En la UE ya se han superado los tabúes de la crisis económica de 2008, cuando los recortes fueron la receta para superar los problemas financieros de los países periféricos, España entre ellos, y la emisión de deuda pública chocaba contra muros prácticamente infranqueables. La austeridad quedó atrás en la pandemia, cuando el gasto expansivo fue la respuesta que dieron los 27 a la crisis que dejó el coronavirus. Y la receta persiste ante el “desafío existencial” que supone la pérdida de competitividad de la región respecto a Estados Unidos o China, potencias con las que la brecha se va agrandando cada vez más.
En un momento en el que la lucha por no quedar atrás en esa competencia feroz se ha convertido en el objetivo 'número uno' de la Comisión Europea y de las capitales de los 27, las instituciones encargaron a los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi, el también expresidente del Banco Central Europeo (BCE), sendos informes en los que ambos sitúan la inversión pública como uno de los principales ingredientes para que la UE salga del letargo. La fórmula que los dos políticos italianos de corte liberal plantean es que la inyección pública sirva como palanca para desarrollar al sector privado.
El expresidente del BCE y exvicepresidente para Europa de Goldman Sachs pone incluso una cifra de inversiones necesarias encima de la mesa: entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año. Eso representa entre el 4,4 y el 4,7% del PIB de la UE. “Para digitalizar y descarbonizar la economía y aumentar la capacidad de defensa de la UE, la inversión total en relación con el PIB tendrá que aumentar en torno a 5 puntos porcentuales del PIB de la UE al año”, recoge el documento, que en todo caso apuntala la idea de que la disciplina fiscal tendría que cumplirse a rajatabla.
Lo que no especifica el economista italiano es cuánto de ese dinero tendría que corresponder a inversión pública y cuál debería acometer el sector privado. Sí que establece el reparto por sectores: 300.000 millones deberían destinarse a la energía; 150.000 millones, al transporte; 150.000 millones, a las tecnologías digitales (donde Draghi advierte de que se está produciendo la verdadera brecha entre la UE y EEUU, por ejemplo); 50.000 millones para las capacidades de defensa; y entre 100.000 y 150.000 millones para impulsar la innovación.
Alemania dice 'no' a la deuda pública europea
El informe dedica un capítulo específico a cómo financiar esas inversiones. “La UE puede satisfacer estas necesidades de inversión sin sobrecargar los recursos de la economía europea, pero el sector privado necesitará apoyo público para financiar el plan”, recoge el documento. Por un lado, recomienda facilitar la inversión privada con una mayor integración de los mercados de capitales, que ahora responden a criterios nacionales de fiscalidad, supervisión o insolvencia. Por otro lado, apuesta por la financiación conjunta de bienes públicos comunes, entre los que cita las interconexiones energéticas o el equipamiento de defensa, a través de emisión de deuda europea. Draghi sostiene que hay un ejemplo reciente y exitoso en los fondos Next Generation EU que se pusieron en marcha durante la pandemia.
La fórmula de los eurobonos, que también se menciona en el informe que hace unos meses presentó Letta, son una herramienta muy polémica en el seno de la UE. De hecho, Alemania no ha tardado en oponerse. “Al asumir una deuda conjunta de la UE, no resolveremos ningún problema estructural: a las empresas no les faltan subsidios. Están atados por la burocracia y la economía planificada. Y tienen dificultades para acceder al capital privado. Tenemos que trabajar en eso”, ha expresado el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner.
Y ahí está el problema con el que se topan este tipo de informes, que pasar del papel a la práctica es complejo y requiere del visto bueno de los países, que tienen intereses cruzados entre sí. Alemania no es partidaria de la emisión de deuda mientras que apuesta por toda la flexibilidad posible para las ayudas de Estado, dado que tiene músculo fiscal para apoyar a las empresas. Por ahora copa las autorizaciones que en los últimos años ha concedido la Comisión Europea a ese tipo de subsidios provocando una fragmentación aún mayor del mercado único. De hecho, Draghi apuesta por acabar con la manga ancha que ha tenido Bruselas desde la pandemia y circunscribir las ayudas de Estado.
Energía cara y oligopolio
El informe también se detiene en el mercado de la energía, “crucial para la industria”, y lamenta que los mayores precios que paga la UE han sido un freno para la inversión. “La diferencia de precios respecto a EEUU se debe principalmente a la falta de recursos naturales de Europa y a su escaso poder de negociación colectiva, pese a ser el mayor comprador mundial de gas natural”, apunta.
