España ultima la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, un instrumento jurídico que será vinculante para todo el sector público y que la Comisión Europea lleva años exigiendo al Gobierno para aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023.
La estrategia, prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017, está comprometida con Bruselas desde 2018, tras la aprobación de esa ley, que traspuso dos directivas europeas de 2014. Y figuraba en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a la Comisión Europea en abril de 2021. La responsable de aprobarla es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), una entidad que España puso en marcha en 2018 también por exigencia de la UE.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, al que esa oficina está adscrita orgánicamente, “la previsión es que la OIRESCON apruebe la Estrategia en los próximos meses”. Este organismo se basará en la propuesta que realice el Comité de Cooperación en materia de contratación pública, un órgano de la Junta Consultiva de Contratación Pública donde están presentes la OIRESCON, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Según Hacienda, “en los últimos meses se han venido celebrando reuniones, en primer término, de las diferentes secciones del Comité de Cooperación y, en la actualidad, del Pleno del mismo, con el objetivo de preparar el documento de propuesta a remitir a la OIRESCON”. Ese documento se enviará “en breve”, según esas fuentes, ya que todavía “se sigue trabajando en el texto”. La estrategia debe remitirse a Bruselas y, pasado un mes, se hará pública. En paralelo, el Consejo de Ministros deberá elevarla a las Cortes Generales.
Su aprobación emana de una directiva europea de 2014 y fue una de las muchas reformas comprometidas por el Gobierno español con Bruselas a cambio de las multimillonarias ayudas europeas desplegadas para hacer frente a la brutal crisis generada por la pandemia. Figuraba en el capítulo de medidas para la modernización y digitalización de la Administración, junto a la de “hacer plenamente operativa” la Oficina Nacional de Evaluación. Creada a finales de 2021, esta entidad también estaba prevista en la Ley de Contratos y elabora informes obligatorios sobre la sostenibilidad financiera de los proyectos de concesión.
En el caso de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, el plan de recuperación prometía tenerla implementada “a más tardar el 31 de diciembre de 2022”. La propia OIRESCON citaba recientemente los impedimentos que se ha encontrado para hacerla realidad: “falta de recursos económicos, técnicos y humanos (con la cualificación técnica necesaria) en las Administraciones Públicas” de todos los niveles; el “gran volumen de recursos” que requiere movilizar de forma coordinada; y que “las prioridades no siempre son compartidas por todos los agentes involucrados, en especial en un ámbito como el de la contratación pública en el que confluyen muchos intereses distintos”.
España suma años de advertencias por los “modestos” avances en la mejora de esta actividad, como criticaba la Comisión a principios de 2020 en su análisis correspondiente al Semestre Europeo, el mecanismo de gobernanza económica de la UE. Ya en 2019, Bruselas instó a España a aprobar esta estrategia “con celeridad y con la participación activa de las entidades o poderes adjudicadores a nivel nacional, regional y local”. Más de tres años después, todavía no ha visto la luz.
En el informe de mayo pasado, y en relación con las medidas necesarias para reducir la deuda pública, Bruselas recordó a España que “está previsto que a finales de 2022 ya se haya adoptado la Estrategia Nacional de Contratación Pública, diseñada para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la contratación pública” y que el país tiene “pendiente desde hace bastante tiempo”.
Según la Comisión, la eficacia de esta estrategia, que considera fundamental para la mejora de la calidad del gasto público, “dependerá fundamentalmente de los recursos que se asignen a su aplicación y del grado en que la asimilen todos los niveles de gobierno”.
Hasta un 20% del PIB
La futura estrategia debería mejorar el funcionamiento de una actividad con un peso muy relevante en la economía. En España, el nivel de gasto en contratación pública alcanzó el 11,49% del PIB en 2021 y el 22,71% del total del gasto público, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un estudio publicado en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMC) cifraba el peso de esta actividad en hasta el 20% del PIB. Y advertía del amplio margen de mejora en este aspecto. “Los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones”, advertía.
La estrategia, que estaba recogida en la denominada componente 11 del plan de recuperación, relativa a la modernización de las Administraciones Públicas, permitirá, según prometió el Ejecutivo a Bruselas hace año y medio, la “profesionalización de los agentes intervinientes en la contratación pública”, mejorar el acceso de las pymes a las licitaciones y un “refuerzo de la transparencia y la eficiencia, de la seguridad jurídica y de la supervisión y control” en esta actividad.
Uno de los hitos comprometidos en el plan fue “la prevención de la corrupción sobre la base de un mapa de riesgos identificados” que estará recogido en esa estrategia. Esta debe tener un horizonte temporal de cuatro años. Según la ley de Contratos, deberá establecer medidas que permitan, entre otros objetivos, “combatir la corrupción y las irregularidades”, “promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de adjudicación”, y “generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento”.
Según el Ejecutivo, esto redundará en menos cargas administrativas, procedimientos más simples y ahorros de costes para el sector público. También está previsto que la estrategia “incluya medidas destinadas a fomentar la competencia y a evitar prácticas contrarias a la misma”. La ley establece que la CNMC puede proponer medidas para mejorar este aspecto a OIRESCON, en el proceso de recopilación de la información que deben facilitar todos los poderes adjudicadores de la Administración, junto a las Oficinas Antifraude de ámbito económico y local.
En el caso del ‘súperregulador’, la CNMC lleva años proponiendo el veto como contratistas de empresas a las que sanciona por infracciones muy graves de la libre competencia, sin que se haya hecho efectivo hasta ahora porque las sanciones no son firmes y pueden pasar ocho años hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva. La decisión sobre el veto depende en última instancia de la Junta de Contratación, en la que están representadas las constructoras, que copan buena parte de las sanciones y las propuestas de veto. Competencia, que ya ha pedido inhabilitar a todas las grandes constructoras, ha planteado que su veto tenga efecto directo, sin pasar por esa junta.
Otro frente es el gasto sanitario. Aquí la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha pedido que la futura estrategia tenga en cuenta sus recomendaciones para reducir el enorme peso que tienen la compra directa y los contratos menores en las adquisiciones de medicamentos que realizan las consejerías de Sanidad.
España lleva años arrastrando los pies en el cumplimiento de las directrices europeas sobre contratación pública, como muestra la lentitud en la aprobación de esta estrategia y la falta de medios que tradicionalmente ha tenido desde su creación la propia OIRESCON. Tras la dimisión de su primera presidenta en 2020, la entidad está presidida desde hace dos años por María Luisa Araújo, exvicepresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha con el socialista José María Barreda.
La propia ley de contratos, que emana de sendas directivas de 2014 y que aprobó el Gobierno del PP, entró en vigor unos meses después de que en junio de 2017 el Consejo de la UE urgiese a España a adaptar la normativa de contratación a los estándares europeos y a crear esa oficina independiente para prevenir posibles irregularidades y evitar “efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública española”.
Entonces, el Consejo advirtió a España de la necesidad de “establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades” para “garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia”, incluyendo “mecanismos de control a priori y a posteriori” sobre el funcionamiento de la contratación pública.