El alcalde de Estepona contrató como cargo de confianza a la testigo del presunto acoso sexual a un policía

El caso del presunto acoso sexual del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), hacia un policía local, que investiga el juzgado de instrucción 5 de la localidad, ha añadido un ingrediente sustancial en las últimas horas. La mujer que declaró como testigo el pasado lunes y que, según la denuncia, fue forzada a participar en diversos encuentros sexuales entre García Urbano y el denunciante, fue contratada como cargo de confianza por el alcalde de Estepona el 13 de febrero de 2023.

El nombramiento de C.P.B. “para desarrollar funciones propias de asesoramiento especial y confianza en el Área de Control Externo” quedó registrado en el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de marzo de 2023, tal y como ha adelantado El Cierre Digital y ha comprobado este medio. La persona allí designada es la mujer que declaró el lunes como testigo, según han confirmado a este diario varias fuentes conocedoras del procedimiento. La mujer informó al juez de esta circunstancia durante el interrogatorio.

Esto introduce en la causa un elemento económico. La oposición desliza que la contratación de esta mujer, sin formación o experiencia relacionada con el cargo, apunta a la posible comisión de delitos de malversación y/o prevaricación, que se añadirían a los relatados en la denuncia que dio origen a la investigación judicial. Ya no se trataría, según esa hipótesis, de presuntos delitos de naturaleza sexual cometidos por García Urbano haciendo uso de su poder como alcalde, sino también de un uso presuntamente irregular de dinero público.

Desde hace un mes, García Urbano está siendo investigado por una denuncia en la que se relata cómo habría forzado un policía local oriundo de Córdoba y destinado en Estepona y a su pareja (según se la califica en la denuncia) a mantener relaciones sexuales con él, bajo la amenaza explícita de que el policía perdería su puesto de trabajo si no accedían a sus pretensiones.

El alcalde, que gobierna Estepona con robustas mayorías absolutas desde 2011, sostiene que está siendo “víctima de una denuncia falsa” y “sin fundamento” que busca dañar su dignidad personal y su trayectoria con una “finalidad espuria”. El pasado 18 de noviembre acudió a declarar “de manera voluntaria”, según resaltó él para difuminar que lo hacía como investigado, algo que aclararon después fuentes judiciales. Sólo respondió a las preguntas de su abogado, y no a las de Fiscalía y el abogado del denunciante.  

El consistorio no ha respondido a las preguntas formuladas por este medio en relación al nombramiento de C.P.B. como cargo de confianza.

Nombramiento para tres meses

El nombramiento de C.P.B. se produjo por resolución del alcalde en febrero de 2023. Es un momento extraño porque apenas quedaban tres meses para las elecciones municipales del 28 de mayo, cuando se produce el cese de oficio de todos los cargos de confianza municipales al disolverse las corporaciones. En julio, cuando García Urbano firma la resolución con los cargos de confianza para el nuevo mandato (el vigente) su nombre ya no aparece. Allí constan una docena de cargos con retribuciones entre 41.150 y 63.900 euros. De esta forma, en tres meses el salario bruto de un cargo de confianza en Estepona oscila entre los 10.500 y los 16.000 euros.

En su día, el nombramiento de esta mujer causó sorpresa entre los grupos de la oposición (PSOE y Vox), puesto que su bagaje profesional y académico, vinculado a la enfermería según diversas fuentes municipales, no guardaba relación con las funciones a desempeñar en el “área de control externo”. Este área tiene las competencias de playas, privatizaciones, protección civil, proyectos estratégicos y servicios, según la web municipal. El concejal responsable es Blas Ruzafa.

El grupo municipal del PSOE, que apunta a una “posible malversación de fondos públicos”, ha solicitado por escrito este miércoles la resolución del nombramiento, el decreto de cese y contratación, el registro de entrada y salida de la mujer de dependencias municipales y su retribución económica. También Vox está interesado en conocer en qué expedientes participó la mujer, si es que participó en alguno.

Emma Molina, portavoz del PSOE, cree que la contratación de la testigo rebasa “con creces la parcela personal del alcalde, ya que afectan al ámbito público al estar vinculados a la contratación de la denunciante mediante fondos municipales”. Fuentes del consistorio ponen en cuestión que alguna vez acudiera a su puesto de trabajo en dependencias municipales.

De testigo a denunciante

La mujer aparece en el relato de la denuncia como pareja del denunciante, un policía local que el pasado 22 de octubre denunció al alcalde por forzarle, según su versión, a participar en actos sexuales, en ocasiones con la presencia de ella.

Sin embargo, hasta ahora era únicamente testigo, y como tal acudió a declarar el pasado lunes. Su declaración duró en torno a una hora y media. Narró “con detalle y precisión todo el calvario que han vivido, tanto ella como el agente”, según declaró el abogado del denunciante a los medios. Fuentes cercanas al caso aseguran que el juzgado ha cambiado su situación procesal, pasando a ser denunciante.

En la denuncia original se relata que también era víctima de “hostigamiento” y que habría participado en los encuentros sexuales de manera obligada. Ambos “tenían que acceder a todas las peticiones indecorosas sexuales que el Sr. García Urbano solicitaba, ya que siempre dejaba claro que el puesto de funcionario de D. J. podría estar en peligro”, según esa denuncia, ratificada ante el juez a principios de noviembre. De estas situaciones existirían pruebas gráficas que han sido aportadas al juzgado, según fuentes cercanas a la instrucción.

La mujer llegó a acompañar a García Urbano a un viaje a Alemania, según el relato de la denuncia, donde se asegura que el alcalde abonaba 2.000 euros mensuales a la pareja con el fin de que ambos pasaran el mayor tiempo posible en Estepona y les buscó un piso de alquiler en el edificio Panorama de la avenida de España.

El presunto uso de fondos públicos en un presunto caso de naturaleza sexual y de abuso de poder añade una derivada económica al asunto, que tras la ratificación de la denuncia ante el juez y las comparecencias de García Urbano y de la mujer sigue abierto, a la espera de que el juez acuerde más diligencias, dicte auto de procedimiento abreviado o lo archive.