Multiplicar la inversión privada, buscar fórmulas para exprimir la pública -con una breve mención a los eurobonos-, avanzar en la Unión de Mercados del Capital, mejorar la conectividad física -con más líneas de alta velocidad entre capitales europeas- y digital, eliminar barreras administrativas, rediseñar impuestos para evitar la fragmentación... En medio de un maremágnum de valoraciones y propuestas en el recetario de Enrico Letta para que la UE mejore su competitividad, el ex primer ministro italiano ha colado un duro diagnóstico de las consecuencias que un mercado único volcado en el crecimiento en términos macro ha tenido en la agudización de la desigualdad.
“El mercado único es un potente motor de crecimiento y prosperidad, pero también puede ser una fuente de desigualdad y pobreza si sus beneficios no se reparten ampliamente o, peor aún, si conduce a una carrera a la baja en los estándares sociales”, señala Letta en el informe que este jueves presentará a los líderes de la UE, que se lo encargaron para ir sentando las bases del trabajo que tendrá que emprender la Comisión Europea el próximo mandato: “Existe una tensión inherente entre los resultados de un mercado único que funcione bien, que por lo general incrementa los ingresos públicos y privados, y la Agenda Social, cuyo objetivo es no dejar a nadie atrás. Al tiempo que fomenta el crecimiento económico, el mercado único puede puede haber contribuido inadvertidamente a aumentar las diferencias de riqueza”.
Letta también cuestiona la respuesta liberal que se ha impuesto en la gestión del estado de bienestar europeo al admitir que el mercado único “puede haber contribuido a una mayor privatización de los servicios sociales, centrándose más en los beneficios que en la calidad del servicio y el bienestar de los ciudadanos”. Una vez realizada la evaluación, el político italiano plantea reconducir la situación mediante una mejora del pilar social: “El impacto del mercado único en el aumento de las desigualdades y la dispersión potencial subraya la necesidad de sistemas de protección social más sólidos y de políticas específicas para reducir la pobreza y garantizar un desarrollo económico integrador”.
La crisis de la vivienda, un riesgo para el mercado único
El informe también hace mención a la “crisis de la vivienda” como un factor que puede dañar al mercado único. “Aunque la vivienda no es competencia de la UE, representa un riesgo para el buen funcionamiento del mercado único”, señala Letta, que recopilar datos como un incremento del 22,1% en el precio del alquiler desde 2010 y un 48,9% en el caso de las viviendas en propiedad. “Esta tendencia afecta no solo a los grupos más vulnerables, sino también a muchas familias y ciudadanos de renta media”, avisa Letta, que también enfatiza que el 10,6% de la población urbana dedica más del 40% de la renta a la vivienda. “En los últimos años, los inversores se han mostrado cada vez más activos en los mercados de la vivienda urbana, utilizando la vivienda como vehículo de riqueza e inversión, en lugar de considerarla un bien social”, lamenta.
“Aunque la política de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembros, la UE debe reconocer la urgente necesidad de una respuesta coordinada para hacer frente a la aguda escasez de viviendas adecuadas y asequibles, así como a la escalada de los costes de la vivienda en todos sus territorios”, reclama Letta, que habla de “revisar el diseño y la aplicación de todos los reglamentos, fondos y políticas de la UE que tienen un efecto directo o indirecto en los mercados nacionales de la vivienda”.
“No somos la UE, somos 27”
A pesar de la relevancia de las advertencias y recomendaciones para el día a día de los ciudadanos europeos, el documento 'Mucho más que un mercado' dedica pocas de las 147 páginas a la política social y se centra en materias como la política industrial o financiera. También en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Letta ha puesto en énfasis en tres aspectos fundamentales: la energía, las telecomunicaciones y, especialmente, el mercado financiero. “La integración del mercado interior en el mercado financiero puede ser un punto de inflexión”, ha expresado Letta, que calcula que el ahorro privado europeo asciende a 33 billones de euros, de los que 300.000 millones se fugan a Estados Unidos. Movilizar ese dinero en Europa es fundamental, según explica el informe. “No somos la UE, en muchos sectores somos 27”, ha señalado Letta.
El objetivo del infome también es cómo la UE debe financiar las prioridades que tiene por delante en un momento en el que se ha quedado atrás respecto a otras potencias como Estados Unidos (cuyo PIB per cápita creció casi un 60% entre 1993 y 2022 mientras que el de la UE se quedó por debajo del menos de un 30%) o China, que apenas tenía peso el la economía mundial cuando el mercado único europeo para la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales se concibió en 1985. Ahora Letta apuesta por una “quinta libertad” que tenga que ver con la educación (con programas como Erasmus), la innovación y la investigación.
“Es urgente adoptar un enfoque europeo de la financiación, consistente en una combinación de inversiones privadas y públicas. La atención debe centrarse inicialmente en la movilización del capital privado, un paso crucial que sienta las bases de un marco de financiación más inclusivo y eficiente, ya que es el ámbito en el que la UE está más rezagada”, afirma el texto.
Letta aborda uno de los asuntos espinosos en la UE, que tiene que ver con las ayudas de estado, que han generado distorsiones entre los países con más músculo fiscal, como Alemania, frente al resto. “Debemos desarrollar soluciones audaces e innovadoras que logren un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de movilizar rápidamente ayudas públicas nacionales específicas para la industria, en la medida en que aborden de manera proporcionada los fallos del mercado, y, por otro, la necesidad de evitar la fragmentación del mercado único”, apunta. Así, plantea un mecanismo de contribución a las ayudas estatales que obligue a los Estados miembros a destinar una parte de sus fondos nacionales a financiar iniciativas e inversiones paneuropeas con la vista puesta en el cálculo de que se necesitarán unos 620.000 millones para hacer frente a la transición verde y digital en la que está inmerso en continente.
También pasa de puntillas por uno de los debates que países como Francia han puesto sobre la mesa, pero que genera suspicacias en Alemania, Holanda y los frugales: los eurobonos para financiar las necesidades de seguridad y defensa. “A pesar de las sensibilidades políticas que rodean esta opción, tiene el potencial de movilizar rápidamente, , por un lado, y fomentar el desarrollo de proyectos de colaboración por otro, facilitando así la transición gradual hacia un mercado unificado. Este planteamiento debería estar sujeto a ciertas condiciones. Para mitigar las legítimas inquietudes que suscita la adopción de esta obligación financiera compartida, es esencial combinar este enfoque con planes de reembolso claros”, señala.