La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere obligar a los consejeros de las cotizadas a comparar la evolución de sus sueldos con los de sus empleados durante un periodo de cinco años. La propuesta no ha tenido buena acogida entre la banca española y el Ibex. Así se desprende de las alegaciones de la Asociación Española de Banca (AEB) y la asociación Emisores Españoles, que representa a la mayoría de las empresas del selectivo.
La CNMV propuso en una circular que sacó a consulta en junio que el informe anual de remuneraciones de los consejeros (IARC) de las cotizadas incluya este año un nuevo apartado que permita “establecer comparaciones entre los importes anuales devengados y las variaciones anuales experimentadas, durante los últimos 5 años, en la retribución de cada uno de los consejeros, en los resultados de la sociedad y en la remuneración media sobre una base equivalente a jornada completa de los empleados que no sean consejeros”. El objetivo es cumplir una directiva europea de 2017 de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.
La patronal bancaria es la que ha presentado más reparos a la propuesta. En sus comentarios al proyecto, que acaba de publicar la CNMV, la AEB aprecia “un error interpretativo” de esa directiva europea y asegura que “conllevaría una serie de implicaciones” que “no responderían” a la finalidad de “proporcionar a los accionistas y al mercado, en general, una mayor transparencia así como facilitar una mejor supervisión de los accionistas sobre la remuneración”.
La propuesta, subraya la AEB, implicaría facilitar “información sobre la remuneración de consejeros que hubieran dejado de ostentar el cargo hace más de 4 años”. Esto incluiría a ejecutivos que han dejado la sociedad con la correspondiente indemnización por blindaje, habitual en las cotizadas, aspecto que no menciona la patronal bancaria, que viene a decir que lo que plantea la CNMV va a suponer un engorro para las entidades.
Estas deberán “recabar y facilitar la información sobre consejeros antiguos”, algo que “no sólo resulta más gravoso para la sociedad”; también “dificultaría en gran medida la capacidad comparativa de los accionistas, al facilitarse un elevado volumen de información que ya no es pertinente ni relevante a los efectos de evaluar la relación entre la remuneración de los consejeros (con cargo vigente al tiempo de la formulación del informe) y la remuneración de los empleados”.
“Esta situación se vería agravada”, además, en el caso de las entidades de crédito, “donde los requisitos de remuneración relativos a los periodos de diferimiento de la remuneración variable y pago en acciones harían que la información a presentar fuese muy compleja”. “Para el caso de que se decidiera mantener la tabla” en los nuevos informes anuales, AEB pide que solo se publique información sobre los consejeros que han ostentado el cargo en el ejercicio en curso y no sobre los cesados en años anteriores.
También preocupa a la patronal bancaria qué magnitud se deberá utilizar para evaluar el desempeño de las empresas en esa comparación. “El resultado antes de impuestos puede no ser siempre la métrica más representativa” y sería “conveniente” que cada sociedad incluya “la métrica que considere más adecuada”.
Otro aspecto que destaca la AEB es que hay sociedades que celebran su junta de accionistas en el primer trimestre, y la fecha de publicación de los informes de remuneraciones (que deben presentarse a la aprobación de la asamblea, con carácter consultivo en la mayoría de los casos) “estará muy próxima al cierre del ejercicio anterior”. Así, es “posible” que la información sobre la remuneración media de los empleados del último año “deba, necesariamente, facilitarse como una estimación”.
En esas fechas, “no es operativamente posible haber concluido el cálculo de la remuneración variable anual de toda la plantilla”. Y “es incluso dudoso que sea operativamente posible recabar siquiera datos provisionales de calidad a nivel Grupo en un momento tan próximo a la fecha de cierre del ejercicio”.
Por último, para “evitar potenciales confusiones y en aras de una mayor claridad”, debería especificarse “que para el cálculo de la remuneración media de los trabajadores deberá aplicarse el mismo criterio de devengo” que para los consejeros.
