Este 2 de marzo iba a ser el día en el que la Comisión Europea presentara unas directrices para que los Gobiernos elaboraran sus próximos presupuestos. La idea era orientar a los 27, en un momento en el que sigue desactivado –y en revisión– el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la mayoría de los países están en una situación económica similar a la prepandémica; y la vacuna, así como el fin del invierno, auguran mejores datos sanitarios. En consecuencia, Bruselas iba a presentar un marco que respetara la flexibilidad fiscal para no frenar el rebote de las economías, pero vigilando el gasto público.
Esa era la teoría.
La realidad es que el jueves pasado a las cuatro de la mañana el presidente ruso, Vladímir Putin, decidió atacar Ucrania. Y, a partir de ahí, todo ha cambiado. ¿Qué impacto va a tener la guerra? “Es difícil, es demasiado pronto”, reconoce el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni: “La incertidumbre ha aumentado, pero va a tener un impacto negativo”. No obstante, Gentiloni espera que “tendrá un peso significativo en la esperado expansión económica en la UE, pero sin descarrilarla, sólo que se debilite”.
Eso sí, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha anunciado que Bruselas analizará en primavera si sigue con los planes de aplicar el Pacto de Estabilidad en 2023 o prorroga otro año su congelación: “Nuestras proyecciones actuales indican que la cláusula de escape general se desactivará a partir de 2023. Pero, en vista de la incertidumbre, volveremos a evaluar esto en la primavera”.
“La invasión de Ucrania por Rusia ha socavado la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales”, afirma la Comisión Europea: “La UE se enfrenta a algunos desafíos inmediatos, como los flujos de refugiados, la seguridad y las posibles respuestas de Rusia. Esta crisis corre el riesgo de impactar negativamente en el crecimiento, incluso a través de las repercusiones en los mercados financieros, mayores presiones sobre los precios de la energía, cuellos de botella persistentes en la cadena de suministro y efectos en la confianza”.
Bruselas reconoce que las previsiones publicadas hace tres semanas “no tenían en cuenta la invasión de Ucrania y las consiguientes tensiones geopolíticas. Esto impacta negativamente en las perspectivas de crecimiento y aumenta los riesgos. Por ejemplo, la inflación puede resultar más alta de lo esperado como resultado de presiones de costes por los cuellos de botella. Los precios más altos de la energía que se trasladan en mayor medida de los precios del productor a los del consumidor pueden pesar sobre la demanda agregada. Es probable que los cuellos de botella de la oferta mundial persistan hasta bien entrado 2022. Además, los efectos de segunda ronda más altos de lo esperado de los aumentos salariales potencialmente por encima de la productividad pueden mantener la inflación alta durante un período más largo”.
“Por el lado positivo”, afirma el Ejecutivo comunitario, “las inversiones fomentadas por el los fondos europeos y del presupuesto de la UE [Marco Financiero Plurianual, MFP], incluidos los fondos de la política de cohesión de la UE, podrían generar un mayor impulso a la actividad”.
Orientación presupuestaria
“La idea es ayudar a los Estados miembros a sus programas de estabilidad y convergencia”, ha explicado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
“Dada la incertidumbre excepcional”, ha dicho Gentiloni, “la Comisión no propondrá abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo esta primavera. Volveremos a examinar la cuestión en otoño. También, en vista de esta incertidumbre, confirmamos que nuestras recomendaciones para 2023 se formularán de nuevo en términos cualitativos, con un apuntalamiento cuantitativo”.
Para ello, las orientaciones de Bruselas se organizan en cinco principios clave que guiarán la evaluación de la Comisión de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros, así como las recomendaciones presupuestarias que el Ejecutivo comunitario propondrá a los Estados miembros en mayo de 2022 para sus planes presupuestarios para 2023.
Asegurar la coordinación de políticas y una combinación de políticas coherente. “La coordinación de la política fiscal sigue siendo clave”, dice Bruselas: “Se necesita una coordinación sólida y continua de las políticas fiscales para garantizar una transición fluida hacia un nuevo camino de crecimiento sostenible y sostenibilidad fiscal. La orientación fiscal adecuada para la zona del euro debe ser el resultado de un equilibrio adecuado entre sostenibilidad y estabilización. Es fundamental lograr dicha articulación a nivel de país y teniendo en cuenta la dimensión zona del euro/UE”.
Asegurar la sostenibilidad de la deuda a través de un ajuste fiscal gradual y de alta calidad y crecimiento económico. “Se necesita un ajuste fiscal plurianual combinado con inversiones y reformas para sostener el potencial de crecimiento a fin de frenar la dinámica de la deuda”, afirma la Comisión Europea: “Es importante garantizar unas finanzas públicas sostenibles mediante una reducción gradual de la elevada deuda pública”.
Fomentar la inversión y promover el crecimiento sostenible. “Todos los Estados miembros deben proteger la inversión general y, cuando esté justificado, ampliar la inversión financiada a nivel nacional, también para la transición verde y digital. Se debe poner énfasis en una inversión de calidad, en línea con la inversión financiada por el Fondo de Recuperación y Resiliencia”, dice la comunicación de la Comisión Europea.
Ajuste fiscal a medio plazo. “El ajuste fiscal en los Estados miembros muy endeudados debe ser gradual”, dice Bruselas, “no dar lugar a una política fiscal demasiado restrictiva, y contar con inversiones y reformas que relancen el potencial de crecimiento, facilitando la consecución de trayectorias creíbles de endeudamiento a la baja. La trayectoria del ajuste de la política fiscal debe tener en cuenta los efectos del apoyo del RRF sobre la actividad económica”.
Diferenciar las estrategias fiscales y tener en cuenta la dimensión de la eurozona. “Las recomendaciones fiscales deben seguir diferenciándose entre los Estados miembros y tener en cuenta los posibles efectos de contagio entre países”, sostiene Bruselas.