La Guardia Civil no encuentra mensajes en el móvil del fiscal general relacionados con el correo de la pareja de Ayuso

La Guardia Civil ha comunicado al juez del Tribunal Supremo que no ha encontrado mensajes en el teléfono del fiscal general en las fechas en que se publicó el acuerdo que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había propuesto a la Fiscalía, un documento en el que los agentes no especifican si los mensajes pudieron ser borrados. El informe, de dos páginas y entregado hoy a las partes, explica que hay “cero mensajes de cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado” y que, además de dos correos que contenían las actuaciones del caso, solo han encontrado emails “sin interés para la investigación”.

El juez Hurtado envió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al despacho del fiscal general a finales de octubre en la calle Fortuny de Madrid. El objetivo era recopilar todos sus correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para buscar indicios sobre si participó, de alguna manera, en la filtración de los correos que Alberto González Amador cruzó con la Fiscalía en febrero buscando un pacto en su caso de doble fraude fiscal.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que en el teléfono de García Ortiz hay “cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”. Es decir, entre el 8 y el 14 de marzo de este año. No especifican los agentes si es que no había absolutamente ningún mensaje o si no había ninguno relacionado con el caso.

Además de eso, la copia de seguridad de su ordenador ha permitido encontrar una copia de un correo llegado a última hora de la noche del 13 de marzo de la Jefatura provincial de Madrid con la cadena de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Incluyendo, como archivos adjuntos, la denuncia presentada contra él. En la cuenta de correo corporativa de García Ortiz han encontrado 45 correos “sin interés para la investigación”.

El caso contra el fiscal general llegó hasta el Tribunal Supremo después de una breve investigación en el Tribunal Superior de Madrid. En un primer momento, las diligencias giraron en torno a un comunicado con el que la Fiscalía de Madrid buscó, en marzo de este año, desmentir una serie de informaciones falsas sobre el caso de Alberto González Amador y su doble fraude fiscal de más de 350.000 euros revelado por elDiario.es.

El Supremo entendió que ese comunicado no reveló nada que no hubieran publicado antes los medios de comunicación: los correos en los que el abogado de Alberto González admitía que “ciertamente” se habían cometido dos delitos fiscal. Pero sí aceptó investigar si el propio fiscal general, tras reclamar esa documentación para emitir el desmentido, filtró esos correos a los medios de comunicación.

Los mensajes de la fiscal de Madrid

Un primer informe de la Unidad Central Operativa sobre el teléfono incautado a Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid también imputada, apuntaba al Ministerio Público como origen de la filtración, aunque sin haber encontrado pruebas fehacientes. Los mensajes que Rodríguez cruzó esa noche con el fiscal general y varios de sus colaboradores evidenciaban los contactos internos de la Fiscalía para recabar la información y emitir el desmentido, pero nada relacionado con la filtración.

Este segundo informe tampoco arroja más datos ante la ausencia de material relevante incautado en los dispositivos electrónicos del fiscal general. La UCO explica que ha encontrado “cero mensajes” en sus aplicaciones de mensajería instantánea, sin especificar si han sido eliminados, y que el único correo relevante que han encontrado es de casi la medianoche del 13 de marzo e incluye los correos de Alberto González y la denuncia presentada contra él.

El caso tiene actualmente varias ramificaciones en el Tribunal Supremo bajo el mando del juez Ángel Hurtado. El magistrado también investiga si en el seno del PSOE el ya exsecretario del partido en Madrid obtuvo este mismo correo antes de que fuera publicado de forma íntegra por los medios de comunicación. Una derivada del caso que surgió después de que el propio Lobato llevara a un notario, hace un mes, los mensajes que cruzó con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, sobre el caso en la mañana del 14 de marzo. La Guardia Civil concluye, en su caso, que Sánchez Acera tuvo esa información antes de que fuera publicada.

El magistrado también ha puesto en marcha varias diligencias para el próximo mes de enero. Comparecerán como testigos ocho periodistas de distintos medios de comunicación que publicaron información sobre la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso entre el 13 y el 14 de marzo. También testificará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que esa noche también difundió parte de esos correos desde su teléfono móvil, aunque difundiendo una versión falsa de los hechos y dando a entender que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador y que las altas instancias del Ministerio Público habían abortado la solución amistosa al conflicto.