El INE contempla aplazar hasta al menos 2023 el cambio en la medición del precio de la luz para el IPC

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contempla aplazar al menos a 2023 el cambio en el IPC que permitirá medir la evolución de los precios de la electricidad incluyendo los contratos en baja tensión que están en el mercado libre. 

Actualmente estos contratos, que suponen el 60% de los suministros en baja tensión, están fuera de su ámbito de análisis. El organismo solo tiene en cuenta al 40% restante, los del mercado regulado del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

El año pasado, esta modalidad, tradicionalmente más barata que el mercado libre (en el que los precios son más estables), se disparó al estar directamente ligado el coste de la energía a la cotización horaria del mercado mayorista, que en 2021 batió todos los récords, lo que explica una parte de la subida de la inflación de los últimos meses.

El cambio de metodología se está siguiendo en un grupo de trabajo del Consejo Superior de Estadística, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el que están representadas las organizaciones sindicales y empresariales y otros grupos e instituciones sociales, económicas y académicas, junto a los ministerios y al propio INE. 

Ese grupo de trabajo mantuvo una reunión este jueves en la que, según fuentes conocedoras de los trabajos, se pusieron sobre la mesa las dificultades para obtener esa información por parte de las empresas eléctricas. Los principales problemas son diferenciar qué parte del mercado libre corresponde a los hogares y qué precios se están aplicando en ese segmento. 

“Durante este año se van a llevar a cabo los trabajos para que a lo mejor en 2023 estos cambios puedan introducirse. Pero en el año 2022 no va a ser posible”, afirma una fuente conocedora de esos trabajos. Por su parte, fuentes oficiales del INE declinan precisar una fecha para la puesta en marcha de la nueva metodología: “Seguramente sea en un mes de enero, pero no sabemos si en 2023”.

El pasado lunes, cuando avanzó el indicador adelantado del IPC de enero (con una subida del 6%), el organismo ya informó de que ese cambio que lleva meses preparando “ha tenido que ser aplazado hasta obtener la información que han de suministrar las compañías eléctricas con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC y, en consecuencia, poder explicar debidamente la evolución futura del indicador”. 

Según el INE, “la situación errática del mercado en este momento no favorece la introducción de ningún cambio metodológico, que podría desvirtuar el análisis de la evolución de los precios a lo largo del año 2022 y siguientes”. El organismo subrayó que cualquier cambio metodológico en el IPC “puede producir un sesgo en la medición de las tasas anuales a lo largo del primer año de su incorporación”. El objetivo es que esas modificaciones “afecten en la menor medida posible a los resultados”.

El instituto estadístico ya advirtió de que para que la inclusión del mercado libre de electricidad no produzca ese sesgo, se requiere “estabilidad en la evolución de los precios en el año previo y en el año de la introducción de la nueva fuente”. Porque a mayores oscilaciones de precios, “más importancia tendrá el sesgo”. Y ese requisito de estabilidad “no se ha producido a lo largo del año 2021”, cuando el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista de electricidad pasó de una media de 28 euros al mes en febrero a casi 240 euros en diciembre, tras dispararse a partir del verano. 

En lo que llevamos de año, el llamado pool se ha situado en 202 euros/MWh y los mercados de futuros apuntan a precios medios superiores a los 180 euros desde la primavera hasta diciembre. Todo dependerá de la evolución de la cotización del gas natural, que condiciona los precios de la electricidad al ser este un mercado marginalista. Este combustible está en niveles históricamente altos por la tensión con Rusia.

Respecto a la disponibilidad de “información precisa sobre el consumo de los hogares” y la evolución de los precios, el INE ha advertido de que es “especialmente importante” que la información suministrada se refiera al mes en el que el hogar disfruta del servicio para así cumplir con la normativa de la Unión Europea.

Solo los hogares

Fuentes conocedoras de los trabajos del INE explican que uno de los aspectos más complejos es diferenciar qué parte del mercado libre en baja tensión corresponde a clientes domésticos, ya que el IPC debe medir exclusivamente los precios de consumo para los hogares y en el mercado libre hay también muchas pymes.

La no inclusión del mercado libre ha llevado a cuestionar los datos de inflación que publica el INE, cuyos datos de crecimiento del PIB han puesto en solfa miembros del Gobierno. Un informe de CaixaBank publicado esta semana sostiene que contabilizar solo los contratos en PVPC “generó un claro sesgo al alza en la estimación del IPC” de 2021. Asegura que el organismo habría sobreestimado en casi un punto la inflación promedio anual de 2021, con el consiguiente efecto en la revalorización de las pensiones y la actualización de algunas rentas, como los alquileres.

La estimación del servicio de Estudios de CaixaBank, participada por el Estado, está basada en un estudio con dos millones de facturas de la luz domiciliadas en la entidad que sostiene que el recibo de los hogares de 2021 (contando mercado libre y regulado) fue “similar” al de 2018. El INE ha replicado que ese estudio debería tener en cuenta otros aspectos como el consumo asociado a esos recibos, el número de días a los que se refieren, “o información que permita distinguir qué parte de la cuantía del recibo se debe a los cambios en los precios y qué parte a la evolución del consumo del hogar, entre otros”.

Según el INE, “la clave para una correcta medición de la evolución de los precios del mercado eléctrico es disponer de información relativa a dichos precios, algo que a día de hoy, y tras diversas reuniones con las principales empresas del sector, no ha sido posible conseguir todavía”.

El INE ha constatado “que los ingresos no sirven para medir la evolución de los precios, y que las facturas de los clientes no sirven para medir la inflación dado que se refieren a periodos previos al mes en el que se publica el IPC. Por tanto, si esta información no se considera válida para el IPC tampoco lo es para ningún estudio que trate de aproximar el cálculo del IPC, como el de CaixaBank Research”.