La Justicia anula la sanción impuesta a un bombero de Las Palmas por llevar ropa de trabajo en una protesta

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha anulado una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a un bombero por vestir camiseta de trabajo en una movilización en la que se reclamaban mejoras en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El área de Recursos Humanos del ayuntamiento capitalino sancionó con seis días de empleo y sueldo a este bombero al considerar que había desobedecido una orden que establece que el uso “del uniforme fuera de la jornada deberá estar previamente autorizado” por la jefatura del SEIS, y que el servicio no le dio el visto bueno para que llevara puesta su camiseta de trabajo en esa manifestación.

El fallo, al que ha tenido acceso EFE y notificado hace escasas fechas, indica que esta orden “genera una duda razonable que impide considerar que el demandante actuara con la plena conciencia de estar infringiendo” ese mandato.

Entiende la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que la redacción de este precepto en el que se basa el Consistorio para sancionar al bombero “no es contundente y ello impide que pueda tenerse por acreditada la culpabilidad de quien resulta finalmente sancionado”.

Asimismo, la sentencia detalla que no puede pasar desapercibido que el contexto en el que el demandante utiliza su camiseta profesional “no es por completo ajeno a la actividad laboral”, al entender que en la manifestación se reivindicaban “cuestiones laborales y mejoras para el desempeño de sus funciones”.

Ello, añade, “además de constituir el legítimo ejercicio del derecho, está íntimamente vinculado al desarrollo de una actividad que se identifica con unos signos, siendo este el motivo evidente por el que se usó, y por el que se usa otros colectivos que se identifican con una vestimenta determinada cuando se manifiestan para reclamar mejoras vinculadas al desarrollo de su actividad profesional”.

Por todo ello, la magistrada resuelve que debe estimarse “plenamente” el recurso presentado por el bombero sancionado y, por lo tanto, anula la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, imponiendo las costas procesales al Consistorio.

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).