Si los carburantes dieron un respiro en septiembre, en octubre ha sido la caída del gas y, por tanto, también de la electricidad. La inflación se moderó por tercer mes consecutivo, al 7,3% respecto al mismo mes del año pasado, según el dato avanzado este viernes por el INE (Instituto nacional de estadística).
El IPC (Índice de precios de consumo) general se redujo exactamente 1,5 puntos frente a la tasa interanual de septiembre. Principalmente por el abaratamiento de la luz, y del gas al no quedar espacio para almacenarlo mientras que no llega el frío. Mientras, subió el indicador en tasa mensual por el rebote de los carburantes.
La relajación del IPC interanual también se debe a las medidas de choque del Gobierno para aliviar el daño de las subidas de precios. “Destacando el mecanismo ibérico, la reducción de los precios del transporte o la bajada de los impuestos en la factura del gas y de la luz”, recalca el propio Ministerio de Asuntos Económico. También influye el propio frenazo de la actividad económica en general, tras finalizar la primera temporada turística completa y sin restricciones desde 2019.
Esta moderación prácticamente confirma que la inflación del 10,8% de julio es el techo de esta crisis energética que se exacerbó con la invasión rusa de Ucrania y que se ha trasladado a todos los precios. También sitúa a España como la segunda gran economía de la eurozona donde más se ha relajado el IPC, que solo está por debajo en Francia.
Desde ahora, será más difícil que los precios energéticos sigan siendo los que más aporten a desbocar el IPC general por el efecto base. Al final de pasado año ya protagonizaron fuertes subidas, por lo que la comparación en los próximos se produce respecto a niveles ya muy elevados.
Lo más preocupante del dato de inflación de octubre adelantado por el INE es que el IPC subyacente, que excluye precisamente la energía y los alimentos frescos, se estancó en el 6,2%. Este índice da una visión más estructural de las subidas de precios. Y en estos niveles tan altos indica un contagio total en la cesta de bienes y servicios, y supone persistencia de la inflación de cara a 2023, incluso aunque caigan carburantes o gas.
Así, es especialmente alarmante que los alimentos en conjunto siguen disparados. Hacer la compra en el supermercado es un ejercicio asfixiante en nuestro país. Y dado que los salarios están subiendo muy por debajo de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las familias es la más grave en cuatro décadas.
El consumo resiste por el ahorro acumulado en la pandemia (aunque de manera muy desigual) y por la fortaleza del mercado de trabajo tras la reforma laboral. La tasa de paro en 12,7% y la mayor estabilidad de los contratos conforman el principal dique de contención de esta crisis. La mayoría de hogares mantienen sus rentas. Mermadas, por supuesto. Pero las mantienen.
Un dique de contención que amenaza la negativa de los representantes de los empresarios (principalmente de la CEOE) de negociar un acuerdo de subida de salarios, pese a estar mejorando sus márgenes de beneficio.
También es una amenaza la agresiva política de incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). La estrategia de la institución es “enfriar” la economía para luchar contra la inflación, que es su único mandato. Esta estrategia asume el riesgo de provocar una recesión más larga y profunda (y la destrucción de empleo) frente al frenazo que ya de por sí implica la incertidumbre por la guerra y la crisis energética y de precios.
Para entender mejor el riesgo de una inflación persistente sin subida de salarios y encarecimiento de la hipotecas. El 8% de IPC medio que se estima al cierre de este 2022 supone perder una paga del sueldo respecto al año pasado en las remuneraciones más bajas.
En cifras concretas, si a un salario bruto anual de 20.000 euros de un trabajador, que recibe 1.429 euros en cada una de las habituales 14 pagas, la subida de los precios le da ese mordisco del 8%, el recorte en la renta es de cerca de 1.500 euros. Es decir, efectivamente pierde una paga.