Elma Saiz: “Las pensiones no contributivas de afectados por la DANA van a tener una paga extra este 18 de noviembre”

Elma Saiz (Pamplona, 1975) llega a elDiario.es con el teléfono que echa humo. Estos días de catástrofe por la DANA han vuelto a volcar a los ministerios en la gestión de una nueva emergencia. Tras la COVID y el Volcán de la Palma, este desastre supone un enorme reto para la Comunitat Valenciana y el conjunto del Estado. “Es la catástrofe más brutal acaecida en la historia de nuestro país”, subraya la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Saiz defiende la gestión del Ejecutivo Central y, sobre la del president de la Generalitat, Carlos Mazón, considera que el momento de las responsabilidades “llegará” y que “cada uno en su conciencia sabe qué explicaciones está dando, qué hizo y dónde se encontraba en esos momentos”. Ahora, es el tiempo de las ayudas, que reitera que se extenderán en el tiempo para apoyar a los afectados por la catástrofe. 

El Gobierno acaba de desplegar varias medidas de protección social extraordinarias para autónomos, empresas y trabajadores por la catástrofe de la DANA. ¿Cuántos trabajadores autónomos están pidiendo el cese extraordinario de actividad? ¿Cuántas empresas han solicitado ya ERTE?

Es muy importante poner en valor la inmediatez de cómo se ha actuado. Desde el minuto cero en este caso los equipos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones se pusieron a trabajar de manera intensa para poder tener listo este primer paquete de medidas que superan los 10.600 millones de euros. 

Se protege a los trabajadores autónomos con el cese de actividad. Lo pueden pedir directamente en la mutua sin necesidad de tener carencia, es decir, una cotización previa antes. Lo que tenemos son cifras de posibles beneficiarios. Respecto a los autónomos que pueden estar protegidos por el cese de actividad, la cifra alcanza los 65.000 trabajadores. 

En lo que tiene que ver con los ERTE, podemos llegar a prácticamente a medio millón de personas. Además, se mejoran los ERTE con una exoneración de las cuotas de la Seguridad Social de las empresas llega a ser total, del 100%. 

Han creado también una baja laboral especial con motivo de la DANA, de más cuantía para los afectados.

Se crea una situación especial de incapacidad temporal que tenga su origen en la DANA. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad: todas estas medidas son retroactivas y, en lo que tiene que ver con la incapacidad temporal, no hay que desplazarse al médico, sino que se puede gestionar de manera telefónica con los servicios de salud.

La declaración de la zona de emergencia por parte del Estado, lo que ha evitado con ese acuerdo del Consejo de Ministros es que ya automáticamente tanto para los ERTE como para el cese de actividad, como para este tipo de situaciones, no haya cargas adicionales de tener que acreditar nada. Está más que acreditada la situación, son cuestiones que se van a poder tramitar de manera fácil telefónicamente. 

También se ha aprobado el aumento del 15% del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas durante tres meses. 

Son medidas muy eficaces porque van a poder llegar a muchísima gente. La revalorización del 15% del ingreso mínimo vital (IMV) es algo automático, lo van a ver ya en la próxima nómina, y hablamos de en torno a 70.000 beneficiarios. Las prestaciones no contributivas, que también se suben un 15%, van a tener una paga extra el 18 de noviembre con ese cobro adicional. En este caso, hablamos de 30.000 beneficiarios. 

Respecto al ingreso mínimo vital, ¿temen que esta catástrofe pueda aumentar mucho el número de personas en estado de vulnerabilidad y también de solicitantes de ingreso mínimo vital? ¿Prevén reforzar plantillas para que, en esta situación tan desesperada, las peticiones puedan ser gestionadas de manera ágil?

Desgraciadamente, este Gobierno ha tenido que afrontar muchas crisis. Dos guerras, el volcán de La Palma y diferentes shocks energéticos y ahora también esta catástrofe, que no ha habido nunca en la historia de nuestro país. Pero, afortunadamente, la experiencia que tiene el Gobierno para afrontar estas situaciones ha permitido esta inmediatez en el despliegue de medidas. 

Somos muy conscientes de la importancia que tiene el ingreso mínimo vital como paraguas de protección de la vulnerabilidad. Hemos reforzado las plantillas y se acaba de poner en marcha un teléfono corto, el 020. Estamos viendo un importante incremento de llamadas en muy pocos días. En el total de lo que va de año, se había recibido medio millón de llamadas sobre el ingreso mínimo vital y, desde la puesta en marcha del 020, en tres días han superado las 30.000. 

Hay más medidas pendientes sobre la DANA. Trabajo ha anunciado que va a reeditar el plan Me Cuida de la pandemia, pero los sindicatos siempre han expresado que estas adaptaciones o reducciones de la jornada para cuidar deben ir acompañadas de retribuciones. ¿Se van a aprobar permisos retribuidos en esta ocasión?

