PP y Junts tumban el reparto obligatorio de menores migrantes

El PP y Junts han tumbado la reforma de la Ley de Extranjería para impulsar el reparto obligatorio de menores migrantes que permitiría aliviar la situación de emergencia humanitaria en Canarias. El Gobierno ha mantenido contactos in extremis con ambas formaciones, de las que solo necesitaba la abstención de una de ellas, pero tras una jornada maratoniana de negociaciones ha sido finalmente rechazada. Con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención, la proposición de ley no ha salido adelante.

A escasas horas de la votación que podría tumbar la reforma, el Gobierno apuró las negociaciones con los diputados de PP y Junts. Desde Coalición Canarias, PSOE y Sumar, así como miembros del Ejecutivo central, trataron de convencer a ambas formaciones hasta el último minuto y buscaron responder a las distintas peticiones con las que justificaban su oposición a permitir la tramitación de la normativa. Sin éxito.

Durante el debate, el Partido Popular ha mantenido las condiciones expresadas en los últimos días, que van más allá de la propuesta de reforma abordada en el debate, como la declaración de “emergencia migratoria” en todas las comunidades autónomas y la petición de la convocatoria de la conferencia de presidentes. “Lamento que no asistamos a un debate sobre política migratoria, asistimos a un parche y un chantaje al Partido Popular. Que vengan a exigir al PP que les apoyen es casi como de broma. No hay plan B, nos dicen. No, miren, no tienen un plan A”, ha criticado la diputada del grupo popular, Ana Alós López. “Seis años de Gobierno socialista y ha sido incapaz de impulsar una política migratoria seria, prefieren despacharlo en media hora de debate. No nos tome el pelo”, ha añadido. Los de Alberto Núñez Feijóo también piden que toda la financiación relativa a la atención de menores migrantes proceda de las arcas del Estado, aunque se trate de una competencia autonómica.

Junts también se ha mostrado tajante con su rechazo al mero inicio del trámite parlamentario de la proposición de ley. El partido independentista vincula su oposición a la reforma con su petición para que Catalunya asuma todas las competencias sobre inmigración. “¿Cómo puede pensarse que vamos a aceptar una ley que nos obliga a acatar su decisiones en un ámbito en el que estamos negociando las competencias en inmigración?”, ha dicho Miriam Nogueras, quien ha solicitado que el sistema de reparto obligatorio deje fuera a Catalunya por acoger a un mayor número de menores migrantes en comparación con otras comunidades.

“Lo mas sensato sería obligar a las comunidades que siempre o casi siempre se han negado a acoger, pero no se ha hecho esto. En el último reparto [voluntario] el gobierno y todas las comunidades excepto Catalunya acordaron que una vez mas Catalunya sea la que más reciba”, ha apuntado Nogueras.

El debate ha arrancado con la defensa de la proposición de ley por parte del grupo parlamentario socialista, que ha insistido en la necesidad de impulsar de forma urgente un sistema automático para atajar la emergencia humanitaria en Canarias. “Espero que sus hijos nunca tengan que huir de su casa”, ha dicho el diputado socialista Luc André Diouf, de origen senegalés.

“Ante la sobreocupación por la llegada de niños y niñas nos encontramos en una situación extraordinaria y necesitamos dar respuesta al esfuerzo que hacen Melilla Ceuta y Canarias”, ha añadido el parlamentario del PSOE. Desde Sumar, Nahuel González López, ha pedido solidaridad al PP y ha insistido en las necesidades que empujan a miles de niños y adolescentes de abandonar sus hogares. “Imaginen a sus hijos caminando durante días en el desierto. ¿Creen que no merecen solidaridad?”.

“Este debate no va de quien aguanta más menores, sino de derechos de la infancia”, ha continuado el diputado de Sumar. “No nos entra en la cabeza que no puedan apoyar hoy estas cuestiones en la Cámara”, ha dicho. “Junts pide más recursos, estamos de acuerdo, pero no utilicen esa excusa para votar en contra. No den mal ejemplo del solidario pueblo catalán por miedo a la extrema derecha en Catalunya”.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha desgañitado para pedir a la Cámara que vote a favor de iniciar el trámite parlamentario de la proposición de Ley para apoyar al Archipiélago y proteger los derechos de los menores. “Van a decir que no a los menores, van a decir que no a Canarias. ¿De verdad piensan que tenemos más tiempo, que los niños tienen más tiempo, que hay más personal cualificado en Canarias para atenderles? No lo tenemos”, ha afirmado. “Ahora mismo hay menores navegando que no sabemos si llegarán a la orilla. Deseamos que lleguen, lo triste es que hay algunos que desearían que no lo hiciesen”.

