El Gobierno promete más medios informáticos para la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el supervisor de los contratos públicos, pero no prevé dotarla con presupuesto propio. La entidad lleva descabezada desde junio, tras la dimisión de su expresidenta, una vacante cuya cobertura ultima el Ministerio de Hacienda, al que está adscrito.
En un momento en el que la contratación pública puede jugar un importante papel para la recuperación económica tras la catástrofe de la pandemia gracias a las ayudas europeas, el Ejecutivo planea en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el próximo año esa entidad pueda contar por primera vez con una web propia y con herramientas para el tratamiento masivo de datos, si bien no está previsto que tenga independencia presupuestaria y funcional.
A preguntas de elDiario.es, Hacienda no precisa cuáles van a ser las partidas presupuestarias con las que estará dotada la oficina, que echó a andar a principios de 2019.
Sin aportar cifras, el presupuesto por programas del Ministerio de Hacienda dedica un pequeño apartado a la OIReScon en el que explica que “una vez finalizadas las labores de asesoramiento para la definición de la arquitectura y las herramientas de captura y de análisis de las distintas fuentes de información utilizadas para el desarrollo de las actividades de supervisión” de la oficina, en 2021 “se hará necesario proceder al desarrollo y puesta en marcha de un sistema de carácter vertical específico, para la explotación de datos utilizados por la OIReScon para el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas” por la Ley de Contratos públicos de 2017.
“La puesta en producción de este sistema requerirá una inversión en infraestructuras propias que garanticen la total independencia de este sistema del resto del equipamiento físico y lógico del departamento”, dice el documento, que no detalla esa inversión.
Entre las iniciativas previstas para 2021 está implantar una página web propia para la entidad y desarrollar una herramienta de captura de datos a través del sistema de procesos ETL (Extraction, Transformation and Load, por sus siglas en inglés).
“Es imprescindible el desarrollo de una herramienta informática compleja que incluya la captura de información, proceso ETL, almacenamiento en data warehouse de modelo multidimensional, así como el análisis y visualización mediante técnicas de ”Business Intelligence and Analytics“, dice el proyecto de Presupuestos, que recuerda que actualmente OIReScon no dispone de ninguna herramienta informática que permita el análisis sistemático de la información sobre contratos públicos mediante la captura, transformación y el análisis conjunto de los datos, así como su mantenimiento posterior.
“La reutilización y manejo de los datos de cada una de las fuentes es imprescindible para la OIReScon”, indica el proyecto. “Constituye uno de los pilares básicos en su función de supervisión para poder identificar y analizar las diferentes patologías y problemas sistémicos habidos en materia de contratación pública, e incluirlos en su informe anual, así como servir de base para las actuaciones en materia de regulación del mercado de la contratación pública”.
Entre las actuaciones para 2021, también se prevé desarrollar un sistema de gestión documental “que proporcionará medios de almacenamiento, seguridad, así como capacidades de recuperación e indexación de los documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel necesario para la realización las funciones de supervisión y regulación de la OIResCon”.
Hacienda recuerda que la función de la entidad es “velar por la correcta aplicación de la legislación de contratación pública a efecto de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos en todo el sector público”.
Exigencia europea
La OIResCon, orgánicamente adscrita a la Subsecretaría de Hacienda, no tiene personalidad jurídica propia y se puso en marcha por exigencia de una directiva europea. Es un órgano colegiado formado por el presidente y cuatro vocales, todos ellos altos funcionarios con amplia experiencia en materia de contratación. La ley de contratos le confiere “plena independencia orgánica y funcional” y proclama que sus miembros “no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.
Sin embargo, la inexistencia de un presupuesto propio y su falta de autonomía fueron criticadas repetidamente por su expresidenta, María Jesús Santiago. “No se pueden afrontar los cometidos legales de la Oficina sin dotarla de personalidad propia y de presupuesto”, lamentaría en una entrevista publicada en diciembre, cuando todavía estaba en el cargo. En ella criticó que la entidad se había puesto en funcionamiento “sin contar con una previsión presupuestaria propia por el momento, lo que hace que aún carezca de los medios que necesita para poder cumplir con las exigencias legales que se le encomiendan”.
Según dijo, “el reto más inmediato es lograr una independencia efectiva mediante la dotación presupuestaria correspondiente y sobre todo la dotación de personalidad propia para convertirla en Autoridad Independiente”, en la línea de otros organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF).
Nombramiento “inminente”
Nada de eso ocurrió y Santiago dimitió en junio, tras dos años en el cargo y después de la publicación de un informe sobre la contratación de emergencia realizada por las Administraciones públicas durante el estado de alarma que advertía del “creciente y exorbitado volumen” de adjudicaciones por esta vía y del incumplimiento de las obligaciones de transparencia de algunas administraciones.
El informe cifraba esa avalancha de contratos por la vía exprés y sin concurrencia en más de 2.100 millones gasto a través de más de 11.000 adjudicaciones. Aunque advertía de que esa foto estaba incompleta por la “falta de medios informáticos y una herramienta de explotación de datos adecuada que permita obtener de manera automática dicha información”. Unas carencias denunciadas en sucesivos informes y que vendría a solucionar el proyecto de Presupuestos.
Santiago, antigua alta funcionaria de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dimitió para ocupar un puesto en la dirección de la empresa estatal Tragsa. Tras su salida, el Ministerio de Hacienda lanzó en julio la convocatoria para cubrir su vacante, para la que ha vuelto a utilizar el procedimiento de libre designación, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad. El nombramiento de la persona que ocupará la presidencia, que debe aprobar el Consejo de Ministros, es “inminente”, según fuentes de Hacienda.