El Ministerio de Hacienda relaciona el fuerte aumento de los pagos con tarjetas de crédito con una reducción del fraude fiscal en España. Con datos preliminares que el servicio de Estudios de la Agencia Tributaria está analizando en profundidad, la sensación en el seno del ministerio es que el uso masivo del dinero de plástico, que se disparó con la pandemia, está propiciando un retroceso de la economía sumergida.
Así se desprende de las últimas comparecencias parlamentarias del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y de las últimas actas publicadas de las reuniones del Foro de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En octubre, en su estreno en el Congreso como secretario de Estado, Gascón ya apuntó que el mayor uso de tarjetas puede estar contribuyendo a reducir la economía sumergida. Citó un indicador, a su juicio, “especialmente interesante”: la comparativa entre el dinero que se retira en los cajeros con los pagos con tarjeta a través de TPV (terminales de punto de venta).
Destacó que, de acuerdo con los datos del Banco de España (que comprenden hasta junio de 2022), el dinero de plástico ya “duplica” las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, cuando en 2017 eran similares. En 2021, último ejercicio cerrado, se realizaron más de 6.000 millones de operaciones con tarjeta, más del doble que hace un lustro, en un contexto de cierre masivo de cajeros: más de 4.000 menos desde el inicio de la pandemia.
Ese aumento de las operaciones con tarjeta, dijo Gascón, “se tiene que notar, evidentemente, en términos de trazabilidad de las operaciones y reducción del margen para economía sumergida”. Quiso ser prudente porque “no lo tenemos suficientemente trabajado como para llegar a conclusiones”, pero sin querer ser “triunfalista”, apuntó otro dato “muy importante” por “positivo”: que en los últimos siete años, las bases imponibles fiscales (la base sobre la que se aplica cada tributo), están creciendo más que el PIB nominal y que la demanda interna, sin tener en cuenta el efecto de los cambios normativos.
“Eso puede ser un síntoma de que efectivamente algo se mueve y de que el cumplimiento fiscal está mejorando”, indicó.
Gascón lleva tiempo señalando que en la medida en que crece el uso de tarjetas, “menos margen hay para la ocultación de operaciones”, como explicó a finales de 2021 en otra comparecencia parlamentaria como director general de la AEAT. En abril, todavía en ese cargo, se felicitó por esa subida “exponencial” del uso del dinero de plástico: “Eso para el control tributario es muy importante porque son operaciones con trazabilidad”.
“No voy a decir que todos los pagos que se efectúen con tarjeta de crédito o a través de las redes son pagos limpios, ni muchísimo menos que todos los pagos que se hacen con dinero en efectivo son pagos en negro, pero sabemos todos que existe cierta correlación. Con lo cual, también son buenas noticias para el cumplimiento voluntario y para los ingresos”.
En junio, recién nombrado secretario de Estado, y en su primera reunión en ese puesto con el Foro de grandes empresas, a Gascón le preguntaron por la posible relación entre la mejora de la recaudación y la evolución de la brecha fiscal: la diferencia entre la recaudación potencial y la real.
En respuesta al representante de la constructora FCC, expuso esa idea de que en los últimos años las bases fiscales se han comportado mejor que la demanda interna; instó a esperar para ver cuánto de esa mejora en el comportamiento tributario “es estructural y qué parte es coyuntural y tiende a corregirse en el futuro”; y al repasar los factores que “contribuyen al cumplimiento voluntario por parte del contribuyente”, destacó ese aumento del uso de las tarjetas, tal y como recoge el acta de la reunión que se ha publicado recientemente.
Al referirse a la evolución de la brecha fiscal en comparación con la UE, Gascón indicó que, si bien “es complicado extraer conclusiones de unos años con una variabilidad tan alta”, a falta de más datos, en IVA la posición española es “bastante mejor de lo que se suele pensar, sin perjuicio de que exista margen de mejora”. En IRPF, “es previsible” que estemos “en la media europea”, aunque los estudios “acaban de empezar y todavía no son públicos”. Y en Sociedades, todavía se está debatiendo entre los 27 “cómo comparar un impuesto tan errático en la recaudación como consecuencia de cambios en la coyuntura económica”.
El alto cargo de Hacienda sí instó a no calificar la economía sumergida como “recaudación perdida”, ya que esta incluye actividades ilegales que no se pueden regularizar y otras “de subsistencia” que, al existir mínimos exentos e incentivos fiscales, nunca tributarían. También recordó que la AEAT se ocupa de gestionar aproximadamente el 45 % de los ingresos tributarios totales, ya que estos incluyen las cotizaciones sociales y otros impuestos y tasas que se consideran para determinar la presión fiscal en la UE.
En esa reunión del foro de grandes empresas se reconoció que el número de entidades acogidas al código de buenas prácticas tributarias, más de una década después de su puesta en marcha, es “manifiestamente mejorable”, con menos de 200 grandes compañías adheridas. El secretario de Estado señaló que el fraude fiscal, en el sentido de ocultación de operaciones, “no es lo que se produce habitualmente en el ámbito de las grandes empresas, donde las controversias surgen en la aplicación del sistema tributario, con diferentes interpretaciones de la normativa, y en la planificación fiscal”.
La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada en 2021, que entre otras medidas prohibió los pagos en efectivo superiores a 1000 euros o su valor equivalente en moneda extranjera, obliga al Gobierno a encargar a “expertos independientes” un estudio oficial de la economía sumergida en España, “desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos”. Ese estudio, que se debe presentar a las Cortes, todavía no se ha encargado, reconoce el ministerio. Sí se está preparando un informe preliminar sobre los resultados de esa ley de lucha contra el fraude para remitirlo a Bruselas, tal y como recoge el Plan de Recuperación.
En este ejercicio, los ingresos tributarios van a batir un nuevo máximo histórico. Solo hasta octubre, y en un contexto de elevada inflación (que aumenta los ingresos fiscales), alcanzaron los 223.695 millones de euros, lo que ya supera los 223.385 millones de todo 2021, cuando se batieron todos los récords.
En 2020, con la economía hundiéndose un 11,3%, el retroceso de los ingresos tributarios fue inferior del 8,8%. Un situación diametralmente opuesta a los años del anterior batacazo económico. En 2009, tras el reventón de la burbuja inmobiliaria, los ingresos tributarios se hundieron un 17% (el mayor descenso de la serie) y la caída del PIB se quedó en el 3,6%.
Al auge del dinero de plástico se suma el empleo aflorado por las medidas de apoyo desplegadas con la gran reclusión. El Gobierno estima, en el Plan Presupuestario para 2023 que envió recientemente a Bruselas, que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los que 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos, gracias a medidas adoptadas durante la pandemia como los ERTE.
Ese plan no incluye ninguna previsión del fraude fiscal aflorado, porque Hacienda cree que este apartado no está todavía suficientemente trabajado como para llegar a conclusiones.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.