El impacto que la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, está teniendo sobre la factura energética y la inflación en general agrava la vulnerabilidad financieras de las pymes españolas y, concretamente, la de las más golpeadas por la pandemia de Covid. Los préstamos y créditos dudosos (NFP o non performance loans, en inglés) de las pequeñas y medianas empresas de actividades artísticas y recreativas alcanzan el 9% respecto al total, mientras que son el 7% en la restauración, el 5% en el comercio y el 4% en el transporte.
En conjunto, el índice de vulnerabilidad financiera de las empresas se sitúa en el 7,1%, tres puntos por encima de la eurozona, precisamente “por el mayor peso de los sectores más castigados por el coronavirus en el tejido empresarial”, según destacó este jueves Josep Oliver Alonso, codirector de europeG, en la presentación del informe “Desequilibrios financieros de la economía 2013-2019, efectos de la COVID-19 e impacto de la intervención del BCE”, organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
Según el economista, “teniendo la economía de España este sesgo hacia los sectores más castigados, es inevitable que las empresas zombies [teóricamente aquellas que, durante 2 años, no generan suficientes beneficios para pagar sus deudas] tengan una mayor presencia sobre el total respecto a la media europea”.
En su informe, Josep Oliver Alonso advierte de que uno de los grandes desequilibrios económicos de España es la terciarización de la actividad y del empleo, que ha avanzado del 65% previo a la Gran Crisis Financiera de 2008 hasta el 75%. “Y 36 puntos porcentuales de esta terciarización son servicios personales, un peso que habría que corregir por los riesgos que implica en coyunturas como la pandemia o como la guerra en Ucrania”, propone.
La encrucijada del BCE ante el pico de inflación
Este desequilibrio es un desafío crucial para España ante la escalada de la inflación, principalmente por los máximos de materias primas como el gas y el petróleo que se trasladan automáticamente a los costes energéticos, y la amenaza de estanflación (incremento de precios sin crecimiento económico). Y es un reto mayor si se atiende a que el extraordinario apoyo del BCE que ha reducido a mínimos los costes de financiación en los últimos años irá desapareciendo.
“Difícilmente podrá mantenerse una intervención monetaria de la magnitud de la iniciada en 2015 dada la acumulación de deuda pública (y, en menor medida, privada) en el balance del BCE. De hecho, en algún momento del próximo futuro, debería comenzar la reversión de las actuales intervenciones”, explica Josep Oliver Alonso.
“Más todavía si se recuerda que los diferenciales entre el sur y el centro de la eurozona en el peso de la deuda pública sobre el PIB en 2021 apuntan a un complejo equilibrio para la actuación del BCE, que hace difícil imaginar aumentos notables de su intervención si una nueva fase de la crisis pandémica, u otro choque exterior, provocara nuevos deterioros en los balances financieros de los sectores residentes o de los del país con el resto del mundo”, añade el codirector de EuropeG.
Una medida que podría facilitar el intento del BCE de normalización de la política monetaria para contener la inflación sin provocar una recesión sería una “emisión masiva” de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea para defensa y energía, según adelantó Bloomberg el martes. De momento, el Ejecutivo comunitario ha preferido desmentirlo.
Costes de financiación en mínimos
De momento, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.
En su último Observatorio de Deuda, la Airef reconocía que “los bajos tipos de emisión han permitido reducir y estabilizar la carga financiera a pesar de haberse incrementado notablemente el endeudamiento”, que estima que se reducirá hasta el 113% en 2023, desde el 118,7% de 2021.
Mientras, el Gobierno ha propuesto un “pacto de rentas” a patronal y sindicatos con el objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los segundos.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cifró este miércoles en el Congreso entre “10.000 y 12.000 millones” de euros el impacto fiscal de todas las medidas tomadas para amortiguar el impacto de la subida de precios energéticos en empresas y reconoció que, no obstante, “no es suficiente” y por ello se ha pedido a la Comisión una respuesta “decidida” para reforzarlas.
Desde el Ejecutivo comunitario ya se ha propuesto como primer paso que los estados intervengan en el mercado eléctrico para controlar los precios, fijados por un sistema bajo el que se acaba pagando el megavatio más caro de todos los generados, ahora el que se consigue con un gas disparado.