Marbella quiere pagar 5,1 millones por un edificio ilegal relacionado con el alcalde de Estepona y un huido del caso Malaya

El Ayuntamiento de Marbella quiere quedarse en propiedad con todo el edificio cuyas primeras plantas ya usa su delegación de Urbanismo. Hasta aquí, nada fuera de lo común: un Consistorio tratando de hacerse con un inmueble privado y justificándolo por sus necesidades de servicio.

Sin embargo, el inmueble, el precio a pagar y su propietario no son cualquiera: el inmueble, sito en la calle Alonso Bazán, es uno de los cientos de edificios ilegales levantados durante el mandato de Jesús Gil. Es propiedad de Nuevos Aires 2002, S.L., una mercantil constituida por José María García Urbano (alcalde de Estepona -PP-), Bonifacio Solís (un constructor habitual en las grandes obras públicas de Marbella y Estepona) y Juan Hoffman, testaferro de Juan Antonio Roca, condenado en el caso Malaya y huido desde entonces. Marbella quiere pagar 5,1 millones para quedarse con la práctica totalidad del edificio.

La pretensión del Ayuntamiento marbellí liderado por Ángeles Muñoz (PP) no es nueva, pero cada vez que amagaba con ejecutarla la oposición criticaba que se trataba de una compra para hacer un “favor” a un constructor “amigo”, a un alcalde vecino del mismo partido y a un condenado por el caso de corrupción más simbólico de la España del pelotazo. Y el Consistorio acababa echando el freno. Así ocurrió en 2018.

5.165.000 euros en cuatro plazos

Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha llegado más lejos que nunca y está decidido a completar la expropiación. El 4 de diciembre aprobó la valoración del edificio: 5.165.000 euros, a pagar en cuatro plazos, por un local en la planta baja, las plantas 4ª, 5ª, 6ª y ático (destinadas a oficinas), y cuatro niveles de sótano bajo rasante distribuidos en 26 plazas de aparcamiento. Sólo dejaría fuera de la compra unos aparcamientos y un local que Nuevos Aires arrienda a un concesionario.

Después, prevé gastar 1,1 millones de euros para adaptarlo. En total, una inversión de casi 6,3 millones de euros. El Ayuntamiento arrastra una deuda de 284 millones, de los que amortiza unos siete al año.

Según el gobierno de Ángeles Muñoz, la compra mejorará el servicio público al ciudadano con la instalación de oficinas a pie de calle, y evitará tener que compaginar el uso público con otros privados que pudieran llegar a ser “perjudiciales”. Todo el expediente se ha tramitado desde agosto, cuando se expuso a alegaciones.

Tras ver cómo se rechazaban sus reparos por el Consistorio, el grupo municipal socialista ha llevado el asunto ante un juzgado, que lo va a revisar. “Carece de interés público, que es la primera premisa para llevar a cabo una expropiación. El Ayuntamiento no puede expropiar lo que quiera”, denuncia Adrián Jiménez, responsable de Urbanismo de los socialistas en Marbella.

“Hacer un favor”

Decir que algo carece de utilidad pública es otra forma de sugerir que la operación tendría otras motivaciones. De hecho, las dudas que la ponían en solfa en 2018 siguen sin despejar. ¿A quién beneficia esta operación? ¿Al Consistorio o a Nuevos Aires 2002?

“Es una gran cantidad de dinero que la señora Muñoz va a entregar a su compañero del PP en Estepona para hacerle un favor”, advertían los socialistas cuando anunciaron su recurso, entreviendo una especie de rescate: el inmueble arrastra una historia que limitaría enormemente sus posibilidades de venta, y la expropiación solventaría el apuro.