“Un poco confusa”
También ha puesto pegas a la propuesta de la CNMV Emisores Españoles. Esta asociación representa a más del 70% del mercado bursátil español y el 75% del Ibex, según su web. En ella están la mayoría de grandes cotizadas, salvo Telefónica y Naturgy, la luxemburguesa ArcelorMittal y, también en el Ibex, Almirall, Mapfre y Meliá. Tampoco está ACS, pero sí Abertis, de la que la constructora controla el 50%. Fuera del Ibex, pertenecen a ella AtresMedia, Codere, Ence, FCC, Mediaset, FCC, OHL, Prisa, Sacyr, o Prosegur, entre otras.
La entidad considera “algo excesivo el nivel temporal de comparación de cinco años, máxime si la información es pública”. Y “podríamos encontrarnos con situaciones en las que sean de aplicación tres políticas de remuneraciones de consejeros, ya aprobadas por junta, e informadas en ejercicios anteriores”.
Además, “no queda del todo claro si hay que empezar desde 2021 contando cinco años atrás”, hasta 2017, o si se va a ir incorporando la obligación progresivamente, “de 2021 en adelante”. En el primer caso, supondría aplicar la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital “a unos ejercicios en los que no sería aplicable, por no estar en vigor”, y a consejeros “que pueden no ser los mismos que en la actualidad o cuya remuneración puede haber sufrido cambios que hacen que no sea comparable de un año a otro”, como “un presidente que en uno de los años tiene funciones ejecutivas pero en el resto o no”, o un consejero que ha sido miembro de comisiones solo en parte del periodo.
“En cinco años varía mucho la composición del consejo, por lo que convendría aclarar a qué consejeros se está haciendo referencia. Parece razonable pensar que se refiere a los que lo sean a 31 de diciembre del año al que se refiera el informe. No obstante, la información puede resultar un poco confusa, porque habrá consejeros para los que aparezca la información de cinco años, pero de otros consejeros habrá información de menos años”.
Respeto a las compañías que acaban de salir a cotizar, “no queda claro si hay que informar también sobre retribuciones de consejeros que ya no lo son y cuyas remuneraciones no tenían que ser públicas”, ya que las sociedades no cotizadas no desglosan los sueldos de sus administradores.
En cuanto al cálculo de los importes a incluir, Emisores Españoles pregunta qué empleados hay que tener en cuenta, “si los nacionales o los mundiales, pues los números variarían ostensiblemente”. Y al detallar las variaciones e importes, “habría que tener en cuenta que podría haber incorporaciones de ejecutivos en mitad del periodo”, o “renuncias destacables”, por lo que “se necesitaría más detalle”.
La CNMV incluyó esta propuesta en el Plan de Actividades para 2021 que presentó en marzo y la sacó a consulta pública hasta el 5 de agosto. Con ella, los accionistas tendrían información sobre si van en paralelo los sueldos de los consejeros de las compañías cotizadas con lo que cobran sus plantillas y la marcha de sus beneficios. Hay indicios que apuntan a lo contrario.
En 2019, un estudio pionero publicado en el boletín trimestral del organismo constató que los ejecutivos del Ibex tenían una “muy baja” exposición a la rentabilidad de la empresa, tras comparar sus retribuciones y la evolución de su cotización entre 2013 y 2017. Su conclusión fue que la remuneración creció un 59%, el triple de lo que se había revalorizado el índice en Bolsa. Y advertía de que las millonarias pensiones del Ibex, un elemento distintivo de España, incentivan que los ejecutivos se comporten como si fueran acreedores y no accionistas.
Los sueldos de los consejeros del Ibex encadenaron en los ejercicios previos a 2020 una trayectoria ascendente imparable hasta que llegó la pandemia. En 2019, la retribución media por vocal superó por primera vez los 700.000 euros, su sexto récord anual consecutivo. Esta racha se truncó con la crisis de la COVID-19, que llevó al conjunto del Ibex a sumar pérdidas récord de 7.334 millones y, con excepciones como Acciona o Iberdrola, propició cierta moderación en los pagos a sus máximos órganos de gestión. Estos bajaron un 8,4% el año pasado, hasta unos 286 millones.