La cumbre del Consejo Europeo de finales de la semana pasada en Bruselas prorrogó la decisión del plan de choque comunitario para abordar la súbita y continuada subida del recibo de la luz en la UE. Un compás de espera durante el cual los ministros de Energía de la Unión continuarán forjando las líneas esenciales de un acuerdo que deberán refrendar en diciembre los jefes de Estado y Gobierno, según el itinerario marcado en su reciente cita en la capital belga.
En este ínterin, el planteamiento del plan de choque del Ejecutivo español, que descansa en gran medida en una rebaja substancial de la carga impositiva que soporta el recibo de la luz, parece ganar adeptos y, sobre todo, razones de peso. A juzgar por la presión tributaria, en la que España ha pasado a ser el cuarto socio europeo con un mayor peso impositivo sobre el recibo de la luz al término del primer semestre del año.
Los datos, recién revelados por Eurostat, dejan una lectura de especial relevancia, que asume el propio diagnóstico de la oficina de estadísticas europea. El extraordinario incremento del precio de la energía, propagados por la larga escalada del gas durante la casi totalidad de este ejercicio, y que ha contagiado al barril de petróleo -el Brent se ha instalado por encima de los 80 dólares- se debe a un rango de factores concatenados. Estos son desde geopolíticos hasta fiscales, pasando por recargos de costes por uso de infraestructuras, obstáculos en los flujos comerciales o costes de protección al medioambiente; sin olvidarse de la configuración de los mix energéticos de cada socio, la severidad de las condiciones climatológicas -pasadas y venideras- y, por supuesto, de los diferentes márgenes de maniobra que deja la fiscalidad para corregir la reciente inestabilidad en los precios, después de un largo decenio de relativa calma inflacionista.
Una evidencia que se refleja al comparar esta última radiografía estadística con la de la segunda mitad de 2020, cuando el recibo de electricidad de los hogares españoles fue el quinto más caro de toda la UE -por detrás del alemán, el danés, el belga y el irlandés-, pero el cuarto en presión impositiva. Con Irlanda, el país que le antecedió en carestía de la luz, con la cuarta menor carga fiscal, sólo por encima de Holanda, Bélgica y Bulgaria. Un síntoma de que los factores externos, de contracción de la oferta, esencialmente, y de fuga de inventarios son los que determinan las tensiones inflacionistas de la energía y que la reducción de impuestos alivia pero no corrige por sí misma una escalada de precios como la actual.
El planteamiento de Eurostat -y del mercado- lo comparte también la firma de investigación y datos alemana Strom, cuyos expertos aseguran que “los impuestos y las tasas son los principales hechos diferenciales” en los recibos de luz europeos. Este es el apartado donde se debería actuar de forma preferente, según esta firma, dado que las cargas tributarias han pasado, de promedio, de suponer el 25,6% del recibo en 2011, al 40,3% al término de 2020, dentro de un baremo que oscila entre el 66% de presión que soportan los daneses a tan sólo el 3,4% de los holandeses o el 6% que registra el recibo de la luz de los hogares malteses.
Más en concreto, desde Strom ponen el acento en el IVA. En Europa -explican en esta consultora- la media del gravamen por IVA se sitúa en el 15,5%, dentro de una horquilla que oscila entre el 4,8% de Malta y el 21,2% de Hungría, el socio con mayor carga tributaria de esta figura. El Ejecutivo español en su decreto de finales de septiembre ha aprobado la rebaja de este tributo con el recorte del tipo fiscal del 21% al 10%.
En este tributo, los hogares españoles serían los quintos, junto a los italianos, con una aportación más reducida del IVA. El gravamen del 10% sólo está por encima del de Luxemburgo (8%), de los de Portugal y Croacia (6%), el 5,5% de Francia y el 5% de Malta, tras salir del bloque del 21% del IVA de Bélgica, Estonia, Lituania, República Checa o Países Bajos.
En Holanda se produce un caso curioso, porque la contribución impositiva al recibo de la luz es negativa, en tres décimas, por la bonificación que aplica el país y que repercute sobre el resto de tributación asociada a la luz.
Adhesiones de socios europeos
España, por las características, la estructura de su mercado eléctrico y el peso de las diferentes fuentes productivas de su mix, traslada con suma facilidad y celeridad al consumidor el efecto inflacionista del recibo de la luz a través de tres figuras: El IVA, el Especial de la Electricidad -que el Gobierno ha bajado del 5% al 0,5% en el plan de choque para rebajar el precio de la luz- y el que grava el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, conocido como tasa de generación, del 7% y que está en suspensión hasta finales de año.
También desde varios socios europeos surgen planteamientos similares al de las rebajas fiscales españolas. Como muestra, dos botones. Alemania ha anunciado que recortará la tasa adicional y suplementaria que repercute entre sus consumidores para apoyar la transición a las energías renovables, que es del 42,7%. La rebaja, de 3,72 céntimos de euros el kilovatio hora (kWh), tendrá efecto hasta el próximo 1 de enero con lo que dejará de ingresar por este concepto 3.250 millones de euros. La tarifa, que ya se abarató el pasado año hasta el 3,9% en un intento de impulsar la economía durante la crisis sanitaria, se destina a sufragar instalaciones eléctricas eólicas y solares.
Alemania no sólo es una de las economías europeas con mayor presión fiscal sobre la generación de electricidad con un 53% de la factura -sólo esta por detrás de Dinamarca, con un 66% de soporte tributario- sino que fue el mercado en el que más creció el precio de la luz a lo largo del pasado ejercicios, con un alza del 20%, hasta los 0,30 euros por kWh. También ha liderado los aumentos en el recibo en el primer semestre, hasta los 0,31 euros; por delante de Dinamarca, con 0,29 euros, según el último diagnóstico semestral de Eurostat, revelado el 20 de octubre.
Otro país que ha asumido la tesis de recortes impositivos sobre la luz del presidente Pedro Sánchez ha sido la República Checa, cuya ministra de Finanzas, Alena Schillerova, hizo oficial una petición a la Comisión para aprobar la exención total del IVA, entre noviembre y diciembre, que se carga sobre las ventas de energía. El Gobierno checo no descarta prorrogar esta medida de “acción inmediata” a todo 2022 -un gravamen cero de este impuesto indirecto- ante la “extraordinaria situación” de los mercados eléctricos europeos.
A falta de saber el dictamen de las autoridades europeas, desde la OCU se recuerda que el precio de la luz se mantuvo en España en niveles récord en la primera quincena de octubre, superando los 200 euros/MWh. “En el mercado mayorista, el coste de cada MWh ascendió a nada menos que 202,77 euro, batiendo niveles históricos”, lo que ha elevado la factura de la luz en un 30% respecto a septiembre: 156,15 euros/MWh. Se ha multiplicado por seis la tarifa interanual de los últimos doce meses; es decir, desde octubre de 2020, cuando marcó un registro de 35,56 euros por MWh.
En opinión de la asociación de consumidores, “la escalada actual no tiene síntomas de remitir”, debido a los precios del gas, pero también a la carestía de los derechos de CO2. Al tiempo que recuerdan que el término de la energía ha supuesto tradicionalmente el 30% de la factura de la luz; el resto “son peajes, cargos e impuestos”, recuerdan desde la OCU. Si bien, por las embestidas del mercado -matizan- la parte puramente energética “se ha incrementado hasta superar ampliamente el 50%”.
En la organización dicen no confiar en una medida articulada de rebaja de impuestos por parte de la Comisión. Su comisaria, la estonia Kadri Simson, reclamó “acciones concertadas” en el seno de la Unión en las fechas previas a la cita del Consejo, para que esta encrucijada energética no dañe el tránsito hacia la economía verde ni incremente el uso de combustibles fósiles. Aunque, al mismo tiempo, incide en que “la mejor forma de lograr que las facturas de luz de todos los consumidores sigan siendo bajas consiste en garantizar que el diseño general del sistema sea eficiente” sin precisar avances del lado impositivo.
Respaldo de la OCDE y la AIE
Desde foros multilaterales como la OCDE se insta a sus socios y, por supuesto, a toda la órbita europea, a que aproveche la actual coyuntura para diferenciar tributariamente el recibo de la luz con un tratamiento distinto de gravámenes sobre las fuentes fósiles y las renovables. La ideas es inclinar la carga fiscal directa sobre las primeras para promover la transición energética y para estimular las inversiones tecnológicas verdes en las empresas.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se enfatiza que será clave en la descarbonización la instauración de una fiscalidad acorde al valor estratégico que se ha concedido en numerosas latitudes del planeta -y, sobre todo, en Europa- al vehículo eléctrico y a la supresión de la huella de carbono.
En la AIE se recalca que este doble objetivo resulta imprescindible para poder recortar el 18% de misiones que debe corregir el sector del transporte y requiere de una rápida y contundente electrificación del sistema energético y del modelo económico. “De igual manera que se debe incrementar la fiscalidad de las fuentes contaminantes -fósiles- se debe reajustar el mapa impositivo sobre la electricidad”, afirma la IEA.