Fe de errores
En una primera versión del artículo se señalaba erróneamente que la cuota del sindicato de inquilinos de Barcelona son 50 euros mensuales, cuando son anuales.
Las movilizaciones por la vivienda digna hunden sus raíces en las luchas obreras de finales del siglo XIX en los países industrializados. En la España contemporánea, las primeras referencias históricas se remontan a octubre de 1883. Se celebró entonces un “Congreso de Trabajadores de Valencia” en el que se llegó al acuerdo de promover “huelgas de inquilinos para imponer la rebaja de alquileres a los propietarios”, como explica Sebastián Martín, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Sevilla en este artículo. Después vendría una gran protesta antidesahucios en Baracaldo en 1905 y la más conocida huelga de inquilinos de Barcelona en 1931. “En aquella época nadie discutía el hecho de que las condiciones de la vivienda del proletariado industrial eran insufribles”, señalan David Madden y Peter Marcuse en el libro “En defensa de la vivienda”. El texto clásico sobre los aspectos político–económicos de los lugares donde habitamos fue escrito por Friedrich Engels en 1872 y mantiene que el problema de la vivienda está integrado en las estructuras de la sociedad de clases.
En el siglo XXI el acceso a la vivienda sigue siendo un conflicto por resolver. La cara que mostró hace una década fue la de una burbuja inmobiliaria que entre otras consecuencias provocó que miles de personas accedieran a hipotecas que después no pudieron afrontar cuando la crisis les envió al desempleo. Fue entonces cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que militaron miembros relevantes de partidos políticos posteriores como Irene Montero o Lucía Martín, se constituyó para evitar los llamados lanzamientos (expulsiones) de personas vulnerables y para luchar por la dación en pago, es decir, que en caso de desahucio el banco aceptase la casa para zanjar la deuda, sin pedir además el pago del importe restante. En estos años, muchos de los avances en los derechos de los hipotecados frente a los bancos han venido impuestos a España por sentencias de tribunales europeos.
Ahora, los límites de gobernanza impuestos a los excesos de la banca tras una de las grandes crisis que ha vivido el capitalismo, junto a las dinámicas de inversión en “el ladrillo” en un contexto de crecimiento del turismo y de las plataformas de la nueva economía como Airbnb, han trasladado el foco a los alquileres. Es ahí donde han crecido y se han hecho cada vez más fuertes los llamados sindicatos de inquilinos.
El portavoz de una de estas organizaciones en Barcelona, una de las caras más conocidas y mediáticas en la defensa del derecho a la vivienda, es Jaime Palomera. Esta semana ha sido imputado por “coacciones” a una propietaria junto a dos inquilinos y a otro activista, en un caso que dilucidará los límites a la negociación entre partes en un conflicto por el alquiler, al menos desde el punto de vista judicial.
Hace unos días, el portavoz del sindicato informaba en Twitter que la policía se había presentado en su antigua casa. “Me imputan un delito sin ninguna prueba”, denunciaba.
Preguntado por eldiario.es, Palomera aclara que por orden de la juez no puede hablar de la propietaria que le ha denunciado. Se trata de la campaña para evitar el desahucio de Juan y Livia, otros dos de los imputados, que se hizo célebre sobre todo cuando la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, publicó un vídeo de apoyo en el que se mencionaba el nombre de la propietaria. Ellos son un matrimonio de Perú con tres hijos a los que, según relatan, querían subir un 30% el precio del alquiler tras once años en el piso. La dueña alega que no había hecho subidas anteriores y que en todo caso lo que quiere ya es que se marchen. El próximo 10 de diciembre tienen otra orden de desahucio programada, tras fracasar la anterior por la movilización ciudadana.
Lo que han hecho estos inquilinos, aconsejados por el sindicato, es seguir ingresando el pago mensual del alquiler, a la espera de llegar a un acuerdo con la propietaria, una de las acciones que se recomiendan en estos casos de desacuerdo. Hay algunas discrepancias entre el relato de los hechos de la dueña, que concedió una entrevista a idealista news y otros medios, y el del sindicato de inquilinos.
Entre otras cosas, ella atribuye un sueldo al inquilino de 2.500 euros mensuales (pero según él mismo es camillero de hospital y solo gana alrededor de 1.000). También alega la propietaria que los precios en el barrio son mucho más altos, aunque según la descripción de los movimientos por la vivienda, se trata de un barrio “de rentas medias” en el área de Gracia, limítrofe con una zona de rentas medias/bajas. Ante el juez, los cuatro imputados han negado las coacciones denunciadas y que según la dueña han incluido protestas en su lugar de trabajo, cartelería con su nombre y llamadas telefónicas. En otra entrevista en El País, la dueña alegó que no tenía que dar explicaciones a nadie sobre el número de sus propiedades inmobiliarias (en el registro de la propiedad, público, aparecen cinco pisos a su nombre). “¿Qué importa los pisos que tenga, qué quieren, que se lo regale?”, se preguntaba.
Sin poder entrar en este caso, Palomera recalca que entre la base social de afiliados en el sindicato hay inquilinos y propietarios. “El sindicato no hace una defensa estrecha de los derechos de quienes viven de alquiler, sino que promueve el derecho universal a la vivienda y a ciudades más sostenibles y justas: y eso incluye cosas que afectan a todo el mundo, como el impacto de Airbnb (que no solo elimina vivienda residencial y hace subir precios, sino que degrada la vida comunitaria en las escaleras de vecinos y barrios) o como el impacto de la especulación del alquiler en el pequeño comercio”.
