Andalucía apuesta por unos presupuestos expansivos que blindan las rebajas fiscales para captar las rentas de los más ricos
El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, sólo con los votos del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, unos Presupuestos expansivos para 2025 que rozan los 48.871,6 millones de euros y consolidan las siete rebajas fiscales implementadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno desde su llegada al poder, en 2019.
La política fiscal es, precisamente, una de las principales razones del rechazo en bloque de las tres fuerzas de izquierdas en la oposición -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- porque suponen una pérdida de ingresos para las arcas públicas de casi mil millones de euros al año.
La bancada progresista acusa al Ejecutivo de Moreno de articular, en paralelo, el “falso discurso del agravio” a Andalucía y la confrontación permanente con el Gobierno de España, al que diariamente le reclama más dinero para sostener los servicios públicos -sanidad, educación, dependencia-, mientras con otra mano “agujerea la hacienda andaluza” y “aumenta las tasas que pagan las clases medias, como el comedor escolar, el aula matinal y las extraescolares”.
Casi el 80% del presupuesto andaluz del año que viene está destinado al gasto social, una constante desde los gobiernos socialistas que se debe, en parte, al gasto consolidado de la plantilla de funcionarios y empleados públicos, la mayoría sanitarios y profesores. La Junta de Andalucía, con sus más de 250.000 trabajadores en nómina, es y siempre ha sido la mayor empresa de la comunidad más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes.
Los sindicatos de clase, CCOO y UGT, han cuestionado las cuentas andaluzas para 2025 desde tres frentes: la bajada generalizada de impuestos, más beneficiosa para las rentas altas que para el estrato social medio-bajo (que se cubre con ayudas, subvenciones y bonificaciones); y la expansión de las políticas de privatización, con especial relevancia en el sector sanitario, las universidades y la Formación Profesional.
Sobre el capítulo fiscal, la consejera de Hacienda, Carolina España, lo ha convertido en punta de lanza de los presupuestos y el modelo económico del PP, que es de las pocas cosas que hacen asimilable a Isabel Díaz Ayuso con Juan Manuel Moreno. Días antes de aprobar estos Presupuestos, la consejera llevó un informe al Consejo de Gobierno que sacaba pechoo porque el número de rentas por encima de la media que declaran el IRPF en Andalucía se ha coblado en los seis años que lleva gobernando el PP.
Los “ricos”, como los llamó España, son los que ingresan por encima de los 120.000 euros anuales. En la liquidación presupuestaria de 2018 -último año de gobierno socialistas- eran 8.100 contribuyentes y al cierre de 2023 habían pasado a ser 16.882, según datos de la Agencia Tributaria. La consejera subrayó que el número total de declarantes en Andalucía en estos seis años se ha incrementado un 22%, mientras que el repunte sólo en la franja de rentas superiores a 120.000 euros ha sido del 106%.
A partir de aquí vienen las lecturas políticas de los números: la Junta defiende que la bajada de impuestos de Moreno ha sido un incentivo para las mudanzas fiscales, es decir, que el presidente andaluz ha logrado atraer a esta tierra a esos más de 8.000 ricos nuevos que ahora contribuyen a su hacienda.
Y que la renuncia a los ingresos fiscales se compensa con el repunte de la recaudación que provoca un aumento del consumo, derivado de que “el ciudadano tiene más dinero en su bolsillo”. La llamada curva de Laffer, tan discutida por los economistas tanto de la órbita socialdemócrata como de los nuevos liberales. Vox también suscribe este relato, que la oposción tilda de “mitológico”.
La realidad es que el aumento de declarantes es parejo -no sólo en Andalucía sino en el conjunto del país- al crecimiento vegetativo de la economía. Las izquierdas aseguran que Moreno se beneficia del buen ritmo general del PIB en España, la creación de empleo y las exportaciones, vectores que ha señalado el diario de cabecera de los liberales -The Economist-, y que según el PSOE permiten al presidente andaluz atribuirse un mérito que no le pertenece en su totalidad.
De esto se ha hablado mucho en el debate final de Presupuestos andaluces para 2025, porque la votación era un trámite. El PP disfruta de una mayoría absoluta indiscutible (58 diputados), y usa esta jornada para conceder a sus rivales de la oposición la incorporación de un puñado de enmiendas que corrigen parcialmente el destino de algunas partidas. En total, 95 enmiendas de PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante que cambian de sitio unos 80 millones de euros. Una gota en un mar presupuestario, pero que políticamente tiene su efecto, ya que el PSOE jamás aceptó ninguna de la oposición en los 37 años que gobernó la Junta.
Los 16.882 declarantes “ricos” a los que alude la consejera andaluza de Hacienda apenas representan el 0,4% del total, sin embargo, su aportación a las arcas públicas el año pasado ascendió a 767,4 millones de euros, algo más de un 10% de todo lo recaudado por la Junta. En el siguiente escalón de IRPF, el tramo de 60.000 a 120.000 euros, se sitúa el 2,6% de los contribuyentes de Andalucía, que aportan 1.408,5 millones en ingresos, un 18,7% del total. El siguiente tramo, de rentas superiores a 33.000 euros, representa un 17% de los contribuyentes, pero aporta un 67% de los ingresos tributarios, y ha crecido en este tiempo un 77%.
La oposición de izquierdas -y los sindicatos de clase- han dado la espalda a este análisis “parcial” de los números. Recuerdan a Moreno que mientras su Gobierno ha aprobado siete bajadas de impuestos autonómicos, en paralelo, también ha subido cuatro veces consecuetivas el precio de los servicios educativos complementarios -aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares- que en el último año han pagado 77.000 familias de rentas medias, inferiores a los 35.000 euros.
El contenido de las cuentas
La cifra del Presupuesto para 2025 un 4,4% más que en el presente ejercicio (caso 2.000 millones más). El gasto no financiero, esto es, el dinero que la Junta usa para hacer políticas (excluyendo los préstamos) asciende a 45.245 millones, un 5,2% más.
Las políticas sociales representan el 63,3 por ciento del Presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, unos 1.666 millones de euros, se destinarán a estas partidas. En este sentido, ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia.
El gasto no financiero del Presupuesto crece un 5,2%, por encima incluso de lo que se incrementa el presupuesto en general, y se sitúa en los 45.245 millones de euros.
Esta subida está propiciada por la marcha de la economía y por el aumento de la recaudación, lo que permite que más de tres cuartas partes del gasto del presupuesto se sustente con recursos propios, según la Junta. A ello se suma además el descenso del gasto financiero en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%, mientras que las transferencias y los ingresos finalistas del Estado representan el 16,3% (7.952 millones de euros), incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).
En cuanto a inversiones, éstas suponen un total de 5.804 millones de euros para el próximo año, estando provincializado el 67 por ciento.
Se destinarán a gasto social 30.903 millones de euros, el 63 por ciento de las cuentas. Se trata de un incremento del 6,2 por ciento respecto al del presente año en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura.
Se destinan más de 800 millones para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda, una cifra en la que se incluyen las partidas de las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.
El presupuesto de 2025 se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4 por ciento, estimación que cuenta con el aval de la AIReF pese a que el organismo prevé un crecimiento superior una décima a esa estimación. Con respecto a la previsión de la reducción de la tasa de paro, se ha previsto en el 15,5%.
En cuanto a los ingresos, los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos, informa Europa Press.
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