Habrá que esperar para ver algo más de transparencia en la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). La convocatoria de elecciones y la situación de impás político han dejado en el limbo la digitalización de la gestión de esta entidad y la creación de una web para difundir su actividad, dos iniciativas previstas desde hace ya más de dos años.
Ambas medidas estaban recogidas desde junio de 2021 en el Plan de Recuperación. La Componente 11 de ese documento, dedicada a la modernización de las administraciones públicas, preveía estas actuaciones entre las inversiones para la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
“En la Oficina de Conflictos de Intereses las inversiones se centran en la digitalización de la gestión de incompatibilidades de Altos Cargos y del personal de la AGE y en el refuerzo de las actividades de información, sensibilización y formación en materia de conflictos de intereses e integridad pública con la creación de un portal de la Oficina de Conflictos de Intereses”, decía el Plan de Recuperación.
En diciembre de 2021, en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, el Gobierno puso cifras al presupuesto previsto para el proyecto de diseño funcional y tecnológico del portal web de la Oficina de Conflictos de Intereses, con fechas para su implementación y puesta en funcionamiento: “Se realizará a lo largo de los ejercicios 2022 y 2023, siendo la dotación prevista de 250.000 euros”. Finalmente no ha visto la luz.
Fuentes del Gobierno en funciones indican que, de volver Pedro Sánchez a Moncloa, la intención es retomar esa iniciativa.
La Oficina de Conflictos es la herramienta del Estado para controlar las denominadas puertas giratorias de altos cargos que saltan al sector privado. Se dedica a analizar las posibles incompatibilidades antes o después de dejar el puesto y analiza aspectos como si estas personas han tenido un enriquecimiento injustificado en la Administración.
La entidad da cuenta de su actividad en unos informes semestrales que remite al Gobierno y al Congreso. En ellos detalla, de haberlos, qué altos cargos no han cumplido con sus obligaciones de presentación de declaraciones de bienes al nombramiento o al cese, incluyendo, cuando hay sanciones, copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, para el común de los ciudadanos la rendición de cuentas es muy inferior. La ley de altos cargos de 2015 establece que los resúmenes de esos informes que se publican en el BOE (el último, el pasado 1 de agosto) están cercenados: solo incluyen “información agregada, sin referencia a datos de carácter personal”, y no identifican a quién afectan los procedimientos sancionadores incoados o resueltos. Solo dan cifras globales, sin nombres y apellidos.
Y el resultado de esa normativa es que el organismo ha tenido en ocasiones una relación conflictiva con la transparencia. En 2020, la Audiencia Nacional dio la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y dictaminó que la oficina debía desvelar los nombres de una decena de altos cargos que habían rehusado declarar sus bienes, pese a estar obligados a hacerlo, y que mantenía en secreto.
La Oficina de Conflictos de Intereses depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. Está dirigida desde su creación en 2007, con el rango de subdirección general, por Flor López Laguna. Miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles, ya en enero de 1996 López Laguna fue nombrada subdirectora general del Régimen de Incompatibilidades en la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas. En resumen, lleva casi tres décadas fiscalizando estas cuestiones.
“Soy funcionaria del Estado por oposición, lo cual quiere decir que yo no tengo amos, bueno, amo sí, tengo un amo, la Constitución, el ordenamiento jurídico, las leyes”. “No es solamente que la autonomía de la Oficina implique que no recibimos instrucciones, sino que los funcionarios del Estado, nosotros tenemos la permanencia en el empleo, no admitimos criterios contrarios al ordenamiento jurídico”, dijo López Laguna en el Congreso en 2018.
En esa comparecencia, la directora de la Oficina dijo a los diputados que “jamás en la vida” ha recibido instrucciones de ningún Gobierno, que la entidad aplica la ley “con el mayor rigor” y que son sus señorías “quienes tienen la facultad de endurecer en su caso los regímenes de incompatibilidades, de conflicto de interés, etcétera, no nosotros”.
También calificó el asunto de los lobbies de “tema interesantísimo” que “tiene que ser regulado, porque hay conflictos de intereses, no solamente desde el empleo público que va a lobby, como desde el lobby que proviene del sector público”. “Es un tema que la Oficina de Conflictos de Intereses debería intervenir, pero en este momento creo que no lo podemos asumir”.
De aquello ha pasado un lustro. El pasado noviembre, más de cuatro años después de esa comparecencia, el Ministerio de Hacienda aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los Grupos de Interés, que preveía regular por primera vez en España las relaciones entre los lobbies y los altos cargos de la Administración General del Estado y el sector público.
La norma, uno de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa, también formaba parte del Plan de Recuperación. Entre otras cosas, el anteproyecto prohibía a los altos cargos del Estado realizar durante dos años actividades de lobby, entendidas como comunicaciones directas o indirectas con el personal público implicado en la actividad normativa.
El texto incluía un régimen sancionador específico y la creación de un registro de grupos de interés obligatorio, con datos como la sede o las reuniones con personal público durante el proceso de elaboración de las leyes. Ese registro estaría disponible, precisamente, en esa futura web de la Oficina de Conflictos de Interés.
Sin embargo, el Consejo de Ministros ni siquiera llegó a aprobar el proyecto de ley antes de la convocatoria de elecciones y la iniciativa decayó antes de nacer.
El programa electoral del PSOE, el partido con más posibilidades de gobernar tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, prometía aprobar esa ley “para dar transparencia a las actividades de los grupos de interés, creando un registro público y gratuito que permita monitorizar las actividades de influencia que se ejercen sobre el personal empleado público”.
Los socialistas también prometían una ley que vaya más allá de los altos cargos de la administración y “regule el sistema de incompatibilidades del personal al servicio del sector público para evitar los conflictos de intereses y la práctica de puertas giratorias”, “reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” introducido en la última reforma del Código Penal.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.