientemente un comité de ética.
Araújo ha comparecido para presentar los Informes Anuales de Actuaciones correspondientes a los años 2020 y 2021. No se ha referido al fuerte incremento de las denuncias que han recibido los organismos de competencia por posibles amaños en la contratación pública, recogido en un informe reciente de la OIReScon. Tampoco ha mencionado la Estrategia Nacional de Contratación que debe aprobar la entidad antes de 2023, según lo prometido por el Gobierno a la Comisión Europea, que lleva años reclamándola.
La máxima responsable de la entidad ha indicado que hay todavía “puntos de incertidumbre y margen para la mejora” en la contratación pública y ha subrayado que sus informes están sirviendo “para mejorar algunas cosas”, como la introducción de algunos filtros en las plataformas de contratación o una tendencia a frenar algunas “inercias” como la confusión entre modificaciones y prórrogas de los contratos.
En relación con el uso indiscriminado de contratos de emergencia, al que ya dedicó en 2020 un informe específico la entidad en la despedida de su anterior presidenta, con esta modalidad disparada ante la emergencia sanitaria, ha subrayado que estas adjudicaciones se basan en un decreto de Bravo Murillo “del siglo XIX” que “se ha ido manteniendo” en las distintas regulaciones.
“Aunque está presente en nuestra ley, sí creemos que la praxis debe adaptarse a los estándares que marca la Comisión Europea”, como que se trate de sucesos imprevisibles para el órgano adjudicador o que sea una situación de extrema urgencia que impida cumplir los plazos establecidos.
También ha insistido en la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción. “Una de las cuestiones que hay que abordar con carácter inmediato es transponer la directiva” europea que lo regula, para la que ya hay un proyecto de ley en las Cortes.