El 31 de octubre se cumple un año de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El aniversario es muy triste en el contexto político pero aparentemente dulce en lo económico. Los buenos datos de creación de empleo, expansión económica y saneamiento de las finanzas públicas deberían haber sido el caldo de cultivo ideal para cumplir con la agenda de reformas económicas pendiente.
Pero la parálisis ejecutiva, que lleva desde principios de julio absorbida por el conflicto catalán, mantiene en vilo gran parte de los proyectos pendientes en materia económica. La prórroga presupuestaria no abre la vía a ninguna de sus promesas más inmediatas, como la bajada de impuestos o la creación de empleo público. Pero, además, un importante número de reformas prometidas en el arranque de la legislatura siguen en stand-by, durmiendo en el limbo de la minoría parlamentaria y de las fuertes inercias y resistencias que se dan en los sectores económicos más tradicionales.
Estas son algunas de las reformas que deberían estar operando ya pero que esperan tiempos menos revueltos para ver la luz. Mención aparte merecen la elevada tasa de paro o la desigualdad que sigue estancada, dos problemas pilares del crecimiento que se está fomentado el país pero para los cuales no se han prometido reformas concretas.
La reforma hipotecaria
“La reforma hipotecaria está ya lista para enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley”, dijo hace unos días la secretaría de Estado de Comercio y pymes en un foro organizado por Cinco Días. Y en ese trámite se ha quedado estancada en medio de la crisis catalana. El Ejecutivo se enfrenta a una posible sanción después de que Bruselas presentara un recurso contra España (y otros países como Croacia, Chipre y Portugal) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa por el retraso en adaptar una directiva que tenía como fecha límite el 21 de marzo de 2016.
La reforma hipotecaria pretende, además de trasponer la norma, adaptar esta norma tras los últimos varapalos sufridos por la justicia como el de las cláusulas suelo o el fallo de que los gastos hipotecarios no pueden ser asumidos solo por el consumidor. Entre las novedades que incluirá la reforma está que el banco tenga que darle al cliente una ficha con los datos básicos del préstamos y sus escenarios más preocupantes. Además, se deberá advertir de las condiciones y explicar los distintos gastos hipotecarios y quién los asume.
Otra de los puntos que se incluirá es el de controlar las “operaciones vinculadas” en las firmas de hipotecas, es decir, los seguros o las condiciones que obliga a contratar el banco para dar la hipoteca. La nueva ley hipotecaria busca también acabar con el vencimiento anticipado, que permite a los bancos iniciar los trámites de desahucio a partir del tercer mes de impago. La nueva normativa establecerá un umbral de impago que se traspase cuando el cliente en la primera mitad del préstamos deje de pagar un 2% y en la segunda mitad, un 4%.
División del organismo supervisor de la Competencia
En 2013, el Gobierno puso patas arriba el modelo de regulación sectorial y de la competencia con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo cuyo troceo ha exigido Ciudadanos. Su separación en dos entidades independientes (una para la regulación sectorial y otra para la competencia) figuraba en el acuerdo de investidura que la formación naranja y el PP suscribieron en agosto de 2016. En enero, tras sumar también el apoyo del PSOE, Luis de Guindos confirmó en el Congreso su intención de llevar adelante la separación y en marzo el Ministerio de Economía lanzó una consulta pública sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Pero a día de hoy, la separación de la CNMC, que acaba de cumplir cuatro años con un bagaje muy cuestionado, es uno de los muchos incumplimientos de esos “150 compromisos para mejorar España” pactados con Ciudadanos y uno de los que se presentan como más verdes dentro de los proyectos pendientes.
Mercado del gas
En enero pasado, en plena crisis de precios de la luz, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció la creación de la figura de un “creador obligatorio” en el mercado del gas natural para obligar a los operadores dominantes (Gas Natural y Endesa) a ofrecer esa materia prima a terceros e intentar evitar subidas de precios como las que se vivieron esos días, en plena ola de frío y con las centrales de ciclo combinado (gas natural) sosteniendo la cobertura de la demanda. “Esto requiere previamente la fijación de una metodología por parte de la CNMC que ya el viernes pasado fue pedida”; “en cuanto la tengamos, ya daremos cuenta de los siguientes pasos a dar sobre esta medida”, dijo el ministro el 26 de enero pasado en el Congreso. La CNMC realizó su propuesta en marzo, pero la prometida reforma urgente no se ha aprobado a día de hoy en la antesala del frío y con avisos ya de récord de subidas del precio de la luz.
La financiación autonómica
La raíz de muchos de los problemas de Catalunya, la queja por la forma en la que contribuyen a la financiación autonómica, está también in albis. La intención era acabar con los agravios comparativos entre regiones en aspectos como el impuesto de sucesiones y con los problemas de infrafinanciación para unas administraciones que deben lidiar con las competencias de educación, sanidad o dependencia. El ambicioso calendario, que de ningún modo se va a cumplir, suponía su aprobación este mismo año para su entrada en vigor en 2018. A la conferencia de presidentes no acudió el catalán Carles Puigdemont, y Catalunya tampoco participó posteriormente en el comité de sabios que hizo una primera propuesta para la reforma.
Ahora, en plena aplicación (si se cumple lo que parece inevitable) del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana por el proceso secesionista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se relanzan los trabajos. Está por ver cuándo se conforma el siguiente comité de expertos, esta vez más político, que deberá continuar con las discusiones. Las de los expertos técnicos se saldaron con un fuerte grado de desacuerdo y un 40% de su informe lo conformaron los votos particulares.
Los colegios profesionales
Unas de las reformas interruptus por excelencia del Gobierno de Rajoy. La liberalización de los colegios profesionales en España, reclamada por Bruselas en el cénit de la crisis económica, se ha visto pospuesta y relegada una y otra vez desde que el Ejecutivo anunciara su puesta en marcha en 2012. Llegó a anunciarse el día en que se aprobaría el anteproyecto, se celebraron briefing explicativos para periodistas en el Ministerio de Economía sobre su alcance… pero acabó guardada en un cajón a pesar de que el PP contaba con mayoría absoluta en su primera legislatura. Y la historia se repitió casi un año después con una versión “light” de la reforma de lberalización.
Ahora que necesitan el apoyo de otros grupos para sacar adelante las reformas, De Guindos se excusó el pasado marzo delante de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, asegurando que si “mañana mismo” el PSOE, Ciudadanos y PNV apoyasen una propuesta legislativa, el Gobierno daría respaldo a la reforma de la liberalización de los colegios y servicios profesionales.
Las sicavs
Todos los partidos han prometido en mayor o menor medida modificar el beneficioso régimen de las sicav. Incluso el PP aceptó hacer unas mejoras en su pacto de investidura con Ciudadanos que a día de hoy no se han concretado en nada. Ciudadanos reclama que su control pase de la CNMV a la Agencia Tributaria y que pasen de tributar del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades. Además, sólo se computarían a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. De este modo se evitaría la figura del llamado “mariachi”.
La trampa de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes son socios de paja.