El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados oculta las reuniones de los parlamentarios con los llamados grupos de interés o lobbies, por su nombre en inglés, y la influencia que puedan tener en las decisiones de los representantes públicos y en la elaboración de las leyes. Todo ello a pesar de la reciente aprobación de normas de transparencia en las distintas administraciones del Estado y también en las diferentes cámaras de representantes, así como las iniciativas registradas por distintos grupos para regular esos grupos de interés.
En el caso del Congreso de los Diputados, en octubre de 2020 aprobó el código de conducta de las Cortes Generales que establece la obligación de diputados y senadores de hacer públicas sus reuniones con estos grupos. La citada normativa recoge que “los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”.
“A estos efectos”, añade el texto, “y en tanto no se produzca la reforma de los Reglamentos para regular el Registro y la actividad de los grupos de interés en las Cámaras, tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”.
La normativa explica que, “en ambos casos, así como respecto de la declaración de intereses económicos prevista en el artículo 4.3, cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”.
Las reuniones con los lobbies son determinantes, en muchos casos, a la hora de elaborar nuevas leyes. Esos grupos entre los que se encuentran grandes compañías pero también asociaciones profesionales o distintas agrupaciones patronales suelen plantear a los políticos propuestas concretas que les benefician y que, en ocasiones, los partidos del Gobierno o de la oposición incluyen de forma literal en los textos legislativos. Por eso todos los expertos en Transparencia dan tanta importancia a que se conozcan los contactos entre las formaciones y los grupos de interés.
“Fuera del ámbito” del derecho de acceso a la información
Por el momento, sin embargo, no es posible conocer esas reuniones en el caso de la Cámara Baja. El pasado mes de enero elDiario.es realizó una solicitud formal de información al Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados “sobre reuniones mantenidas por los señores y señoras diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox durante el año 2021 con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés y que están obligadas a hacer públicas según el Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en octubre de 2020”.
La respuesta llegó a finales de ese mes: “De conformidad con el artículo 2 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a Derecho Administrativo (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie D, núm. 595, de 23 de enero de 2015), que dispone que el derecho de acceso a la información pública se refiere a aquella que obre en poder del Congreso de los Diputados sobre sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la presente solicitud se encuentra fuera del ámbito de aplicación de dichas Normas”.
“No obstante”, explicaron desde la Secretaría General del Congreso –un órgano de dirección de la cámara ejecutivo e independiente a la Presidencia de Meritxell Batet– “se hace constar que la agenda institucional la publican 143 diputados y la personal 83”. “Todas ellas figuran en sus correspondientes fichas personales, a las que se puede acceder a través del Portal de Transparencia”. Este diario lleva varios meses consultando esas fichas de los parlamentarios y no ha encontrado la información relativa a las reuniones con esos grupos de interés o lobbies en los perfiles institucionales de los diputados.
Es decir, que aunque sobre el papel los diputados deben dar cuentas de esos encuentros a los servicios de la Cámara Baja, tal y como explican desde el Portal de Transparencia en estos momentos no es posible que las reuniones sean conocidas por la ciudadanía.
El Consejo de Europa ha planteado en varias ocasiones la necesidad de impulsar esa regulación de los lobbies en el marco de su fiscalización sobre la lucha contra la corrupción. Por eso en el último año el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el PSOE han impulsado iniciativas encaminadas a regular los grupos de interés en la línea en la que quedó plasmado en su programa electoral y en el acuerdo programático suscrito con Unidas Podemos. El PP también presentó una proposición para reformar el reglamento del Congreso e incluir este asunto, aunque su propuesta fue tumbada en septiembre en la Cámara Baja, que sí aprobó tramitar otra del Grupo Socialista.
Retraso de un año
El texto, sin embargo, sigue encallado en la Comisión de Reglamento del Congreso. Desde el registro de la iniciativa hace prácticamente un año, el 23 de abril de 2021, ha ampliado en treinta ocasiones el plazo para presentar enmiendas al articulado. El próximo vence el miércoles 6, pero las fuentes parlamentarias consultadas sostienen que volverá a producirse un aplazamiento, retrasando la aprobación de la norma en más de doce meses, y para la que no ven avances significativos.
La propuesta del PSOE plantea la creación de un registro de lobbies en la Cámara Baja, que tendría carácter público y se podría consultar en la página web del Congreso. El texto contempla que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con lesos grupos de interés. “Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia”, especifican los socialistas.
El PSOE también planteó la creación de una suerte de huella legislativa de cada ley y también contempla sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los lobbies. La idea es que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto para que se incorpore toda la información aportada por los grupos de interés sobre la iniciativa correspondiente. Finalmente plantean la inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los lobistas y posibles sanciones para los diputados y grupos que incumplan esas obligaciones.