El Impuesto de Sucesiones y Donaciones acaba de perder una importante batalla en uno de sus principales bastiones en España. A partir de 2018 queda prácticamente eliminado en Andalucía (dejará de pagarlo un 95% de los contribuyentes). Los gobernantes de esta comunidad llevaban años defendiendo este impuesto como “justo” y “redistributivo de la riqueza”, frente a regiones con altas bonificaciones como Madrid o Canarias. El Gobierno de Susana Díaz se ha visto impelido a acabar con el impuesto para sacar adelante los Presupuestos del año que viene con el apoyo de Ciudadanos.
Este tributo autonómico queda “tocado” (en Andalucía se recauda un 15% de los alrededor de 2.200 millones de todo el país). Sin embargo, la futura reforma de la financiación autonómica, que parece suspendida por el momento a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto catalán, podría suponer la armonización del tributo, cuya disparidad en España ha llegado a provocar campañas y manifestaciones.
Así lo propuso el grupo de expertos sobre la materia que entregó su informe el pasado mes de julio al Gobierno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones era estatal hasta que, en una Ley de 1983, se cedió a las Comunidades Autónomas. El Parlamento no fijó criterios para evitar que las normas autonómicas introdujeran diferencias excesivas. Y esto permitió una competencia feroz entre diversas Comunidades por motivos ideológicos o económicos, a la que ahora se suma Andalucía.
Lo que cree la comisión de 21 expertos elegidos por el Gobierno y las comunidades autónomas es que se debe armonizar el impuesto con un mínimo exento único que podría variar entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco, y también un máximo que no detallan.
Uno de los miembros de este grupo de expertos, el profesor de Economía Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, Alain Cuenca, tiene claro que el Gobierno debería poner un mínimo armonizado (él particularmente no estaba a favor del máximo) para evitar la competencia a la baja. Sostiene que el de Sucesiones es un impuesto “necesario y redistributivo” que contribuye a la equidad.
¿Una doble imposición?
Frente a quienes consideran que este impuesto supone, al igual que el del Patrimonio, una “doble imposición” (dado que se grava la riqueza o el bien cuando se obtiene y cuando se hereda) Cuenca refuta que la persona que recibe la herencia no es la misma que la ha generado y ha pagado los correspondientes tributos. De hecho, recalca que en multitud de ocasiones las rentas altas que se heredan son a su vez heredadas, y no generadas por los finados o donantes.
También pone el foco en el hecho de que los contribuyentes más pudientes con cierta frecuencia tributan por sus bienes a través del impuesto de Sociedades, menor que el IRPF. En todo caso Cuenca ve en toda esta polémica la demostración palpable de la urgencia de reformar la financiación autonómica.
El problema de la falta de equidad
El secretario técnico del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo, cree que la eliminación del Impuesto de Sucesiones en Andalucía ha sido fruto de la presión ciudadana y de la competencia entre CCAA. Entre los inconvenientes del impuesto, Del Amo recuerda que se suelen citar sus altos tipos impositivos “en tiempos de bajos tipos de interés”, su incumplimiento de los principios de proporcionalidad por las diferencias entre Comunidades Autónomas, y que puede desincentivar el ahorro.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es uno de los más antiguos que existen (se remonta al Imperio Romano) y en España se considera que tiene sus antecedentes más remotos en el siglo XVIII. A pesar de la creencia de que se ha eliminado en la mayoría de los países, lo cierto es que las herencias se siguen gravando en casi todo el mundo desarrollado (27 de las 34 naciones de la OCDE). Cuando George Bush se planteó su supresión en 2001 en EEUU, un centenar de multimillonarios, entre ellos Warren Buffet y David Rockefeller, promovieron una campaña para evitarlo.