Los cuatro principales indicadores utilizados por el Gobierno para medir la pobreza energética mejoraron en 2019, el ejercicio previo a la crisis del coronavirus, según la última actualización cuya publicación ultima el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El análisis realizado muestra, según el ministerio, que “todos los indicadores se reducen en 2019 con respecto a 2018, y se sitúan en valores similares o inferiores a los de 2016 tras el repunte observado en 2017”.
El ministerio tiene pendiente publicar estos datos desde el pasado 15 de octubre, según establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024. Según Transición Ecológica, “los datos indican el avance que se está produciendo en la lucha contra este problema y reflejan la eficacia de las medidas de acción establecidas por la ENPE, que se empezaron a implantar en 2018”. El año pasado, en la primera actualización de esos datos, empeoraron dos de los cuatro indicadores, relativos a la denominada pobreza energética escondida en los hogares (que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional) y el porcentaje de la población con dificultades para calentar su vivienda en invierno.
En 2019, “destaca, especialmente, el descenso de los valores de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno y de retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda. También disminuye el indicador de gasto desproporcionado y el de pobreza escondida en hogares”, indica el ministerio.
Los problemas que más afectan a los hogares son el gasto energético desproporcionado (un gasto energético sobre los ingresos superior al doble de la mediana nacional) y la pobreza energética escondida. En 2019, un 16,7% de los hogares españoles presentaban un gasto energético desproporcionado, frente al 16,9% del año anterior. Además, el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, 0,4 puntos porcentuales menos con respecto a 2018.
Por su parte, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, cifra que mejora 1 punto porcentual y medio con respecto a 2018. Asimismo, un 6,6% de la población tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales.
Tanto el gasto desproporcionado como el del porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno reflejan el nivel de eficiencia energética de los hogares. Los indicadores de pobreza energética escondida y de porcentaje de hogares con retraso en el pago de facturas están directamente relacionados con la necesidad de una medida prestacional a corto plazo que garantice el suministro eléctrico. Estos indicadores obtienen valores más altos en hogares con personas desempleadas, con rentas bajas -del primer quintil-, en pisos con alquiler de renta antigua y en hogares sin calefacción.
Bono social
Es de esperar que la catástrofe económica del coronavirus haya incrementado la pobreza energética en España. El pasado 29 de septiembre, el Gobierno aprobó la inclusión de un nuevo supuesto del Bono Social Eléctrico (que ofrece descuentos en el recibo de la luz a determinados colectivos) en el marco de las medidas de ampliación del denominado Escudo Social, permaneciendo vigentes el resto de supuestos de acceso a este bono.
“En el contexto de esta crisis, tenemos que trabajar mucho más y mejor en el marco de la ENPE. Por eso ya hemos activado los mecanismos para facilitar el reconocimiento anticipado de la condición de vulnerabilidad energética para que estas personas puedan beneficiarse de todo lo que Estrategia prevé, desde prohibiciones de cortes de suministro hasta reducciones en la factura, con plazos de preaviso para el consumidor que no llega a la categoría de vulnerabilidad extrema”, según la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.
La inclusión de este supuesto permite, desde el 1 de octubre, acceder al Bono Social Eléctrico a los hogares en los que, al menos, un miembro de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo, esté incluido en un ERTE o haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados. También a los empresarios que afronten circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Para acogerse se tienen en cuenta los criterios de renta del bono social y basta una declaración responsable del titular para acceder a la prestación.
De acuerdo con el ministerio, ese nuevo supuesto del bono “acelera y anticipa el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis y concentra la protección en ellos” y “tiene por objeto continuar ampliando las medidas de acompañamiento tras el fin de la prórroga de prohibición de cortes de luz, agua y gas para todos los hogares en la primera declaración del Estado de Alarma”, desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre.
Además, los hogares beneficiarios del Bono Social Eléctrico recibirán en 2021 el Bono Social Térmico para sufragar los costes de climatización.
Tras levantarse la prohibición generalizada de los cortes de suministro en caso de impago, está prohibido el corte de suministro a los beneficiarios del bono social en determinados supuestos, como es el caso de que haya menores, dependientes o personas con discapacidad en el hogar.