El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dejará previsiblemente varias tareas prometidas inconclusas si al final es elegido el próximo marzo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), como por ejemplo la ley de colegios profesionales, la reforma de las sicavs o el troceo del regulador de la competencia. Pero sí dejará encaminada una reforma pendiente exigida por Bruselas: la adaptación de la legislación española a la cuarta directiva contra el lavado de dinero, aprobada en 2015 por la UE, y que debería haber sido introducida en nuestra legislación como muy tarde en junio de 2017.
Este viernes el Consejo de Ministros va a aprobar un anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata, adelanta el Gobierno, de “adaptar el régimen vigente realizando algunos ajustes que mejoren su efectividad, sin modificar sus líneas básicas”.
No le queda más remedio al Gobierno que dar este paso tras el expediente abierto en noviembre pasado por la Comisión Europea, si quiere evitar avanzar en el proceso de sanción y acabar siendo demandado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La directiva introduce requisitos de transparencia sobre los titulares reales de las empresas para poner la información a disposición de las autoridades de los Veintiocho, así como mayores obligaciones para los bancos o intermediarios a la hora de evaluar los riesgos de ciertas actividades, informa Efe. También refuerza el poder para imponer sanciones de las autoridades competentes.
Registro de abogados y asesores
Según la consulta pública para la modificación de la ley que el Gobierno publicó el año pasado, entre las nuevas medidas se incluirá la nueva obligación de inscripción en el Registro Mercantil a la que estarán sometidos los abogados y el resto de profesionales y sociedades dedicadas a la asesoría de empresas.
La idea es “crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, es también necesario, de cara a garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios de este tipo, facilitando su supervisión”.
Presupuesto sin gastar en el Sepblac
El organismo que se encarga de centralizar la lucha contra el blanqueo de capitales en España es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que dejó sin gastar en 2016 un 18,9% de su presupuesto, 2,73 millones de euros sobre un total de 14,46 millones. Al no haber proyecto de presupuestos de 2018 no se conoce la liquidación de los 15,3 millones que se presupuestaron para 2017.
El Sepblac, que está adscrito a Economía, analizó en 2015, último ejercicio disponible, 4.757 comunicaciones de operaciones sospechosas, un 2,5% más que un año antes y un 60% más que en 2011. La mayoría de las alertas fue por contrabando (872), fraude (346) y tráfico de drogas (176), mientras que 111 fueron por corrupción y 86 por terrorismo.
De estos avisos, 1.355 fueron descartados, un 2,6% menos que un año antes pero un 123% más que en el 2011. En 2015, año de la detención del exvicepresidente Rodrigo Rato tras una investigación del Sepblac, el organismo intervino 912 millones de euros en 5.479 operaciones en España, analizó 390.974 transferencias de más de 30.000 euros a países bajo vigilancia, e incautó 21 millones en las fronteras por entradas o salidas de cantidades superiores a 10.000 euros no declaradas.
Las entidades financieras remitieron el 83% de estas comunicaciones en 2015 y el resto correspondió a otras empresas, organismos públicos y particulares.