Iberdrola se escuda en el modelo matemático para crear precios en su juicio por manipulación del mercado

La Audiencia Nacional acogió este miércoles la segunda jornada del juicio contra Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de sus directivos —uno de ellos está jubilado— por presunta manipulación del precio de la luz en el tarifazo de 2013. En una estrategia similar a la desplegada un día antes por los dos primeros altos cargos interrogados, el resto de acusados negaron que hubiera “consigna” alguna para elevar los costes de forma irregular en plena ola de frío y en medio de las tensiones que había con el Gobierno por el déficit de tarifa. Y, de nuevo, se escudaron en los “modelos matemáticos” que utilizan sus técnicos para fijar el precio al que ofrecen en el mercado mayorista la energía hidráulica que generan con sus embalses. 

“No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación”, afirmó desde el banquillo de los acusados Francisco de Borja García, representante legal de la compañía. Este directivo trató además de poner un cortafuegos entre las decisiones sobre la fijación de precios y la alta dirección de la compañía.

A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, afirmó que eran cuestiones circunscritas al “ámbito” de gestión de la Energía, que entonces dirigía otro de los acusados, Ángel Chiarri. Y que “no llegaban” ni al Consejo de Administración, que situó al margen del “plano ejecutivo” ni al consejero delegado porque “no estaba en su ámbito”. El resto de acusados también negaron haber informado o recibido instrucciones de la cúpula y defendieron que la subida del precio se debió a factores climáticos como la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias. Insistieron, de hecho, en que otras compañías del sector también elevaron sus ofertas.

Gran parte del interrogatorio estuvo centrado en las particularidades del sistema de fijación de precios al que la compañía hace sus ofertas en el mercado mayorista. La tesis de las acusaciones es que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil —que suponen el 50% de la potencia de esta tecnología en España— hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Y que, de esa forma, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, que “dejaron de producir energía”, y que fueron reemplazadas por otras fuentes de energía más caras. 

Según la Fiscalía Anticorrupción, esa operación irregular produjo un perjuicio de más de 107 millones de euros, de los que 96,7 recayeron sobre el bolsillo de los hogares. El resto fue “soportado” por comercializadoras —varias están personadas como acusación particular— y aseguradoras. En contraposición, supuso un beneficio de 21,2 millones para la eléctrica.

Además de la compañía —acusada como persona jurídica— comparecieron este miércoles los subordinados de los dos directivos interrogados un día antes. Se trata de José Luis Rapún, que en el momento de los hechos era responsable de Gestión de Activos; y de Javier Paradinas, que entonces era responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. Ambos reconocieron que participaban en las reuniones del llamado plan semanal en las que cada jueves se deciden a cuánto se oferta el precio de la energía hidráulica, si bien de sus respuestas no quedó claro quién tomaba la decisión final sobre los precios. 

De nuevo, ambos definieron el sistema de fijación del precio al que se hacen las ofertas en el mercado como algo automatizado. A este respecto, Rapún afirmó que esa decisión se toma a través de un “conjunto de herramientas informáticas” y que es un técnico [el “trader”] el que “decide” en base a una serie de parámetros como la previsión de la demanda, de la producción renovable, del llamado producible (las lluvias esperadas) o los costes de combustible. Y que teniendo en cuenta esos “elementos técnicos” se hace una propuesta que se discute “de forma razonada y técnica”.

“La máquina son los modelos matemáticos que usamos para recoger las diferentes previsiones”, trató de aclarar después Paradinas. La alusión a la “máquina” ha había introducido un día antes el máximo directivo implicado, Ángel Chiarri, que argumentó que los precios se definían automáticamente mediante “una máquina” y la intervención humana solo se encargaba de “hacer estimaciones” sobre lo que iba a pasar en los meses siguientes en términos de precipitaciones, pero también otros factores que pueden incidir en los precios como la situación de las centrales nucleares. 

En la sesión de este miércoles, el fiscal insistió en esta cuestión. Y, sobre todo, trató de averiguar si había algún ejecutivo que tomara la decisión final sobre el precio más allá de esos procedimientos automatizados. “¿Quién dice adelante con esa propuesta [de la reunión del plan semanal]?”, preguntó de forma directa a Paradinas. El directivo respondió que se aprobaba “colegiadamente” y que después se enviaba a “toda la dirección”, con lo que se suponía su “aceptación tácita”, aunque no señaló a nadie en concreto.

Entre los altos cargos que recibían esa información estaban el citado Chiarri y el también acusado Gregorio Relaño, que entonces era responsable de Optimización, superiores jerárquicos de los interrogados este miércoles. Tanto Rapún como Paradinas negaron haber recibido “indicaciones” de estos superiores o de otros para fijar una u otra oferta. 

Tras la declaración de los acusados está previsto que el juicio se reanude este jueves con el interrogatorio de los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, está citado en las jornadas siguientes el exministro José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción. A partir de mediados de noviembre comparecerán diferentes peritos, incluidos los técnicos de la CNMC. La previsión es que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre.