El plan de choque del Gobierno para bajar la luz y el gas, ante la incesante sucesión de récords del mercado mayorista de electricidad, prevé recortar temporalmente 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas por los beneficios extra que reciben determinadas tecnologías de generación que, afirma, se están beneficiando de la espectacular escalada del gas en los mercados internacionales. El objetivo es abaratar la factura del consumidor medio un 22% hasta fin de año, según ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El paquete, que incluye una congelación de la tarifa regulada del gas natural durante los dos próximos trimestres, busca que la actual crisis energética que vive Europa, que está llevando a los Estados miembros a adoptar distintas medidas de salvaguarda, no amenace la recuperación tras la pandemia. Y persigue materializar la promesa del presidente, Pedro Sánchez, de que los consumidores paguen este 2021 en luz el equivalente a 2018, descontando el IPC. Esto, según los cálculos del Gobierno, situaría la factura anual de un usuario tipo (4,1 kW contratados y un consumo de 2500 kWh año) en unos 600 euros.
Según la ministra para la Transición Ecológica, con estas medidas “no vamos a ver reflejo en la evolución del mercado mayorista de la electricidad”, que este miércoles va a batir el enésimo récord de este año y depende de variables que están “fuera” de la capacidad de acción del Gobierno. Ribera ha insistido ante la UE “en la importancia de dar una respuesta coordinada a nivel europeo” para responder a “las convulsiones” de este momento. “Es un problema que se ve con enorme preocupación por actores económicos y gobiernos”.
Transición Ecológica asegura que, ante esta situación extraordinaria, el esfuerzo se va a repartir “entre todos”. Y parte importante va a recaer sobre las grandes eléctricas, que este martes, antes de conocerse el detalle de las medidas, ya sufrían notables caídas en Bolsa, en especial Endesa, totalmente expuesta al mercado español.
El recorte, que según Ribera se va a llevar a cabo “respetando la rentabilidad de las empresas”, va a detraerles los beneficios extraordinarios que reciben por el alza del gas. Se va a aplicar de forma temporal, hasta el 31 de marzo, cuando se espera que remita la espiral alcista que azota a la cotización de esa materia prima. Hasta entonces, el Ejecutivo restará los ingresos extra que estima que reciben en el mercado mayorista eléctrico las tecnologías de generación que se benefician de esta situación (básicamente, centrales nucleares e hidroeléctricas): según fuentes del ministerio, unos 2.600 millones a los precios actuales, aunque la cifra varía en función de los precios del gas (Ribera lo ha cifrado este martes en 2.500 millones).
La rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas) en los próximos meses y consistirá en una minoración del 90% de los ingresos extra siempre que el gas cotice por encima de 20 euros (ahora supera los 60 euros).
Esos fondos, y otros 900 millones procedentes de la recaudación extra obtenida por el Estado por las subastas de emisión de CO2, se utilizarán para rebajar un 96% y de manera temporal los denominados cargos del sistema eléctrico. Con ello, la parte regulada de la factura se reducirá casi un 50% para domésticos y pymes y entre un 40% y un 25% para la industria, según las previsiones del departamento de Ribera. El ministerio asegura que la medida, que el PP ya ha calificado como “expropiatoria”, respeta la normativa europea y española porque no altera el diseño marginalista del mercado eléctrico que exige la UE, en el que la última central que casa oferta y demanda determina lo que cobran todas.
La vicepresidenta, preguntada por los posibles recursos judiciales de las empresas, ha confiado en que las empresas afectadas “entiendan que se trata de medidas excepcionales en momentos excepcionales”.
Esta medida es independiente del recorte ya propuesto a la retribución extra que reciben esas plantas por la subida del CO2, que está en tramitación en el Congreso y supondrá otro recorte de unos 650 millones a las eléctricas, lo que elevaría el recorte total por encima de los 3.200 millones. En el caso del CO2, las eléctricas han amenazado con adelantar el apagón nuclear porque dicen que hace inviable esta fuente. En este caso es una medida estructural, junto al fondo para sacar las primas a las renovables de la tarifa, que este lunes superó su primer trámite en el Congreso.
El decreto aprobado este martes incluye también las rebajas fiscales temporales de la factura ya anunciadas: prórroga hasta diciembre de la rebaja del IVA al 10% para los domésticos; suspensión del impuesto a la generación del 7% y reducción hasta el límite que permite Bruselas (con una bonificación del 90%, hasta situar el tipo en el 0,5%) del Impuesto a la Electricidad del 5,11%. La recaudación de este tributo (unos 1.400 millones al año) está cedida a las Comunidades Autónomas y el Gobierno deberá compensarlas por ello.
La escalada del gas también va a llevar al Ejecutivo a frenar durante dos trimestres la subida de la tarifa regulada del gas natural que tienen unos 1,5 millones de suministros. El incremento medio en las tres bandas de la tarifa de último recurso (TUR) en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6% (de entre el 4,4% y el 5%, en función del consumo), en lugar del 29% que correspondería por la evolución de la materia prima, “fuera de la capacidad que tienen muchos consumidores”, según Ribera.
Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un “mecanismo amortiguador” similar al existente para el butano. Las comercializadoras de último recurso (CUR) tendrán que financiar transitoriamente la diferencia. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones. En marzo de 2021 (último dato disponible) había 6.412.454 clientes de gas suministrados a precio libre (80,23% del total) y el 19,77% restante (1.579.821 clientes) estaban en la TUR, según la CNMC.
Medidas permanentes
Junto a estas medidas, el Ejecutivo ha aprobado otras permanentes: el nuevo suministro mínimo vital que amplia la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables severos durante seis meses más (diez en total) y garantiza un “abastecimiento mínimo de confort” con una potencia de 3,5 kv; y la puesta en marcha de las anunciadas subastas energía a plazo por las que se obligará a las grandes del sector a ceder parte de su energía a comercializadores independientes y grandes consumidores, para conseguir reducir el peso del mercado mayorista en la formación de precios.
La primera subasta, “un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad”, según Ribera, se celebrará antes de final de año con aproximadamente el 6,3% de la demanda nacional del año pasado, unos 15.830 GWh. Iberdrola, Endesa, EdP y Naturgy estarán obligadas a vender su energía y se establecerá un precio de reserva a propuesta de la CNMC en función de los costes de generación.
El decreto prevé también la reforma de la tarifa regulada de electricidad –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de esa subasta con una ponderación máxima del 10%.
A esto se suma la anunciada reforma de la Ley de Aguas para, según Ribera, garantizar un “uso racional del recurso” y evitar súbitos desembalses de los pantanos tras las impactantes imágenes vistas en este verano de precios récord de la luz, “que a todos nos han dado vergüenza”. Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
El ministerio reconoce que la evolución de los mercados de gas es “preocupante” por el actual desajuste entre la oferta y la demanda, que puede continuar hasta el principio de la primavera, y los bajos niveles de almacenamiento en Europa tras un invierno más frío y largo de lo habitual. Por ello, próximamente va a incrementar las exigencias en días equivalentes de consumo que se establecen a las comercializadoras. “Queremos evitar una situación que más allá de elevados precios pueda suponer riesgo para la seguridad del suministro”, señalan en Transición Ecológica.