La extensa documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado presentados la semana pasada ayuda a conocer los detalles de las propuestas fiscales que ha hecho el Gobierno en las últimas semanas. Una de ellas es la rebaja del IRPF para las rentas más bajas. El Ministerio de Hacienda ha optado por hacerlo a través de un beneficio fiscal que ya existía pero que se amplía un 16%.
Es lo que se conoce técnicamente como reducción de los rendimientos del trabajo, una herramienta que beneficia a los sueldos más bajos. A grandes rasgos, este beneficio fiscal permite a los trabajadores con salarios más reducidos que se recorten los rendimientos del trabajo. Es decir, que a la hora de tener que pagar el IRPF, este se calcule sobre una base más baja y, en la práctica, se puedan beneficiar por una menor carga fiscal.
No es una herramienta nueva ni única de España, ya que se aplica en otros países. La primera vez que se introdujo en el IRPF español fue a finales de los años noventa y desde entonces se ha modificado hasta en cinco ocasiones. En este periodo, se ha ido aumentando tanto las cantidades como el método de cálculo de este beneficio fiscal. Ahora, el Gobierno introduce la sexta modificación en casi 25 años. Desde la última reforma, aprobada para 2018, los salarios más bajos se aplicaban una reducción de 5.565 euros, cifra que ahora se amplía hasta los 6.498 euros. Al mismo tiempo, se abre esta herramienta para un nivel más alto de salarios.
Hasta ahora, el límite se situaba en los 13.115 euros de rendimientos netos del trabajo y ahora se eleva a 14.047,50 euros, siempre y cuando no haya otras rentas distintas a las del trabajo superiores a los 6.500 euros. Este colectivo se anota una reducción de esos 6.498 euros a la hora de calcular el rendimiento sobre el que se aplica el tipo del IRPF. Al mismo tiempo, hay un segundo escalón que también se amplía: aquellos que tienen rendimientos netos del trabajo de entre 14.047,50 y 19.747,50 euros. Antes el límite máximo se encontraba en los 16.825 euros. Estos tendrán una reducción que se irá recortando de manera progresiva según el volumen de ingresos. Los Presupuestos plantean que su reducción se calculará al restar a los 6.498 euros el resultado de multiplicar la diferencia entre el rendimiento del trabajo y los 14.075 euros por 1,14.
No hay que confundir rendimiento neto del trabajo con salario. El primero se obtiene restando al segundo algunos aspectos como las cotizaciones a la Seguridad Social. Por ello, el límite máximo de salarios que se acogen a este beneficio fiscal pasa de los 18.000 euros a los 21.000 euros, como anunció el Gobierno hace dos semanas. Según defendió el Ejecutivo, esta medida incluye al 50% de los trabajadores, ya que el salario mediano –el que se sitúa en la mitad de todos los salarios percibidos en España– está en el entorno de esa cifra. El Gobierno estima que restará 1.565 millones de euros en 2023 a los ingresos por este impuesto.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha cambiado el límite a partir del cual un contribuyente está obligado a hacer la declaración anual de la renta. Así, pasa de 14.000 euros a 15.000 euros el mínimo exento de hacer dicho trámite, teniendo en cuenta todos sus ingresos.
El Gobierno ha trazado tres ejemplos para dibujar cuál puede ser el impacto de esta medida. Hay que tener en cuenta que el estado civil o los menores a cargo varían los cálculos del ahorro para los contribuyentes que cobren menos de 21.000 euros. Así, un trabajador casado con dos hijos y tributación conjunta que cobre 19.000 euros pagará al cabo del año 331 euros menos de IRPF. Un pensionista que tenga 16.500 euros de pensión se ahorraría 689 euros. Un trabajador monoparental con dos descendientes y un salario de 18.500 euros ahorraría 516 euros. Estos son algunos de los ejemplos que ha puesto el Ejecutivo para defender la medida.
El Gobierno de coalición optó por esta vía para las rebajas en el IRPF frente a la utilizada por las comunidades, quienes apuntaron a reducciones en las escalas más bajas o, según la región, en todas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había criticado en repetidas ocasiones esta vía al entender que beneficia igualmente a las rentas altas, mientras que la opción planteada por el Ejecutivo central únicamente repercute en las rentas más bajas.
Con el aval de la Airef
El Gobierno mantiene el compromiso con Bruselas para revisar los beneficios fiscales que no cumplan con sus objetivos, por la merma que provocan en los ingresos para las arcas públicas. Para este año, figura en los Presupuestos una memoria de beneficios fiscales de más de 45.000 millones de euros, con un crecimiento respecto a este curso. Sin embargo, esta estimación ha quedado desfasada por no contemplar otros beneficios que finalmente se han acabado incluyendo en el Presupuesto a última hora.
Para ampliar este beneficio fiscal para los salarios bajos, sin embargo, Hacienda cuenta con el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en 2020 avaló el uso de este mecanismo. “Este beneficio tiene un fuerte carácter progresivo al focalizarse en las rentas bajas”, aseguró el organismo en su conocido como 'Spending Review'. En este documento, apuntaba que se alcanza el objetivo de “rebajar la carga fiscal de las rentas más bajas”. Además, se estima que tiene “un efecto positivo sobre la oferta laboral, especialmente en el número de personas que trabajan”.
El Gobierno ha acompañado esta rebaja en el IRPF para los salarios más bajos con una subida en este impuesto para los ingresos más altos procedentes de las rentas del ahorro. Este concepto tiene una tributación más baja y es lo que provoca que en los niveles más altos de ingresos, los más ricos acaben pagando menos IRPF que el nivel anterior, perdiéndose la progresividad del sistema. El Ejecutivo ya aplicó en 2021 una subida y la repite para las cuentas del próximo año. Si se obtienen entre 200.000 y 300.000 euros, se pasa de un tipo del 26% a otro del 27%. Si se superan los 300.000 euros, se eleva al 28%.
El de los salarios bajos no es el único beneficio fiscal que ha aprobado el Gobierno para el IRPF. Otra de las medidas que han estado negociando los socios del Gobierno de coalición no corresponde directamente a los Presupuestos, pero sí que ha sido finalmente incluida. Se trata de la ayuda de 100 euros al mes para las mujeres con hijos. Esta medida se integrará dentro de la Ley de Familias que negocian PSOE y Unidas Podemos, aunque el Gobierno ha querido asegurar que se aplicará desde el 1 de enero, por lo que este apartado lo ha incluido en el proyecto de ley de Presupuestos. Esta bonificación se aplicará mediante una reducción en la tarifa del IRPF.
Estas modificaciones en el IRPF no afectarán a la próxima declaración de la renta, ya que se empezarán a aplicar el 1 de enero. Por tanto, se empezará a apreciar en las retenciones del próximo año. Eso, siempre y cuando el Gobierno logre sacar adelante en el Congreso su proyecto de Presupuestos. Para ello, precisará del acuerdo con sus socios parlamentarios, fundamentalmente ERC, EH Bildu y PNV, para que las terceras y últimas cuentas del Gobierno de coalición echen a andar.