Iberdrola ha reconocido por primera vez que el autoconsumo eléctrico está entre los “riesgos” que afronta su modelo de negocio, porque puede desembocar en una “deserción” de sus clientes. Lo ha plasmado por escrito en Estados Unidos ante la SEC, el regulador bursátil de ese país, bastante más exigente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española en sus requisitos de transparencia a las cotizadas.
El aviso figura en el informe anual de 2016 de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola (tiene el 81,5% de sus acciones), que cotiza en la bolsa de Nueva York desde finales de 2015. En el extenso apartado de “riesgos relativos a nuestro negocio y operaciones”, la compañía menciona algunos avances tecnológicos que podrían “disminuir o eliminar la ventaja competitiva” de la que disfruta o podrían reducir su cartera de clientes, “lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro crecimiento, negocio, situación financiera y resultado operativo”.
Entre esas amenazas está el denominado balance neto, que “permite a los consumidores que obtienen electricidad de sus propias instalaciones pagar sólo por la energía neta obtenida de la compañía eléctrica”. Esta modalidad energética, junto a soluciones tecnológicas como los sistemas de almacenamiento (por ejemplo, la famosa batería Powerwall de la californiana Tesla), “podrían provocar que los clientes de electricidad abandonasen el sistema de red o reemplazaran parte de los servicios de red con autoconsumo o autobalance, lo que podría impactar en los activos actuales o futuros” de su filial de redes, Avangrid Networks.
“Esta emergencia de fuentes alternativas de suministro de energía puede dar lugar a que los clientes dependan de la red eléctrica para un uso limitado, como en caso de déficit o emergencia, o abandonen por completo la red, lo que se conoce como deserción del cliente”, señala Avangrid.
La compañía recuerda que, para protegerse de este escenario, en EEUU las eléctricas tradicionales cuentan con incentivos denominados RDM (Mecanismos de Desacoplamiento de Ingresos, por sus siglas en inglés). Pero estos mecanismos “son de naturaleza legislativa o regulatoria y no es seguro” que vayan “a estar siempre disponibles”.
Avangrid concluye que “la progresiva reducción de costes de los activos de generación distribuida, como consecuencia de las mejoras tecnológicas, el desarrollo a gran escala en ciertas jurisdicciones y los regímenes de apoyo” por parte de la Administración “podrían derivar en la deserción de consumidores (de forma individual o en microrredes integradas)” si estos concluyen que invertir en autoconsumo o en sistemas de almacenamiento de energía es más “atractivo” desde el punto de vista económico que seguir enganchado a la red.
Primer aviso
Es la primera vez que Iberdrola realiza esta advertencia, que no aparece mencionada en las cuentas anuales remitidas a la CNMV. El último informe anual de UIL, la eléctrica estadounidense cuya adquisición anunció Iberdrola en febrero de 2015 por unos 2.650 millones de euros para fusionarla con su filial, solo citaba el autoconsumo de manera muy superficial en el apartado de factores de riesgo.
La compra de UIL permitió a Iberdrola dar un salto cualitativo en EEUU, un país estratégico para la compañía española que, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, presenta importantes incertidumbres respecto al futuro de los incentivos a las energías renovables. Avangrid, que el pasado miércoles anunció un beneficio de 314 millones de dólares en el primer semestre, un 14% más, es uno de los mayores operadores eólicos del país, con 54 parques a cierre de 2016 y 5.853 MW instalados (más de los que Iberdrola tiene en España).
Avangrid, que prevé invertir unos 8.000 millones de euros hasta 2020, está presente en 26 estados y cuenta con activos de más de 30.000 millones de dólares, 6.800 empleados, 2,2 millones de puntos de suministro de electricidad y un millón de usuarios de gas en New York, Maine, Connecticut y Massachusetts. Su capitalización actual ronda los 11.800 millones de euros.
Presiones del lobby
El balance neto, prohibido en España, está muy extendido en Estados Unidos. Hay 41 estados que lo permiten, encabezados por California, que se ha propuesto que en 2030 un 50% de su electricidad tenga origen renovable (nuclear excluida). En California existen actualmente 5.415 megavatios (MW) de autoconsumo y más de 680.000 instalaciones solares, según estadísticas oficiales.
No obstante, desde 2013, y gracias a la fuerte presión de las grandes eléctricas de EEUU, encabezada por el principal lobby del sector, el Edison Institute (del que forman parte tanto Iberdrola como Avangrid), los estados de Hawaii, Nevada, Arizona, Maine e Indiana han decidido eliminar gradualmente esta posibilidad.
En España, el país del sol, las trabas del Gobierno han convertido al autoconsumo en una opción residual, aunque algunas empresas y particulares están apostando por él. Según el último informe anual de la patronal fotovoltaica UNEF, publicado este jueves, en España existen apenas 396 instalaciones con 14,7 MW de potencia, concentradas en las comunidades autónomas de Cataluña (86), Galicia (79) y Andalucía (64).
UNEF reitera en su memoria que el autoconsumo “tiene un gran potencial de desarrollo en España y no supone una situación de inestabilidad para el sistema bajo ningún concepto”, como argumenta el Gobierno. Según sus cálculos, 100 MW de autoconsumo evitarían unos ingresos del sistema de aproximadamente 4 millones de euros, “lo que es insignificante en comparación con un sistema de 18.000 millones”.
Unef asegura que “por cada euro de reducción de ingresos en el sistema por autoconsumo se produce una ganancia neta de cinco euros para los consumidores debido a la reducción anual del precio pool y de los impuestos asociados. Estos datos demuestran que el autoconsumo tiene un impacto positivo para todos los consumidores”.
Entre los grandes defensores del autoconsumo en EEUU están grupos no muy lejanos del espectro ideológico del PP, como los ultraliberales del Tea Party y la Iglesia Evangélica. Pero los conservadores españoles decidieron aprobar a finales de 2015 el famoso impuesto al sol (que a día de hoy no ha empezado a cobrarse por la falta de desarrollo reglamentario) y bloquearon hace unos meses, con el apoyo de Ciudadanos, una iniciativa de la oposición para impulsar el autoconsumo.
En el sector se atribuye la génesis del concepto del impuesto al sol a la propia Iberdrola y este concepto fue defendido en 2015 por FAES, la fundación que preside José María Aznar (fichado hace unos años por Endesa como asesor internacional), en un estudio coescrito por un directivo de la eléctrica vasca.