Moreno tilda de “denuncia política” el caso judicial de los contratos sanitarios y destaca: “No hay exconsejeros imputados”

Es poco habitual que el presidente de la Junta de Andalucía responda, ante micrófonos y cámaras, por la causa que investiga un juez de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas que firmó su Gobierno entre 2020 y 2024.

Lo ha hecho este sábado prenavideño, en una comparecencia obligada junto a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Palacio de San Telmo, donde se ha referido a la causa judicial como “una denuncia política del PSOE”, el partido que interpuso la querella y por la que están imputados, de momento, la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

“Sobre la denuncia política que hace el PSOE en el tema del SAS, bueno, exconsejeros imputados no hay ninguno, no existen”, ha dicho Moreno, a la pregunta de si le preocupaba que el juez termine imputando a los dos exconsejeros de Salud que estuvieron en el cargo cuando se firmaron y concedieron esos contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia, a clínicas privadas.

El presidente de la Junta ha esquivado la pregunta, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico admiten que existe esa “inquietud” y dejan la puerta abierta a personarse como parte afectada en la causa. De ese modo, advierten, evitarían que el PSOE como acusación particular maneje los tiempos y la información que afecta a altos cargos y excargos de la Junta, para poder defenderse de lo que consideran “una estrategia de expandir el barro”.

La preocupación del entorno del presidente se debe a que los dos exconsejeros de Salud hacia los que apunta el PSOE en su querella, sin mencionarlos -“altísimas instancias del Consejo de Gobierno”, dice la denuncia- siguen en activo y ocupan puestos de relevancia.

Jesús Aguirre fue consejero de Salud entre enero de 2019 y el final de la primera legislatura de Moreno, en julio de 2022. Actualmente es el presidente del Parlamento andaluz. Bajo su mandato, el exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, autorizó el Expediente de Emergencia 110, dotado inicialmente con 70 millones de euros, pero que fue prorrogado tres veces, ampliando su presupuesto hasta los 243 millones de euros a partir de adendas que llegan hasta el verano de 2023.

Este expediente es el epicentro de la investigación judicial de los contratos con clínicas privadas, que el SAS infló a partir de resoluciones de prórroga amparándose en el marco legal que habilitó el Gobierno central durante lo peor de la pandemia cuando ya estaba derogado.

A Aguirre le sucede, ya en la presente legislatura, la exconsejera de Salud Catalina García, que asciende a Guzmán y le nombra número dos de su departamento, hasta que cesa en diciembre de 2022 y, tres meses después, ficha por una de las empresas sanitarias privadas a las que había adjudicado, a dedo, contratos por valor de 44 millones de euros. La Junta abortó ese fichaje cuando se hizo público.

Catalina García seguía en el cargo el 12 de marzo de 2023, cuando elDiario.es reveló la adjudicación a dedo de 243 millones a clínicas privadas sin cobertura legal, y vio cómo 48 horas después el portavoz de la Junta anunciaba la cancelación de estos contratos de emergencia. El pasado mes de julio, Moreno la destituyó como consejera de Salud en la remodelación profunda que hizo de su Gobierno, pero mantuvo a García en el gabinete, ahora como titular de Medio Ambiente.

Si el juez que investiga los contratos -o la Fiscalía Anticorrupción- optan por citar a los exconsejeros a declarar en la causa, tendría que pedir el suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dada su condición de aforados. En el caso de Aguirre, sería la primera vez en la historia que un presidente del Parlamento andaluz se somete a una situación como esta.

El PSOE, en las sucesivas ampliaciones de su querella, ha señalado al magistrado y al fiscal el camino que conduce a la responsabilidad penal del Consejo de Gobierno, pero no cita directamente a ninguno de los dos exconsejeros. De momento, sólo ha señalado a los tres últimos gerentes del SAS -ya imputados- y a los siete responsables provinciales del SAS que autorizaron estos contratos a dedo con clínicas privadas.

El escenario de una posible imputación del presidente del Parlamento y un miembro del gabinete de Moreno complicaría aún más el relato del PP, que en el ámbito nacional está exigiendo la dimisión de los dirigentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez imputados en distintas causas judiciales abiertas, con especial énfasis hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Con todo, el presidente Moreno se ha mostrado este sábado aparentemente despreocupado por la investigación judicial en curso. “Confiamos plenamente en la justicia, si un partido político decide hacer una denuncia, está en su completo derecha a hacerla y serán los jueces quienes aclaren si hay una situación anómala. A nosotros no nos lo parece, pero de todos modos, lo veremos en el transcurrir de los tiempos”, ha sentenciado.