ERC, EH Bildu, Podemos y PNV han avanzado que votarán “sí” a la admisión a trámite de la medida, aunque todos ellos han mencionado algunas discrepancias con el contenido de la misma, pero han apostado por abordarlas a través de la proposición de enmiendas.

Noemí Santana de Podemos ha cuestionado que el texto de la reforma tiene “todos los ingredientes para ser un intento no fructífero”, aunque ha subrayado la necesidad de “mejorar el texto” a través de enmiendas porque “tiene muchas deficiencias”.

“En Catalunya tenemos 7.000 menores, y es un orgullo, pero lo que necesitamos es financiación, necesitamos infraestructuras para tratarles, y el Estado es quien tiene la llave de la caja”, dijo Jordi Salvador i Duch, de ERC, quienes solicitan asegurar más fondos estatales para atender a los chavales, así como solo trasladar a los niños y adolescentes cuya minoría de edad ya haya sido comprobada, algo que choca con las peticiones de Coalición Canaria pues ello impediría un rápido traslado en época de emergencia.

Para Jon Iñarritu, de EH Bildu, aunque la norma es “mejorable” van a apoyarla para apoyar la distribución de los chavales. El diputado vasco ha defendido que “ya que se abre el melón de la Ley de Extranjería”, se deberían abordar otros puntos de la misma y pide, por ejemplo, el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o frenar las devoluciones en caliente.

Vox ha mantenido su rechazo a la reforma. El diputado de extrema derecha, Alberto Rodríguez, ha solicitado el retorno de los menores migrantes a sus países de origen, algo irregular en base a los convenios internacionales si no se cumplen una serie de garantías.

Semanas de contactos

Después de varias semanas de contactos con los distintos grupos parlamentarios, en las que el PP ha subido el tono sobre migración, los números aún no salen y la normativa solicitada por el Ejecutivo de Canarias para aliviar la emergencia humanitaria en las islas depende de la posición del Partido Popular y Junts, que han mostrado sus reticencias al plan de traslados planteado por el Gobierno central. Con los respaldos confirmados actualmente, el Gobierno solo necesita la abstención de alguna de estas formaciones para que la modificación normativa pueda ser debatida, pero las últimas declaraciones de los portavoces de ambos partidos apuntan a que van a acabar tumbando la normativa.

Aunque los contactos con los grupos parlamentarios se habían impulsado desde hace semanas, desde el PSOE, Sumar y los ministerios más involucrados en la reforma normativa aceleraron durante los últimos días las conversaciones especialmente con el Partido Popular y Junts, sin apenas resultado. De hecho, este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido de nuevo el tono en su discurso migratorio, relacionando una vez más la inmigración con la delincuencia sin datos: “Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir con seguridad a la calle”.

El Gobierno necesita, al menos, la abstención del PP o de Junts, siempre que el resto de socios parlamentarios apoyen la proposición de ley planteada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Catalunya también se opone a un reparto obligatorio si no se tienen en cuenta sus enmiendas acerca de la financiación y sobre la determinación de la edad de los jóvenes. En concreto, Junts ha solicitado que Catalunya se quede fuera del reparto de menores migrantes, algo a lo que el Gobierno central se ha negado y ha recordado que los criterios sobre los que se basaría el sistema de reparto son objetivos y podrán ser discutidos en una conferencia sectorial posterior, aunque de momento se aplicarían los aprobados anteriormente en el mecanismo voluntario, que tienen que ver con la población, la renta y el esfuerzo de acogida de niños y adolescentes migrantes.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explicaban este domingo por la tarde, en contra de lo difundido por el PP que aseguraba no haber podido negociar la normativa, que su departamento “ha seguido realizando rondas de contactos con los grupos parlamentarios”. Dentro de esa ronda, Ángel Víctor Torres mantuvo este domingo “una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones”. También el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido contactos hasta este lunes con Junts y el PP, pero sin lograr avances ni ningún cambio en su posición.

El texto de la proposición de ley registrado en el Congreso choca en algunos de sus puntos con las peticiones esgrimidas por el PP. Por ejemplo, en la insistencia de la formación de Núñez Feijóo de que las pruebas de determinación de la edad de los menores trasladados en el marco del sistema de reparto se hagan en la comunidad a la que llegan. Sobre la financiación, otro de los puntos de discordia, no está claro el detalle de las cantidades que alcanzarán los fondos, aunque el texto establece asegurar la financiación “suficientes” para recibirles.

Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia registrada en la Fiscalía contra un centro de Lanzarote. El caso señala supuestas agresiones a menores, la insalubridad y mal estado de las instalaciones, la falta formación del personal contratado para atender a los chavales, etc.