La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reclama más de 104 millones de euros, entre cuota y sanciones, a la constructora española Eurofinsa, del empresario Mauricio Toledano, expatrono de FAES (la fundación de José María Aznar), accionista de Libertad Digital, donante de la fundación del exjuez Baltasar Garzón y excliente de la trama de comisiones ilegales del exembajador Gustavo Arístegui y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna.
Un reciente auto de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional recoge la cuantía exacta que reclama Hacienda desde 2014 a la multinacional de la que Toledano es administrador único: el Fisco español, señala, ha llevado a cabo “actuaciones de comprobación e investigación a varias entidades del grupo Eurofinsa (antes de que fueran absorbidas por Eurofinsa, SA), que dieron lugar a acuerdos de liquidación y de imposición de sanciones que en total ascienden a 104.019.159,95 euros”. De esa cifra, “66.612.088,61 euros corresponden a deudas tributarias derivadas de los citados acuerdos de liquidación y 37.407.071,34 euros a sanciones”.
En sus últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, del ejercicio 2016, Eurofinsa ya explicaba que en 2014 “y como consecuencia de una inspección llevada a cabo a la Sociedad dominante y tres de las sociedades dependientes españolas (actualmente fusionadas) en relación con el impuesto de sociedades de los ejercicios 2008 a 2010, se levantaron actas en disconformidad por un importe de 104 millones de euros”.
Toledano y sus asesores fiscales estimaron entonces como “riesgo posible” la salida de recursos como consecuencia de esas reclamaciones por importe de 91,655 millones y, como “riesgo probable”, de 12,37 millones.
La empresa, que no ha querido atender a eldiario.es, logró el pasado 17 de julio que, previa aportación de las correspondientes garantías, la Audiencia Nacional suspendiera la ejecución de dos de las reclamaciones de Hacienda que Eurofinsa tiene pendientes, por un importe total de 735.413,49 euros (entre cuota, intereses de demora y sanciones), aunque en este caso corresponden al IVA de 2008.
La empresa había recurrido las liquidaciones practicadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en marzo y mayo de 2015 y, ante la falta de respuesta, presentó recurso ante la Audiencia.
Eurofinsa argumentaba que pertenece a un grupo empresarial en una “grave situación financiera”, con un patrimonio negativo de más de 47 millones a 31 de diciembre de 2017, y que la inmediata ejecución de las sanciones y liquidaciones practicadas “podría causarle irreparables perjuicios económicos”, abocarla al concurso de acreedores e impedirle participar en la concesión de concursos públicos.
La empresa, que es un contratista habitual de las Administraciones públicas, añadía que si bien “es viable dado que ha suscrito contratos de gran importancia económica”, de no suspenderse la ejecución de esas reclamaciones, “podría verse comprometida esta viabilidad ya que se le cerrarían las líneas de crédito”.
Así, en septiembre de 2016, Eurofinsa recibió ocho resoluciones del TEAC denegando otras tantas solicitudes de suspensión de deudas tributarias que implicaban el pago inmediato de 61.377.550,52 euros.
“La acreditación de los perjuicios existe y evidencia el alcance e intensidad de los que podrían generarse a la entidad cuando, conforme al balance de situación, los fondos propios ascendían en octubre de 2016 a 40.284.004,70 euros, de tal suerte que la ejecución de los acuerdos de liquidación y sanción referidos darían lugar a un saldo negativo de 21.093.545,82 euros”, razona el auto.
Accionista de Libertad Digital
Constituida en Madrid hace 41 años y fuertemente internacionalizada, Eurofinsa contabilizaba en 2016 ventas de 425 millones, de los que casi 200 millones procedían de la actividad de Infraestructuras, 164,6 millones de Concesiones y 61,5 millones del segmento “Salud”. Con casi 5.000 empleados, en su cartera de proyectos destacaba cuatro grandes adjudicaciones en Kazajstán, Ghana, Sri Lanka y Senegal por importe de más de 290 millones de euros. En esas cuentas, Eurofinsa consignaba una participación del 17,33% en Libertad Digital SA, la web de Federico Jiménez Losantos, de la que el propio Toledano fue consejero hasta 2013.
Entre los últimos proyectos de la empresa, que en julio pasado se quedó con el negocio de renovables y líneas eléctricas de Isolux, la antigua constructora de Luis Delso (en concurso de acreedores), destacan la construcción del nuevo hangar de Air Europa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, el Club Náutico de Catar, hospitales en Perú o Panamá y un nuevo puente para conectar los cantones ecuatorianos de Guayaquil y Samborondón.
Con un perfil público discreto, su fundador y administrador, Mauricio Toledano, se ha visto salpicado en los últimos años por episodios oscuros como la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra él por presuntos sobornos a altos responsables del Gobierno de Angola, archivada en mayo de 2011.
Posteriormente, se conoció que su empresa fue entre 2012 y 2013 el principal donante español de la fundación que el exjuez Baltasar Garzón creó tras la sentencia que apartó de la carrera judicial para canalizar sus conferencias, cursos y acciones sociales, con 400.000 euros en ese periodo, según El Español.
Toledano, que fue secretario general de las comunidades judías en España, perteneció al patronato de FAES hasta octubre de 2016. Dejó de ser patrono del lobby de Aznar unos meses después de declarar como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para explicar los pagos realizados por Eurofinsa a Arístegui y Gómez de la Serna entre 2009 y 2014, cifrados en su momento por la Agencia Tributaria en 208.725 euros.
En su declaración, Toledano reconoció que prestó su jet privado “en una o dos ocasiones” para que Gustavo de Arístegui viajara a Guinea Ecuatorial y promoviese los negocios de su empresa, según informó la cadena SER.