La siderurgia española urge al Gobierno a “sacar el gas de la formación de precios eléctricos”. Una “decisión extrema en tiempos extremos” que apremia a adoptar para que el Ejecutivo no sea “responsable directo de los efectos perniciosos que una ausencia de medidas inmediatas y efectivas pueda tener en nuestra economía y nuestro empleo”.
“Señores del Gobierno, no miren hacia los burócratas de Bruselas, que, muy felices en su torre de marfil, no serán responsables de esos efectos”.
En estos términos se expresa Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), en una tribuna publicada en Industry Talks este jueves, cuando comienza el trascendental Consejo Europeo al que España ha condicionado las medidas a adoptar para paliar el agravamiento de la crisis energética por la guerra en Ucrania.
“Desde UNESID, y junto con otras asociaciones sectoriales de la industria electrointensiva, proponemos que el Gobierno, por motivos de emergencia y con carácter temporal, desacople el efecto de los combustibles fósiles en el mecanismo de formación de precios de la electricidad. No hay ninguna justificación para que se mantenga ese sistema en la situación de emergencia de guerra que estamos padeciendo”.
Barceló señala que tras más de seis meses con los precios de la luz “convertidos en la pesadilla de ciudadanos y empresas”, la situación “ha empeorado” tras la invasión rusa “alcanzando niveles ya insoportables en nuestro país”. Advierte de que las propuestas presentadas por Bruselas el pasado 8 de marzo para mitigar esta situación “no tendrán resultados inmediatos ya que, como poco, deberemos esperar a mediados de abril para verlos, en el mejor de los casos”.
La Comisión “se centra en tres posibilidades: intervenir el precio de la electricidad para beneficiar a los consumidores vulnerables y microempresas; aumentar las ayudas públicas a las empresas por parte de los Estados miembros”, algo que “para los más ricos sería posible pero para España tendría muchas limitaciones”, e “imponer un impuesto temporal a los ”beneficios caídos del cielo“ como consecuencia del aumento del precio del gas natural (pero no de los derechos de CO2)”.
“Es evidente que no puede objetarse nada a que los poderes públicos alivien la carga de las familias más vulnerables, que son muchas más ya por el efecto de la escalada de precios, pero el resto de las medidas suponen un auténtico dislate. Es como pretender parar una hemorragia con una tirita. Y esta es una hemorragia que amenaza seriamente a la economía del país”.
Precios astronómicos
“Suena hiriente que se pretenda solucionar el problema sin entrar a modificar el esquema de formación de precios, aunque sea temporal y provisionalmente”, según Barceló. El método de “cobrar para luego repartir” que propugna la Comisión Europea “supondrá que la industria electrointensiva española tenga que seguir pagando unos precios astronómicos, sin ninguna vinculación con los costes de generación reales del 80% de la electricidad producida en nuestro país”.
España ha planteado poner un tope al precio del gas de forma aislada junto con Portugal si no hay un acuerdo a escala europea. Se trataría de un precio de referencia para lo que cobran las centrales de gas que ayudaría a reducir drásticamente el mercado mayorista eléctrico. La opción que el Ejecutivo ve más viable es un mecanismo compensatorio, pero no aclara si se pagaría después con cargo a la factura de la luz o con fondos públicos.
Barceló lleva meses pidiendo cambiar el mercado mayorista de electricidad para evitar que los precios récord del gas sigan contaminando la factura eléctrica. La patronal que dirige ha también alertado estos días del bloqueo generado por los paros de transportistas desde hace casi dos semanas, que ya han forzado el parón de factorías por la falta de suministros.