De Guindos: de aplicar la tijera con más de 6 millones de parados a defender una renta mínima en la crisis de coronavirus

Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha defendido este domingo una “renta mínima de emergencia” durante la crisis del coronavirus. “Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social”. “Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable”, ha añadido.

Este mensaje contrasta con las líneas generales de su política mientras era ministro de Economía (2011–2018) del Gobierno del Mariano Rajoy, un periodo en el que se aplicaron políticas de austeridad a la población mientras se rescataba con decenas de miles de millones a los bancos, afectados por la debacle financiera de la explosión de la burbuja inmobiliaria. El pasado noviembre el Banco de España elevaba el coste de las ayudas a las entidades a 65.725 millones de euros de los que calculaba que se podrían recuperar 14.785 millones de euros con una eventual venta de Bankia por 9.560 millones.

“Rajoy ha lanzado un mensaje claro y diáfano: austeridad y reformas para defenderse dentro del euro”, decía De Guindos cuando estaban a punto de ganar las elecciones en noviembre de 2011. Fue en un foro de FAES en el que él era el principal invitado y en el que otro economista en la órbita del “think tank” del PP opinaba: “El Estado es el problema”, como publicó El País.

Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 (con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno español), que probablemente contribuyeron a profundizar la recesión, según distintos análisis. En febrero de 2012, una cámara captó a Guindos diciéndole al entonces comisario Olli Rehn en un consejo en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.

Entre otras cosas, se facilitó y abarató el despido: se redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días; se ampliaron las causas del despido objetivo; las empresas ya no tuvieron que pedir permiso a la administración para poner en marcha ERE, mientras que los trabajadores perdieron poder negociador y se otorgó mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales. Según un reciente informe del FMI, estas medidas a la postre contribuyeron a crear empleo, pero empobrecieron a los trabajadores. No obstante, el pico de desempleados en España se alcanzó en 2013, con más de seis millones de parados (aproximadamente el doble que ahora).

Hubo una intensa devaluación salarial en estos años, tanto por esta reforma como por la rebaja de retribuciones de los empleados públicos. La caída de la remuneración real de asalariados en España fue del 14,8% en el período 2010-2012, la segunda mayor de la UE tras la registrada en Grecia (-30,9%). Esta situación se sumó a los recortes en las transferencias a las comunidades autónomas para el pago de servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.

“Él fue el apóstol de la austeridad expansiva. Tiene algunos artículos en Faes para llorar. Y fue el ministró con el que más ha aumentado la desigualdad en España de la historia y no tomaron ninguna medida para pararlo. Esta muy bien que ahora enmiende toda su política económica desde 2012 hasta 2017”, opina el economista José Carlos Díez.

¿Por qué ahora De Guindos defiende una renta mínima de emergencia? Para el profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid Ricardo Molero, la corriente de opinión a favor de las medidas de compensación ha cambiado a nivel internacional para intentar evitar que la crisis sanitaria se transforme en una profunda y duradera recesión generalizada. Así, “no sólo la ortodoxa UE ha suspendido de facto los límites de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que muchos gobiernos, como el de Trump en EEUU, están proponiendo cheques a las familias”, señala Molero.

La UE ha activado las cláusulas de escape y de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que todos los países de la UE queden exentos de sus objetivos de ajuste estructural para este año: es decir, que puedan gastar lo que necesiten para afrontar las consecuencias de la crisis económica causada por el COVID-19. Incluso se están planteando los que se han venido a denominar “coronabonos”, es decir, que por primera vez se llevara a la práctica la vieja idea de que la eurozona emita sus propios bonos, sus propios fondos de garantía europeos, en lugar de los 19 de cada Estado miembro del euro, ante una situación de emergencia.

“En esta situación ya no están los los elemento de culpabilización moral ('si no tienes ingresos es porque no haces el esfuerzo necesario para conseguirlos, por tanto no te mereces que el Papá Estado te sostenga'); y de errónea lógica económica sobre los supuestos desincentivos que las prestaciones sociales generarían ('si te ayudamos, entonces vas a dejar de buscar empleo')”, añade el economista.

Estas justificaciones fueron las que se usaron con De Guindos en el Gobierno cuando España llega a los seis millones de parados. “Se justificaron (de manera muy poco empática) los recortes”.

A día de hoy, a diferencia de aquella situación, resulta imposible culpar a la gente de haberse quedado sin ingresos, porque es evidente que es consecuencia de la crisis sanitaria; y tampoco tiene sentido pedirle que se ponga a buscar trabajo cuando la economía está prácticamente paralizada.

“Por último, me da la sensación de que también hay un elemento en su reflexión de tratar de evitar la inestabilidad social que se puede generar si no se le aseguran ingresos al conjunto de la población”, concluye Molero.