El Instituto Nacional de Estadística (INE) no medirá cuántas viviendas vacías hay en España en el censo de 2021, que ya está elaborando y cuyos primeros resultados saldrán a finales del año que viene. En su lugar, establecerá “una nueva clasificación alternativa de las viviendas” basada en su consumo eléctrico y no en su uso.
Hasta ahora, el INE distinguía entre vivienda principal, vivienda secundaria y vivienda vacía. Fuentes del organismo explican que el concepto de vivienda vacía “siempre ha sido discutible” porque no hay una definición oficial —¿cuánto tiempo ha de estar vacía una vivienda para considerarse como tal?— y que la nueva clasificación será “mucho más rica y precisa”. En el futuro censo también desaparecerá el concepto de vivienda secundaria: solo se mantendrán el de vivienda principal (con gente empadronada) y no principal (sin empadronados).
El último censo, de 2011, contabilizó 3,4 millones de viviendas vacías. Es una cifra que movimientos sociales como la PAH emplean para reclamar penalizaciones a sus propietarios (el lema “Ni gente sin casa, ni casas sin gente” llama a la movilización de vivienda desocupada). Sin embargo, algo que no ha estado nunca claro es dónde están esas viviendas ni si están en buen estado para vivir. Como las de la Sareb.
Los datos de 2011 revelaron que las provincias de Ourense y Ávila son las que más porcentaje de vivienda vacía tienen y que los municipios pequeños, de entre mil y 10.000 habitantes, presentan mayores tasas de desocupación. Y que medio millón de viviendas vacías estaban en estado ruinoso, deficiente o malo. La información sobre usos de vivienda también puede extraerse por secciones censales —mucho más detallada—, pero el INE reconoce elevados errores de muestreo a este nivel.
“Antes iban los técnicos a los domicilios. Cuando no había nadie, era un problema: ¿es secundaria o vacía? Era un criterio muy subjetivo. Muchas veces, aunque el agente se encontrara frente a la vivienda no tenía evidencias para discernirlo. La cifra que se daba tenía incongruencias”, explican desde el instituto. “¿Cómo podemos hacerlo más preciso? Con el consumo eléctrico”.
La información de consumo ya se la dan las comercializadoras a la Agencia Tributaria. Es una de las fuentes que los inspectores usan para saber si una vivienda está alquilada y si, por tanto, el propietario debe declarar ese alquiler. Esta medida redujo el fraude del 60% al 45%, según datos del sindicato de Técnicos de Hacienda.
Tal y como apunta el proyecto, se medirá el consumo eléctrico anual de las viviendas y se ofrecerá información agregada por secciones censales, complementaria (no cruzada) a la de viviendas principales y no principales. Aún están por decidir los rangos de consumo. “Es complicado. No consume lo mismo una casa en Denia, con muchas horas de sol, que en León. Lo verán los técnicos cuando estén los datos, pero la información va a ser mucho más objetiva”, añaden.
La Ley definirá qué es vivienda vacía
La futura Ley de Vivienda, aún en negociación entre los dos partidos del Gobierno, deberá definir qué es exactamente una “vivienda vacía”. Con esa definición, los Ayuntamientos podrán aplicar recargas sobre el IBI, una fórmula prevista para estimular el mercado del alquiler. El real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda de 2019 permite a los consistorios recargar hasta un 50% este impuesto a las viviendas desocupadas, pero al no definir qué es una “vivienda desocupada” y remitir a la normativa autonómica, queda cojo. PSOE y Podemos avanzan en este punto, aunque con diferencias sobre el porcentaje de recargo.
Más allá del recargo, el problema al que se enfrentan los Ayuntamientos es saber qué viviendas están vacías. La información del INE es agregada para todo el mundo para garantizar la privacidad. Así, si un Ayuntamiento quiere tener esa información deberá encargar su propio censo. Es lo que hizo el de Barcelona en 2018, con un presupuesto de 248.000 euros. Barcelona realizó visitas presenciales a 36.817 pisos en los que no había consumo de agua ni nadie empadronado para comprobar si esas viviendas estaban vacías o no. Cifró en 13.000 las viviendas desocupadas, un 1,52% del parque total, muy por debajo de las 80.000 que estimó el INE en 2011.
En la Comunidad Valenciana, la Ley de Función Social de Vivienda obliga a los grandes propietarios (más de diez viviendas) a comunicar semestralmente cuántas de ellas están deshabitadas. Esta ley considera deshabitada a una vivienda que lleve más de dos años sin inquilino.
Un censo más barato
El censo se hace cada diez años y ofrece información pormenorizada sobre la población y las viviendas del país. El de 2021 será muy novedoso porque se basará solo en registros administrativos, lo que permite abaratar su coste, ser más eficiente e “invisible para la sociedad” y evitar riesgos de contagio (teniendo en cuenta que estamos en pandemia).
Entre los registros que se usarán están el padrón municipal, el catastro, los de la seguridad social y de la Agencia Tributaria. El presupuesto estimado es de 3,2 millones de euros.
“Tradicionalmente, los censos se elaboraban con la visita del agente censal a cada domicilio, pero a partir de los años 80 creció la tendencia de construir información censal a partir de registros”, continúan las fuentes del INE. “Comenzamos a usar registros administrativos en 2011. Ahora, España se suma al reducido grupo de países (Holanda, Austria y los nórdicos) que realizará el censo basándose solo en registros”. Otros países, como Alemania, Reino Unido e Italia, aún combinan ambos métodos.