El juez cita al alcalde de Estepona como investigado por malversación al contratar a la supuesta víctima del acoso sexual

El juzgado ha citado a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), para que declare como investigado por presunta malversación, a su vez vinculada a un caso de supuesto acoso sexual del alcalde hacia un policía local. El regidor esteponero acudirá a declarar el próximo 13 de enero por la presunta malversación. Ese día está también prevista la comparecencia de C.P.B., que fue contratada como cargo de confianza del municipio en febrero de 2023. La mujer, pareja del policía local que denunció haber sido presionado por el alcalde para mantener relaciones sexuales, declarará como testigo.

La citación se produce apenas unos días después de que el juzgado de instrucción 5 de la localidad acordara la apertura de esta nueva investigación, tal y como adelantó elDiario.es Andalucía. En este procedimiento el juez ha admitido la personación del grupo municipal socialista, no así en las diligencias previas abiertas para esclarecer el presunto delito de naturaleza sexual.

La nueva providencia ordena la citación sucesiva de la testigo y del alcalde como investigado por la presunta malversación a las 10 y a las 12 de la mañana, y emborrona definitivamente el horizonte judicial de García Urbano, que asegura que las denuncias contra él son falsas. “Es una inadmisible e injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde y del cargo que desempeña con una única y clara finalidad espuria”, señalan fuentes municipales.

Un presunto acoso sexual en origen

Al contrario de lo que pretendía el alcalde, este caso y sus derivadas no será objeto de una instrucción relámpago, y su vía crucis judicial se extenderá más allá de las navidades. De momento, añadirá esta segunda declaración a la que ya prestó hace apenas un mes, también como investigado, por el presunto acoso sexual.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por un antiguo policía local, ahora de baja, en la que se relata que García Urbano forzó una serie de encuentros sexuales con el agente y su pareja bajo la amenaza de que el primero vería comprometida su carrera si no accedía a sus pretensiones.

Desde que se admitió a trámite por el juzgado, el alcalde ha hecho lo posible para rebajarlo a la categoría de complot y pidió su archivo de plano. Sin embargo, por ahora del juzgado solo le ha llegado una ristra sucesiva de malas noticias: primero el juez admitió la denuncia; luego dio cierta credibilidad al denunciante, que la ratificó; luego llamó a García Urbano como investigado; luego transformó la condición de la mujer de testigo a denunciante del presunto acoso; la semana pasada abrió una nueva investigación para ver si hay malversación; y ahora llama nuevamente al alcalde como investigado por la presunta malversación.

La mujer fue contratada en febrero de 2023 como asesora del área de Control Externo, dependiente del concejal Blas Ruzafa. Es un nombramiento extraño, porque no tenía una trayectoria académica o profesional que la capacitara para ese puesto, y porque debía cesar necesariamente en mayo de 2023, al disolverse la corporación justo antes de las elecciones municipales. Al mes, cada cargo de confianza esteponero se embolsa entre 3.500 y 5.000 euros.

El alcalde ha presentado ya un escrito al juzgado en el que, por un lado, se trata de restar credibidilidad a la mujer caracterizándola como beneficiaria del presunto delito de malversación y, por otro, se asegura que no hay ningún delito. Así, los abogados de García Urbano subrayan que “ha manifestado de manera indubitada haber sido partícipe directo de los hechos objeto de investigación y beneficiaria de los mismos”. Y, a la vez, aseguran que han entregado documentación para demostrar que no habría irregularidades “en ninguna de las contrataciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento desde que es regidor”.

Por otro lado, en ese escrito se asegura que el periodo de contratación se limitó a un mes (de febrero a marzo), cuando entre el agente (primer denunciante del acoso) y la mujer ya no había “ningún tipo de relación o vínculo”, según informan desde el consistorio. El 13 de enero el alcalde tendrá la oportunidad de aclarar al juez estas cuestiones y su relevancia para determinar si existió o no malversación.