Como bien dijo el presidente del Gobierno, se está actuando en un primer paquete de medidas, en una situación de inmediatez, pero el trabajo del Gobierno de España va a continuar también para la recuperación y para el relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Estamos trabajando ya en un nuevo paquete de medidas que va a ver la luz la próxima semana, lo que muestra ese trabajo constante. 

Concretamente, por lo que me está preguntando, responde al ámbito competencial del Ministerio de Trabajo. Lo que sí es fundamental es que estas cuestiones se aborden siempre en la mesa del diálogo social, donde patronal y sindicatos confluyen en las propuestas que puedan dar respuesta a las necesidades de la población. Es como se funciona en el Ministerio de Seguridad Social. 

Le queremos preguntar por las responsabilidades en esta catástrofe. Todavía hay muchos ciudadanos y ciudadanas que se preguntan por qué: por qué no se lanzaron a tiempo las alertas, por qué se tardó tanto en responder al inicio, por qué la ayuda tardó días en llegar… ¿El Gobierno debería haber tomado el mando de la emergencia si la Generalitat no estaba respondiendo de manera adecuada?

La Comunidad Valenciana está viviendo una situación dramática, días muy complicados. Es la catástrofe más brutal acaecida en la historia de nuestro país. La gestión de una catástrofe de esta magnitud es muy complicada. Dicho esto, desde el minuto cero la presencia del Estado es absolutamente contundente junto a la Generalitat. 

Voy a poner unas cifras encima de la mesa que dan buena prueba de ello. Hablamos de más de 17.000 efectivos entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares con vehículos, incluso un buque de la Armada. Cinco oficinas móviles que van a estar presentes de manera inminente en el territorio. Por supuesto, este primer paquete de medidas de más de 10.600 millones de euros y ya estamos trabajando en el siguiente paquete. Cómo se ha involucrado el Estado es absolutamente evidente.

Hay muchas personas que se preguntan por ese 29 de octubre, en concreto por el presidente de la Generalitat, que no ha aclarado bien y está en continuas contradicciones sobre qué estaba haciendo ese día. ¿Cree que debe dimitir? 

Ya habrá tiempo de dirimir esas responsabilidades. Lo que quiero poner de manifiesto es que podemos ver lo que está aconteciéndose estos días. Hablamos de más de 18 comparecencias y explicaciones de ministros y ministras del Gobierno de España. Más de 200 explicaciones e información de diferentes técnicos, profesionales y expertos en diferentes materias que tienen que ver con una crisis de estas características. Desde el punto de vista medioambiental, económico, de protección civil, de las emergencias. Esa es la presencia del Estado. 

Ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades y cada uno en su conciencia sabe qué explicaciones está dando, qué hizo y dónde se encontraba en esos momentos. 

¿Son los Presupuestos necesarios para esta inversión de 10.600 millones por la DANA? ¿En qué estado están las negociaciones de esta cuestión prioritaria en todo el país?

La mejor manera de desmentir ese bulo de que estas medidas estaban condicionadas a los Presupuestos es ver el BOE, donde vemos que las ayudas se pueden ya tramitar. Dicho esto, me parece de un cinismo por parte del Partido Popular el pedir medidas constantemente y luego ni siquiera plantearse la posibilidad de poder apoyar un proyecto presupuestario. 

Como saben, los Presupuestos son la ley de leyes. Es la principal herramienta que tiene el Estado o una Comunidad para vehiculizar esos impuestos que paga la ciudadanía para fortalecer los servicios públicos: la educación, la sanidad pública y, por ejemplo en este caso, para poder tener la fortaleza para dar respuesta a una crisis de esta envergadura. Por eso me parece de una responsabilidad extraordinaria lo que ha transmitido el Partido Socialista en Valencia, que va a dar su apoyo a los Presupuestos de esa comunidad, con altura de miras y actuando de una manera responsable.

Esta semana ha tenido lugar una importante sentencia del Tribunal Constitucional, que emplaza a reconocer 26 semanas de permiso de nacimiento a las familias monoparentales. Hay colectivos que demandan más, 32 semanas. ¿Qué prevé hacer el Ministerio a raíz de la sentencia? ¿Cuándo prevé legislar y en qué sentido? 

Es una buena noticia que el Tribunal Constitucional haya arrojado luz, porque esto es una cuestión que estaba teniendo diferentes pronunciamientos judiciales. Ahora hay que analizar cómo se articula la ley. 

A mí es una cuestión que me preocupa. Me preocupa que las mujeres sigan estando arrinconadas en el mercado laboral y siga ahondándose la brecha de género. Por eso, el próximo 18 de noviembre hay una convocatoria del Consejo Asesor en Materia de Brecha de Género del Ministerio y uno de los puntos del orden del día es precisamente analizar esta situación. Es un compromiso también personal, porque es una preocupación personal.