En su día, una sentencia ordenó su demolición por haberse construido de manera abiertamente ilegal. Sin embargo, el PGOU de 2010 lo salvó (como a muchos otros) de la purga, imponiendo como contraprestación la cesión de varias plantas al Ayuntamiento, que ya las ocupa desde hace años y pagó 200.000 euros a Nuevos Aires, según desveló en su día Marbella Confidencial. En 2015 el Tribunal Supremo anuló el PGOU de 2010, subrayando que no podía servir para amnistiar los cientos de inmuebles irregulares de Marbella, pero el edificio de Urbanismo ya estaba salvado, porque el Consistorio había logrado la inejecución de la sentencia que ordenaba la demolición.

Sin embargo, seguía arrastrando una losa urbanística. “A efectos jurídicos, sigue fuera de ordenación”, dice Jiménez, que explica que esta situación cambiaría si se transforma en equipamiento público vía expropiación. De ahí que los socialistas hablen de “un favor al expropiado”, porque en el mercado privado tendría mala venta y no podría alcanzar el precio que Marbella sí está dispuesta a pagar.

El rastro de García Urbano en la propietaria

Las dudas se acrecientan por la identidad de la expropiada. Nuevos Aires no es cualquier entidad. Cuando esta sociedad se constituyó, en 2001, sus titulares eran García Urbano (un 18,2% a través de Nogales de María, S.L., de la que es socio único), Bonifacio Solís (57,86% a través de Omega 93) y Juan Hoffman (24,12%).

Es imposible saber a ciencia cierta si este sigue siendo el reparto. El Ayuntamiento de Estepona aseguró a este medio en diciembre de 2022 que “Nogales de María no es copartícipe en Nuevos Aires 2002”. Lo mismo dice Solís, sin poder precisar cuándo habría comprado las participaciones de García Urbano. “Hace cinco o seis años”, responde en conversación con este medio. Así, los dos antiguos socios niegan que sigan siéndolo.

Los papeles que se conocen reflejan otra cosa, pero no son recientes. El 4 de febrero de 2016, García Urbano presentó al Congreso una declaración de bienes en la que constaba esa entidad como una de las varias en las que tiene más de un 5% de participaciones de forma indirecta (a través de Nogales de María).

Después, ningún documento oficial recoge la supuesta venta, lo que impide comprobarla fehacientemente. La compraventa de participaciones no se inscribe en el Registro Mercantil. García Urbano oculta la declaración de bienes e intereses que debe presentar como regidor, incumpliendo la Ley de Transparencia. Y las últimas cuentas que Nogales de María depositó en el Registro son las de 2019.

Dudas en la valoración

Si es por Solís, la operación saldrá, aunque ha dejado la decisión en manos de su hija, que ahora gestiona sus sociedades. “En principio se aceptará, pero va a depender mucho de los números. El precio está muy justo muy justo muy justo”, dice. “Pero he dicho que si lo ven oportuno tiren adelante y si no que se pelee. Tengo tasaciones de Tinsa que están por encima, pero a veces hay que salir de los problemas”.

El Consistorio de Ángeles Muñoz está tramitando la expropiación a través de un proyecto de ampliación de servicios públicos destinado a mejorar la eficiencia de las delegaciones de Urbanismo, Industria y Vía Pública concentrándolas en ese inmueble. Lo expuso a alegaciones públicas en pleno agosto. Los socialistas subrayan que concentrar tres servicios en un edificio no tiene por qué mejorar el servicio y denuncian que todo es un subterfugio orientado a “esconder” la adquisición de los inmuebles afectándolos primero como equipamiento público.  

El Ayuntamiento ya rechazó estas alegaciones, que también cuestionaban el precio que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar. El Consistorio admite en su respuesta a las alegaciones de los socialistas que “no pondera” la situación urbanística del inmueble (es decir, que está fuera de ordenación), “modificando el criterio de anteriores informes”, pero no explica por qué.  

Los socialistas han pedido al equipo de gobierno que paralice la expropiación mientras el juzgado resuelve, para no comprometer al Ayuntamiento en una responsabilidad con la expropiada si finalmente los tribunales declaran que no es posible llevar a cabo la operación.