La incierta efectividad de las sanciones a los oligarcas rusos: amigos del Kremlin, fútbol y petrorrublos

“Rusia es un país feudal, es un capitalismo feudal. Con este tipo de sanciones se busca una rebelión interna, provocar inestabilidad y ver cómo de cohesionado está el grupo”, explica el profesor de economía financiera y derivados financieros de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Laborda sobre las sanciones que la Unión Europea ha diseñado contra los oligarcas afines al Kremlin.

Una aristocracia económica con estrechos lazos con el Gobierno de Vladimir Putin que a lo largo de las últimas décadas ha tejido fortunas gracias sobre todo a los recursos del gas y del petróleo, pero también a la estructura financiera y bancaria o de materias primas como el acero. Fortunas que, por su opacidad, son difíciles de cuantificar.

Más de medio centenar de nombres

Menos de una semana después de la invasión del territorio ucraniano, la UE ya ha aplicado medidas restrictivas a 680 ciudadanos rusos y a medio centenar de empresas. Nombres propios que ven sus activos congelados y que no podrán entrar o salir del territorio comunitario, ni acceder a terceros que pongan fondos o activos a su disposición.

El último listado de oligarcas se ha publicado este martes, con casi una treintena de nombres. Entre ellos uno que sí afecta directamente a inversiones en España, el del principal accionista del grupo de supermercados Dia, Mijail Fridman.

“Con estas sanciones adicionales, nos dirigimos a todos los que tienen un papel económico significativo en el apoyo al régimen de Putin y se benefician financieramente del sistema. Estas sanciones expondrán la riqueza de la élite de Putin. Quienes permitan la invasión de Ucrania pagarán un precio por su acción”, argumenta el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. 

Esta última lista publicada por la UE es un compendio de oligarcas, nombres del círculo personal del presidente ruso, directivos de petroleras y gasistas, de mineras, pero también millonarios ligados al sector financiero, al transporte, así como políticos y periodistas afines. 

Pero hay nombres que no están y que son más conocidos, como el del magnate Roman Abramovich, propietario -aunque por poco tiempo- de un equipo de fútbol, el Chelsea londinense. Construyó su fortuna durante los años 90, está considerado afín a Putin y dispone de pasaporte israelí. La prensa londinense lleva días especulando con qué haría para evitar ser sancionado y si reclamaría al Chelsea los fondos que le ha inyectado en los últimos años. 

No los va a reclamar, porque ha decidido vender el equipo, según ha indicado el club londinense este miércoles. Abre el proceso de venta y asegura que las “ganancias netas” que obtenga las donará a una fundación que va a constituir para ayudar a las víctimas de Ucrania. Servirán, afirma, para sus “necesidades urgentes e inmediatas” y para la “reconstrucción del país a largo plazo”.

Abramovich no está en la lista de sancionados. En cambio, sí aparece Alisher Usmanov. Bruselas lo considera uno de los oligarcas preferidos del presidente ruso, su testaferro y uno de los “funcionarios-empresarios” esenciales en la gestión de los flujos financieros. De origen uzbeco, Usmanov fue hasta hace dos años accionista de referencia del Arsenal. Actualmente es propietario de USM Holdings, uno de los patrocinadores del Everton.

Medida efectista o efectiva

Este listado, con nombres y apellidos, no es la única sanción y, por impacto económico, tampoco está claro que sea la más efectiva. “Lo que se busca con estas medidas es que estos oligarcas abandonen la estrategia militarista de Putin. Es una medida más efectista que efectiva, pero que busca lanzar un mensaje claro”, argumenta Eduardo Gutiérrez, economista y diputado de Más Madrid. 

“Hay oligarcas que hablan con ciudadanos de a pie. Oligarcas que no van a poder hacer transferencias, que no van a poder viajar, por ejemplo, y de quienes se va a ver su lealtad. Puede que el poder de Putin sea fuerte o que haya construido un castillo de naipes y que, aunque hasta ahora se haya visto seguro, algunos nombres empiecen a darle la espalda”, reflexiona Luis Garvía, director del Máster de Riesgos Financieros de Icade Business School.

En los últimos años, esa lealtad y consistencia de la alianza entre el Gobierno de Putin y el sistema económico, prácticamente, no se ha cuestionado. Y cuando se ha hecho, los oligarcas que han marcado distancias con Putin o se han posicionado en contra han pagado un precio. Basta recordar lo ocurrido con Mijaíl Jodorkovski, que pasó de ser propietario de Yukos –una de las principales petroleras rusas– a posicionarse contra Putin, ser acusado de blanqueo de capitales y entrar en prisión. O Boris Berezovsky, quien hizo su fortuna con el Gobierno de Yeltsin. Fue socio de Abramovich en Sibneft (hoy Gazprom) y fue hallado muerto en Londres hace casi una década.

“El objetivo de las sanciones es ejercer presión a amigos y colaboradores de Putin. Su persistencia en el poder depende del apoyo explícito de la oligarquía”, argumenta Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade y exdiputado de Cs. “Si los oligarcas pagan un peso muy alto, harán presión. Es la única vía para derrocar a un líder así”, añade. “Pero es difícil. ¿Hasta dónde hay cobertura legal cuando pueden ser ciudadanos que tengan un pasaporte de otro país? Pero estamos en una situación extrema. Putin ha creado un sistema basado en el terror y no tiene piedad. Para los oligarcas que estén fuera de Rusia, que tengan sus propios mecanismos de seguridad, puede ser más fácil”, indica Roldán.

Los expertos consultados consideran que, por encima de las sanciones personales y la expulsión parcial de Rusia del sistema Swift –la principal red internacional de pagos de las entidades bancarias–, la sanción que más daño económico hace a Rusia es el bloqueo por parte de Europa y Estados Unidos al Banco Central Ruso al uso de sus reservas en euros y en dólares. Unas sanciones donde, en esta ocasión, también jugará un papel clave Suiza, un país habitualmente neutral y que, en esta ocasión, ha tomado partido.