Aquí hay una doble derivada, por un lado, el derecho de las trabajadoras, pero también el Constitucional pone el foco en el derecho del menor a ser cuidado el mismo tiempo que en familias de dos progenitores. 

Las leyes tienen que avanzar en justicia social y por eso es tan importante llevar esta cuestión a un Consejo donde diferentes expertos, de diferentes materias, lo puedan abordar. Es una preocupación real el acabar con las brechas de género y que las mujeres dejen de estar arrinconadas del mercado laboral. Y el interés superior del menor, evidentemente, también es un principio que informa toda la legislación.

El Gobierno planeaba aprobar la nueva reforma del reglamento de la Ley de Extranjería a mediados de noviembre para flexibilizar los trámites de los migrantes para obtener el permiso de residencia y trabajo. ¿Se mantienen esos planes tras la DANA? ¿Cuándo será aprobado?

Estamos muy centrados en el Ministerio para dar respuesta a la situación provocada por la DANA, pero también seguimos trabajando intensamente en algo tan importante como es que vea la luz el reglamento de Extranjería. Tras haber pasado recientemente el trámite del Consejo de Estado, la idea es que el próximo 19 de noviembre pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras.

¿Por qué es importante esta reforma del Reglamento?

El Reglamento de Extranjería, junto con la Ley de Extranjería, es la herramienta que tiene el Gobierno de España para vehiculizar, para articular esa política migratoria que pone en el centro los derechos de las personas, la seguridad y la perspectiva de garantizar los derechos humanos. Es una reforma muy ambiciosa. 

En los últimos años ha habido sucesivas reformas. La última se produjo en 2022 y, gracias a ella, hubo un total de 300.000 personas regularizadas. Pero esta es más de fondo: reorganiza las figuras de arraigo, introduciendo nuevas posibilidades [para regularizarse], y también fortalece todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, con la formación, con las redes familiares. Es una reforma muy pactada, con muchísimas aportaciones de quien conoce de primera mano esta realidad. 

Busca simplificar y facilitar los trámites administrativos, porque indudablemente la burocracia no puede ser un problema para la población. Y dará mucha seguridad jurídica en lo que tiene que ver con la renovación y duración de los permisos.

En los borradores de la normativa se incluían varias novedades que supondría la regularización de miles de personas, como el arraigo de segunda oportunidad, que concedería el permiso de residencia a solicitantes de asilo tras ver denegada su solicitud. Durante la revisión del Consejo de Estado y las conversaciones con los distintos ministerios, ¿qué cambios ha habido? 

Ya ha pasado el trámite del Consejo de Estado. Ahora, el texto sigue caminando y quedan diferentes trámites interministeriales hasta que vea la luz en el Consejo de Ministros. Es muy importante, puesto que va a ser una herramienta muy potente, que tengamos espacios desde el sosiego, desde la tranquilidad, para dar a conocer la reforma de este reglamento, que lo que hace es dar más derechos. Hay diferentes cuestiones que merecen el tener esa labor de pedagogía. Y es lo que vamos a hacer una vez que vea la luz. 

En otras reformas en relación a Extranjería se ha producido una cierta tensión entre distintos ministerios. En otras ocasiones, Interior ha puesto reticencias a la hora de facilitar la regularización de migrantes, alegando un posible “efecto llamada”. La regularización de los solicitantes de asilo que han trabajado un tiempo en España choca con la idea que tiene Interior de una posible “instrumentalización” de la protección internacional. ¿Se han encontrado con oposición ante esta reforma en este sentido? 

Se ha trabajado muy bien de manera interministerial. 

En paralelo a la reforma del reglamento de Extranjería, sigue en tramitación parlamentaria la ILP de regularización extraordinaria de los migrantes que vivan en España en situación irregular. ¿Cuál es su visión sobre la iniciativa? ¿Apoyaría una regularización amplia y extraordinaria, sin el requisito de contar con un contrato laboral, como solicita el movimiento Regularización Ya?

Para mí es muy importante que haya voz, que se tengan esos debates en el Congreso, en el Senado, en las cámaras territoriales. Por eso valoro la toma en consideración de esta proposición de ley. Me parece fundamental que haya ese debate y que se pueda permitir el diálogo. La pasada reforma del Reglamento de Extranjería llevada a cabo hace año y medio produjo 300.000 regularizaciones. Con esto quiero decir que es una muy buena herramienta para dar esa seguridad jurídica desde todos los puntos de vista a las personas que están en nuestro país. De ahí nuestra apuesta de sacar adelante esta reforma del reglamento de Extranjería. 