Según analiza, la UE no ha aprovechado lo suficiente su posición de monopsonio [en teoría económica se refiere a la situación en la que un producto tiene un solo comprador], “y depende excesivamente de los precios al contado, lo que amenaza a Europa con unos precios del gas natural más volátiles”.
“Esta falta de influencia es especialmente notable en el caso del gas por gasoducto, donde la posibilidad de redirigir los flujos de gas es más limitada, como demuestran los últimos esfuerzos infructuosos de Rusia. Durante la crisis de 2022, por ejemplo, la competencia intracomunitaria por el gas natural entre agentes dispuestos a pagar precios elevados contribuyó a una subida excesiva e innecesaria de los precios. En respuesta, la UE introdujo un mecanismo de coordinación para agregar y ajustar la demanda a ofertas competitivas, pero no hay obligación de compra conjunta”, observa.
Además, el informe avisa de que la brecha también se debe a problemas fundamentales del mercado energético de la UE. “La inversión en infraestructuras es lenta y subóptima. Las normas del mercado impiden a las empresas y los hogares aprovechar todas las ventajas de la energía limpia en sus facturas”, relata.
Por otra parte, critica que la influencia de los mercados financieros ha aumentado “la volatilidad de los precios”. Draghi describe un contexto de oligopolio [en teoría económica, cuando un puñado de empresas controlan un mercado]: “Unas pocas empresas no financieras realizan la mayor parte de la actividad comercial en los mercados europeos del gas”.
“Las cinco principales empresas poseen alrededor del 60% de las posiciones en algunos centros de negociación y sus posiciones cortas aumentaron considerablemente, casi un 200%, entre febrero y noviembre de 2022. Podría mejorarse la supervisión de las actividades de estas empresas”, aconseja.
La inmigración como palanca de crecimiento
Más allá de la falta de impulso en la innovación, de la dependencia de terceros países en materias primas y de la fragmentación del mercado único que componen el diagnóstico clásico de la pérdida de competitividad europea, el documento que Draghi ha entregado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, choca con el rechazo a la inmigración que en los últimos años va atravesando Europa y que tiene que ver en buena medida con el auge de la extrema derecha.
Draghi alerta de que el envejecimiento demográfico y, por tanto, la pérdida de población activa pasará una factura a la economía europea que la inmigración no llega a compensar. “Históricamente, el crecimiento de la población activa ha sido un motor importante del crecimiento del PIB en todas las grandes economías, ya que la población en edad de trabajar aumentaba de forma constante. En la UE, sin embargo, el crecimiento de la población en edad de trabajar se ha ralentizado desde los años 90 y ha empezado a disminuir en conjunto en la última década, debido principalmente al descenso de las tasas de natalidad. La inmigración neta positiva no compensa el declive demográfico de la UE”, recoge el documento.
“Las proyecciones demográficas a largo plazo indican que la población de la UE seguirá disminuyendo. Este descenso contrasta con el de Estados Unidos, cuya población seguirá creciendo en las próximas décadas, aunque a un ritmo más lento”.
También suspende a la UE a la hora de atraer talento extranjero y retener el existente. “Además del talento tecnológico, la UE debería simplificar y agilizar los procedimientos de inmigración para trabajadores altamente cualificados, incluida la tramitación acelerada de visados y permisos de residencia para profesionales cualificados. Más allá de los procedimientos de inmigración propiamente dichos, los Estados miembros deberían ofrecer oportunidades de trabajo atractivas para los profesionales altamente cualificados y programas de movilidad de la UE, como el sistema de la tarjeta azul, que facilita la entrada y residencia de nacionales de terceros países altamente cualificados por motivos laborales”, establece el informe.
Igualmente, es duro con el nivel educativo europeo, al que acusa de no estar formando a las nuevas generaciones en las habilidades que requiere el mercado. Así, se hace eco de las dificultades que tienen las empresas para encontrar empleados cualificados (una cuarta parte dice haber tenido dificultades para encontrar empleados con las cualificaciones adecuadas y el 77% de las empresas de la UE afirman que incluso los empleados recién contratados no tienen las cualificaciones necesarias).
“La escasez de cualificaciones está actuando como barrera para la innovación y la adopción de tecnología y podría potencialmente obstaculizar también la descarbonización. Europa produce talentos de gran calidad en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero su oferta es limitada. La UE produce unos 850 licenciados en STEM por millón de habitantes al año, frente a los más de 1.100 de Estados Unidos”, recopila.