Cuando la COVID-19 empeora situaciones límite: la mitad de los niños en hogares de alquiler vive en riesgo de pobreza

La epidemia de coronavirus ha paralizado el país y ha irrumpido de una manera u otra en los hogares de todo el país. “Pero no todo el mundo puede pasar una cuarentena igual debido a sus condiciones y el régimen de su vivienda”, subrayan desde el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. El organismo publica este martes un informe sobre cómo afectan los gastos de la vivienda a las familias con niños. El alquiler destaca como “un factor potenciador de la desigualdad”, explican en el Alto Comisionado. La tasa de pobreza infantil en general en España es del 26,8%, mientras que el dato aumenta hasta casi la mitad, el 48%, en el caso de los niños y niñas que viven en hogares en alquiler.

“Son cerca de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes que viven en alquiler o en cesión gratuita, de los cuales 1.150.000 están en riesgo de pobreza infantil”, recoge el documento breve del Alto Comisionado, que ha podido consultar eldiario.es. Casi la mitad del total. En el caso de los menores que viven en hogares con la vivienda en propiedad, la tasa de pobreza es del 18,4%.

El alquiler como factor de exclusión

Los altos precios de los alquileres, disparados especialmente en las grandes ciudades en los últimos años, así como de la compra de viviendas, y unos salarios que no han aumentado tanto, unidos a la persistente precariedad en el empleo, han llevado de nuevo a la vivienda a ser el factor de exclusión social más extendido entre la población en España, según apuntó el último Informe de la Fundación Foessa.

El Alto Comisionado dirige su mirada ahora en este nuevo documento hacia la incidencia de los gastos de la vivienda y los suministros en la pobreza infantil, a través de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, correspondientes a 2018.

Por un lado, examina la tasa de pobreza infantil –qué porcentaje de menores de edad vive en hogares bajo el umbral de la pobreza– según si los niños y niñas residen en viviendas en propiedad, en alquiler a precios del mercado o en alquileres con precios inferiores al mercado o cesiones (por ejemplo, el caso de un alquiler social o de renta antigua o la cesión gratuita de la casa de un abuelo a sus nietos para vivir).

Por otro, el informe se detiene en qué porcentaje de niños y niñas se encuentran bajo el umbral de la pobreza una vez se descuentan los gastos de la vivienda y los suministros.

Los resultados apuntan que la tasa de pobreza infantil es mucho mayor en los hogares en régimen de alquiler respecto a los de viviendas en propiedad pero, además, que los gastos relacionados con la casa hacen más mella en las economías de las familias que viven alquiladas.

Una vez descontados los suministros y la hipoteca (si aún la están pagando), la tasa de pobreza infantil se incrementa 6,2 puntos porcentuales en las familias que viven en casas de su propiedad. En cambio, aumenta en 18,3 puntos porcentuales cuando se resta a la renta familiar de los hogares alquilados los datos del alquiler y los suministros.

“No es igual la situación de un hogar si las personas viven de alquiler o tienen su vivienda en propiedad. Hay una doble vulnerabilidad en el caso de los alquileres. Vivir en propiedad suele ser más estable, pero además es que las familias que están alquiladas tienen que dedicar mucha parte de sus ingresos a la vivienda”, remarcan en el Alto Comisionado.

Otro dato del informe que visibiliza esta cuestión es el de “sobrecarga por motivos de vivienda”, entendida como la situación en la que “el total de los gastos relacionados con esta superan el 40% de los ingresos disponibles del hogar”. En España un 11% de los menores vive en un hogar con problemas de sobrecarga por motivos de vivienda, pero hay notables diferencias según el régimen de tenencia de la casa. La sobrecarga alcanza al 37,1% de los niños y niñas que viven de alquiler y al 3,5% de los que residen en casas en propiedad.

Salir de la crisis desde desiguales puntos de partida

Fuentes del Alto Comisionado explican que con este nuevo documento, tras el publicado sobre la brecha digital, buscan proveer de datos a las autoridades públicas, a nivel estatal y regional, sobre algunos puntos débiles que enfrentan los niños y niñas en España. El objetivo es que que sean tenidas en cuenta en el diseño de las políticas para salir de la crisis del coronavirus, que es sanitaria, pero también económica y social.

“Una crisis de este tipo se suma a la situación previa, que ha de tenerse en cuenta”, coincide Olga Cantó, economista experta en desigualdad y pobreza. La experta recuerda los resultados de un informe de la Fundación La Caixa del que formó parte (aquí el pdf), que señala las escasas ayudas públicas en materia de vivienda en España comparadas con resto de la UE y que incluso se han reducido respecto a los niveles de 2008. El relator de la ONU contra la pobreza, Philip Alston, recomendó a España que explorase el control de los precios del alquiler como una de las medidas para atajar “una crisis de vivienda de proporciones inquietantes”.

De manera temporal, el Gobierno de coalición ha prohibido los desahucios durante el estado de alarma y ha aprobado ayudas y moratorias en el pago de hipotecas y alquileres. Colectivos como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) dan la bienvenida a las medidas, pero consideran que aún son insuficientes. Save the Children pide al Ejecutivo que conceda ayudas directas al pago del alquiler y la hipoteca de las familias con menos recursos, que analizó en un reciente estudio, porque advierten de que las moratorias dan “una tregua a estos hogares”, pero las deudas se mantienes tras la crisis.

Olga Cantó considera que la magnitud de esta crisis, aún incierta, dependerá tanto del alcance de los daños derivados de la pandemia como de la situación previa de desigualdad y pobreza. “Mi impresión es que donde la incidencia ha sido alta y la pobreza era alta, como ocurre en zonas urbanas como Madrid y Barcelona, la falta de ingresos puede generar situaciones muy difíciles”, afirma. La economista apuesta por implantar lo antes posible el ingreso mínimo vital como la medida más urgente para garantizar unos recursos mínimos a la población desprotegida (especialmente la infantil) en esta epidemia.

La OCDE también ha advertido de que los países deben tomar medidas en “todos los aspectos de la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, e integrar esos efectos distributivos en la respuesta” a la crisis de la COVID-19. De lo contrario, “se corre el riesgo de que se profundicen las desigualdades, lo que podría crear nuevas divisiones y socavar la capacidad de recuperación de las sociedades”.