Desde el movimiento Regularización Ya, temen que haya personas que se queden atrás cuando se tiene un foco más centrado en el mercado laboral. Más allá de la reforma del reglamento, perdone que insista, ¿estarían dispuestos a apoyar esta regularización extraordinaria sin apenas condiciones como plantean los impulsores de la medida?

No podemos olvidarnos de que tenemos una normativa internacional, una normativa europea, que tenemos que cumplir. Somos un Estado garantista y vuelvo a poner en valor esta importante reforma que va a dar respuesta a muchas situaciones. 

Hace unas semanas falleció un chico maliense en el centro de acogida de Alcalá de Henares, de la red estatal del sistema de atención humanitaria. La plataforma Yo Atiendo ha planteado un refuerzo de la atención sanitaria a las personas acogidas en grandes centros tras su llegada en cayuco, que en ocasiones sufren dolencias ligadas a la travesía. ¿Cree que debería revisarse este sistema o reforzar los servicios sanitarios en centros que acogen a miles de migrantes?

 Cuando tuve conocimiento del fallecimiento de Diallo Sissoko lo primero que me vino a la mente fue pensar en sus familiares y en sus compañeros. Cuando pasan estas situaciones, que son un drama, hay una investigación y, en torno a lo que pudimos saber, es que había sido atendido por los servicios de enfermería y había acudido hasta en dos ocasiones al hospital.

Es importante que tomemos conciencia, que sepamos qué situaciones tienen que afrontar en las travesías, en qué condiciones de vulnerabilidad llegan. Nuestros centros están gestionados por entidades sociales, por ONG que tratan de dar respuestas a esa vulnerabilidad. Pero también es muy importante que sigamos fortaleciendo la respuesta a estas particularidades. Tenemos que ser conscientes no solamente nosotros, sino también los servicios sanitarios de las comunidades autónomas para atender estas vulnerabilidades y conocer en qué situación llegan estas personas.

Respecto a las bajas especiales de aborto y reglas dolorosas, elDiario.es publicó que las empresas pueden conocer la causa por los códigos que transmite la Seguridad Social para mejorar su cobertura. El Ministerio nos trasladó que se va a evaluar, ¿en qué fase está esta revisión?

En el año 2023, la Ley de Salud Sexual lo que hizo fue proteger derechos de las mujeres en tres supuestos muy concretos: la interrupción del embarazo, menstruaciones incapacitantes o reglas dolorosas y el embarazo en la semana 39. Esa protección se canalizaba a través de la Seguridad Social, con estas situaciones especiales, pero esta protección involucra a empresas. Y quiero recordar a las empresas que tienen un deber de confidencialidad absoluto y no pueden manosear los datos que tengan de las mujeres en estas situaciones. 

Dicho esto, es un compromiso personal el abordar una solución. Hay diferentes opciones encima de la mesa. Tienen cierta complejidad técnica, pero evidentemente con la finalidad de que no haya una ninguna discriminación de las mujeres en esta situación.

Está pendiente el reglamento para establecer un nuevo procedimiento de acceso a jubilaciones anticipadas por trabajos penosos. ¿Cuándo se prevé que pueda estar funcionando?

Este es uno de los frutos del acuerdo del diálogo social alcanzado el pasado mes de septiembre con sindicatos y patronal. Está terminando la fase de audiencia pública. Ahora tiene que pasar a pedir un informe al Consejo de Estado y luego seguir los trámites hasta llegar al Consejo de Ministros. La idea es que en torno al mes de enero ya vea la luz y esté plenamente vigente.

El traspaso económico de la Seguridad Social a Euskadi está acordado entre el Gobierno y el PNV. ¿Estará en vigor en 2025, como espera el PNV? ¿Supone la ruptura de la caja única, como alertan algunas voces?

El Gobierno siempre cumple los acuerdos que se alcanzan dentro del marco constitucional y dentro del diálogo con las diferentes comunidades, sus Estatutos de autonomía y sus ámbitos competenciales.

No supone ninguna rotura de la caja única de la Seguridad Social. Los acuerdos que se alcanzan siempre son dentro del marco Constitucional y a mí me gustaría señalar la hipocresía del Partido Popular siempre que hay encima de la mesa cualquier cuestión que versa sobre traspasos. Y me voy a explicar. Con el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Navarra y Euskadi, Vox presentó un recurso al Constitucional que fue respaldado por el Partido Popular, con voces de que se rompía la caja única. Ahora estamos viendo cómo comunidades del PP también están pidiendo la gestión del IMV, después de que el Tribunal Constitucional respaldó ese traspaso. 

Estamos en un Estado de las Autonomías donde las comunidades, como administración más cercana, tienen mucho que decir en cuanto a dar un servicio a la ciudadanía absolutamente de calidad. Siempre dentro de un marco constitucional, con total normalidad.

Vídeo: Nando Ochando.