“Bloquear el 55% de las reservas del Banco Central Ruso significa atar las manos a las autoridades para proteger el rublo, porque no pueden comprar deuda en otra moneda que no sea la rusa”. De momento, esa autoridad monetaria subió los tipos de interés el lunes al 20%. La medida beneficia, sobre el papel, a los oligarcas que tengan depósitos en rublos, que recibirían más por su dinero; y daña a los pequeños deudores, que tendrán que pagar significativamente más por sus préstamos.

De momento, hay magnates sancionados que empiezan a marcar distancias. Uno de ellos es Alexei Mordashov, accionista de referencia del operador turístico TUI. La UE considera que Mordaschov, a través de la empresa Severgroup, es accionista del Banco Rossiya, considerado “el banco personal de los altos funcionarios” rusos. “Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su integración en la Federación de Rusia”. 

Mordashov cobró relevancia en España hace casi 15 años, cuando Arcelor lo tanteó como alternativa para entrar en su capital y frenar la oferta de compra que había lanzado el inversor de origen indio Lakshmi Mittal, quien finalmente se hizo con la empresa.

Este magnate sí se ha posicionado en contra de la intervención en Ucrania. “Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda”, ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia Efe. También ha instado a que acabe “el derramamiento de sangre”.

El caso Fridman

Otro de los magnates que han hablado en los últimos días es Fridman, principal accionista de Dia. Solo unas horas antes de conocer que estaba en el listado de sancionados de la UE, mandó una carta a los empleados de su brazo inversor LetterOne en la que destacaba su origen ucraniano.

“No suelo hacer comunicados políticos. Soy un hombre de negocios, con responsabilidades hacia miles de empleados, rusos y ucranianos. Estoy convencido de que la guerra nunca es la respuesta. Esta crisis va a costar vidas y causar daños a las dos naciones, hermanas desde hace cientos de años”. 

Un comunicado que no ha evitado a Fridman una sanción, aunque piensa apelar. “Son falsedades malintencionadas y deliberadas, pura y simplemente, el producto de fantasías históricas y teorías de conspiración ideadas por individuos privados con sus propias agendas”, asegura el dueño de Dia.

Precisamente la cadena de supermercados, que este martes fue una de las empresas que registraron mayores caídas en la bolsa española (cedió casi un 10%), en la peor jornada para el Ibex desde noviembre, ha tratado de distanciarse, aunque el 70% de sus acciones sean del magnate ruso. “Ningún accionista de LetterOne, incluido el señor Fridman, ostenta, ni individualmente ni mediante acuerdo con otros accionistas, el control de LetterOne. Por lo tanto, ni LetterOne, ni en consecuencia Dia, están sujetos a sanción alguna”, aseguró la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

También Fridman ha desmarcado a Dia de sus sanciones. “Los activos de España están fuera de riesgo”, ha asegurado este miércoles. “En España no tenemos ningún problema político, solo hacemos negocios con normalidad”, indicó en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, en la que, sin embargo, no se pronunció en contra de Putin.

No tiene problemas en España pero su nombre y el de su socio Petr Aven –también en la lista de sancionados por la UE– han sido ya eliminados de entre los integrantes del consejo de administración de LetterOne, que en su informe anual señala que Fridman es su principal accionista, sin precisar su participación. En el Registro de Luxemburgo, el multimillonario figura como “fundador de una fundación” que controla indirectamente un 37,87% del vehículo Letterone Holdings. Desde este martes (al menos formalmente) no tendrá silla en su órgano de dirección.

Fortunas difíciles de cuantificar

Las sanciones contra los magnates pueden acabar impactando en empresas e inversiones, aunque aún esté por ver, y tendrán un efecto en los puertos y en los megayates que en ellos atracan. En los últimos días se está visibilizando la propiedad de algunos de esos buques de lujo –por ejemplo, uno de Abramovich, atracado en Barcelona–, que pueden tener sus horas contadas si sale adelante la sanción que propone España para el conjunto de la UE: cerrar las aguas comunitarias y sus puertos a los barcos de bandera rusa o que sean propiedad de sus ciudadanos.

Se puede poner apellido y nacionalidad a muchas inversiones y activos, pero más difícil es saber a cuánto ascienden sus fortunas, dentro y fuera de Rusia. Uno de los análisis sobre su magnitud lo realizaron en 2017 Filip Novokmet, Thomas Piketty y Gabriel Zucman. En su informe 'De los soviéticos a los oligarcas: desigualdad y propiedad en Rusia', explican que la riqueza de los ciudadanos rusos en el extranjero –sobre todo en Reino Unido, Suiza y Chipre– es similar a la que tiene toda la población rusa dentro del país, aunque reconocen las dificultades a la hora de acceder a información completa. 

En su informe indican que, analizando los activos de los millonarios rusos que aparecen en la lista 'Forbes', estos sumarían 400.000 millones de dólares. Sin embargo, en su análisis, solo los activos de los rusos en el exterior alcanzarían prácticamente el doble, 800.000 millones de dólares. 

Esos datos, recopilados hace casi cinco años, ponen de relieve la dificultad de saber la magnitud real de la riqueza de los magnates y oligarcas rusos y el efecto que tendrán las sanciones nominales sobre ellos y su reacción. “Con la guerra de Ucrania estamos aprendiendo sobre la marcha. En una guerra industrial pesaba la capacidad de destrucción. Ahora es importante el marketing y los oligarcas, esa visión de mercado, la conocen perfectamente”, resume el profesor de Icade, Luis Garvía.