A su juicio, “el sindicato es una red de protección y defensa frente al abuso inmobiliario. Y la mayoría de problemas se dan o bien con fondos buitre o bien con arrendadores/rentistas con un mínimo de 5 viviendas en alquiler, que representan aproximadamente a un 1% de la población barcelonesa”.
Funcionamiento de los sindicatos de inquilinos
El sindicato de inquilinos de Barcelona nace públicamente el el 12 de mayo de 2017, aunque las primeras asambleas empiezan a finales de 2016. Su financiación es autónoma, en base a las cuotas de los socios (50 euros anuales pero se adapta a las posibilidades de cada hogar). Hay aproximadamente 2.000 afiliados en Barcelona, y cada mes aumenta la cifra, explican.
Este pasado verano hicieron balance de sus dos primeros años de existencia y se felicitaban por haber “trabajado para construir un discurso alternativo al hegemónico y proponer alternativas”. Defienden diez puntos entre los que destacan alargar los contratos hasta los 12 años (en la actualidad el máximo son siete para personas jurídicas) o regular las subidas entre contrato y contrato. Asimismo promueven sus reivindicaciones políticamente a través de encuentros y reuniones con partidos e instituciones, y ponen en marcha campañas concretas para frenar aumentos de precios o desahucios.
“La gran mayoría de las personas que se ponían en contacto con nosotras estaban bajo la amenaza de una subida abusiva o de una expulsión injustificada (entre el 80 y el 90% de las consultas). Aunque las diez propuestas del Sindicat van dirigidas a poner fin a todas las subidas y expulsiones (es decir, a solucionar la problemática de forma estructural), entendemos que la acción sindical pasa por conseguir victorias aquí y ahora”, aseguran. En concreto, se trata de las campañas #EnsQuedem [NosQuedamos] y Exigim #LloguersJustos [Exigimos #AlquileresJustos]. Con estas acciones, junto a su labor de mediación entre propietarios e inquilinos, han conseguido paralizar desahucios y fuertes subidas, en varios casos con grandes fondos de inversión, como detallan en su web.
Además de Barcelona, en España hay sindicatos de inquilinos en lugares como Zaragoza, Málaga, Sevilla, Gran Canaria o Madrid.
En el caso de esta última ciudad, el sindicato de inquilinas se presentó en 2017. Empezaron a asesorar a inquilinos con conflictos por expulsiones, subidas del alquiler o por no poder recuperar las fianzas debidas. Celebraron su primera asamblea en marzo 2018 y empezaron una estrategia que llaman “Bloques en lucha”, el más famoso y simbólico de los cuales ha sido el de la calle Argumosa, 11. En este edificio del ahora deseado y hasta hace poco abandonado a su suerte barrio de Lavapiés se pretendían subidas de más del 300% de los precios para echar a los antiguos vecinos y crear pisos turísticos. “En febrero de 2019, con el megadesahucio de Argumosa, lleno de irregularidades, nuestro sindicato cerró un ciclo”, explica uno de sus portavoces, Javier Gil. A partir de ahí, empezaron a sumarse muchos otros bloques, tanto del centro de Madrid como de sus periferias, propiedad de fondos de inversión como Blackstone y Lazora. “Tenemos más de cincuenta bloques en lucha en estos momentos”, afirman.
Javier Gil explica que, a diferencia de Barcelona, el sindicato madrileño no ha pedido hasta ahora cuotas de afiliación, y ha venido financiándose con las aportaciones de los propios impulsores del movimiento y algunas donaciones puntuales de organizaciones. Aunque por el tamaño que han adquirido, precisamente la próxima semana tienen previsto iniciar una campaña para intentar captar asociados. “Esto ha sido un desborde. Hasta ahora lo pagamos todo de nuestro bolsillo, por pura militancia, pero llevamos tres meses tratando de idear una nueva forma de organización”, subraya.
Presencia mediática
Uno de los principales medios de difusión de estas organizaciones han sido las redes sociales. Gil hace también hincapié en la presencia mediática: “Antes, para comentar los datos de vivienda solo hablaban los portales inmobiliarios. Ahora estamos también los sindicatos de inquilinos para decir que donde ellos ven una recuperación del mercado nosotros vemos una burbuja. Esto no es un fenómeno meteorológico, el precio y las condiciones del acceso a la vivienda dependen de los cambios legislativos”, subraya.
Pese a que se autodenominen sindicatos, en su caso son una asociación, ya que en España los primeros tienen que tener una vinculación laboral. “Queremos que se nos reconozca sindicalmente –relata el portavoz– porque nos daría una serie de derechos asociados a la protesta”.
Tras los movimientos de lucha por la vivienda digna de finales del XIX, en algunos países este tipo de entidades se perfeccionaron y fueron ganado fuerza durante el siguiente siglo. Los sindicatos de inquilinos son un movimiento histórico que en lugares como Suecia tienen 540.000 afiliados, o 1,2 millones en Alemania. En Austria son una organización con 130 años de historia. Su implantación con esta forma evolucionada es mucho más reciente en España y aún están por definirse muchos aspectos legales de su naturaleza, pero parece indudable que se están convirtiendo en un actor (incómodo para otros más tradicionales) del sector inmobiliario.