El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después

El Ingreso Mínimo Vital cumple un año en estos días. Justo este martes, 15 de junio, han pasado doce meses desde que se puede solicitar la primera renta mínima estatal en España. La medida aprobada por el Gobierno de coalición supuso un hito en la lucha contra la pobreza en el país, al establecer un suelo mínimo de ingresos homogéneo en todo el Estado, una reclamación de las organizaciones sociales, las voces expertas en pobreza y la propia Comisión Europea. Un año después, la ayuda sigue siendo celebrada por la importancia de su puesta en marcha, con un importante “pero”: ha alcanzado a muchas menos personas de las previstas, “725.000”, algo menos de un tercio respecto a la meta de 2,3 millones que se fijó el Ejecutivo.

La aprobación de la ayuda no fue un paso menor. Sobre todo por el momento en que salía adelante. En plena pandemia, el Gobierno de coalición aceleró la implantación de este compromiso electoral, que se preveía para desarrollar a lo largo de la legislatura. Bruselas reclamaba a España este mínimo de protección social desde hacía años, pero ningún gobierno lo había implantado hasta la fecha. España es uno de los países con mayor tasa de pobreza en la UE, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza, el 20,7% en 2019. La media de la UE es del 16,8%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que adelantaba la puesta en marcha del IMV dentro de su política de protección de rentas por la crisis de la pandemia. Pese a las diferencias de enfoque entre el Ministerio de Inclusión dirigido por José Luis Escrivá y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, en ese momento liderada por Pablo Iglesias, el Ejecutivo de coalición dio luz verde a la ayuda en un Consejo de Ministros a finales de mayo de 2020. Solo dos meses y medio después de la irrupción del coronavirus en el país. Se dirigía a hogares en pobreza severa, a las situaciones más graves dentro de este colectivo, con diferentes umbrales de ayuda según el tipo de hogar que iban desde 461,50 euros a 1.015 euros al mes.

Uno de los éxitos más destacados de la medida fue su amplísimo respaldo de los diferentes partidos en el Congreso en un momento de mucha crispación política. Todos las formaciones votaron 'sí' a la ayuda, excepto Vox. La extrema derecha ni siquiera votó 'no', sino que se abstuvo finalmente, pese al discurso que había iniciado en contra de lo que llamaba la “paguita” para pobres.

Las organizaciones sociales y voces expertas en pobreza señalaban el avance que suponía este respaldo político en España, tras muchos años en los que había reclamado medidas de este tipo en un contexto de escasa inversión contra la pobreza. Así, las limitadas transferencias sociales existentes en España apenas lograban aliviar la situación de los hogares con menos recursos en comparación con otros países de nuestro entorno.

Ese respaldo parlamentario se ha rebajado en los últimos meses. La semana pasada quedó patente con las fuertes críticas del PNV al ministro Escrivá debido al retraso en el traspaso de competencias de la gestión del IMV. La Seguridad Social ha mandado una propuesta de transferencia a Euskadi, que ha sido tachada de “inaceptable” por la consejera Idoia Mendia, de los socialistas vascos. Euskadi no es la única comunidad que ha mostrado su descontento con el Gobierno por la falta de coordinación y negociación en la puesta en marcha del IMV, lo que complica la adaptación de las rentas mínimas regionales que ya existían.

La meta de beneficiarios aún queda lejos

En estos doce meses, el IMV ha sufrido varias modificaciones vía real decreto ley con el fin de facilitar el acceso a la prestación. Ese ha sido el mayor reto desde que nació la ayuda: llegar con rapidez a las personas a las que va dirigida. La avalancha inicial de peticiones, sumada a la falta de personal de la Seguridad Social y a las complicaciones por la pandemia explicaron en parte el retraso en la tramitación en los primeros meses. Pero “sigue siendo una tramitación muy lenta”, denuncian desde el colectivo RMI Tu Derecho, en contacto con beneficiarios de rentas mínimas en Madrid. “La gestión sigue llevando meses. Ahora nos están respondiendo peticiones que hicimos en verano y algo después. Presentamos varias solicitudes en febrero de las que no sabemos nada aún”, explica Roberto Borda.

El Gobierno calculó que el ingreso mínimo vital llegaría a unos 850.000 hogares beneficiarios, aproximadamente unas 2,3 millones de personas. Este escenario suponía triplicar el número de hogares pobres protegidos por una renta mínima hasta el momento, dado el alcance de las ayudas de las comunidades autónomas. Por el momento, la cifra de hogares protegidos ya ha logrado superar el de las rentas mínimas regionales en estos doce meses, teniendo en cuenta los datos de 2019, pero no se ha disparado la cobertura como se preveía.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha difundido la cifra más actualizada de beneficiarios de la ayuda, “725.000 personas”, según compartió este mes de junio en su cuenta de Twitter para celebrar el primer año de vida del IMV. En la Seguridad Social explican que el dato de hogares se sitúa alrededor de “los 300.000”.

El balance de estas cifras ha vuelto a encontrar importantes diferencias en el seno del Gobierno. El ministro Escrivá ha valorado en varias ocasiones como un “éxito” la puesta del IMV por la complejidad de la tramitación de este tipo de prestaciones. En unos meses y pese al reto de la pandemia, el titular de Inclusión ha destacado que el IMV alcanzó la misma protección que las comunidades autónomas tardaron “años” en alcanzar. Incluso “décadas”. El ministro suele recordar también que se han rechazado muchas solicitudes. Es decir, que gran parte de los hogares que pidieron el IMV, unos “700.000” hasta mayo, no cumplían con los requisitos de acceso. La meta de los 850.000 hogares “se mantiene”, sostienen en el Ministerio que dirige Escrivá, pero precisan que desplegar “al 100%” estas prestaciones “lleva tiempo”.

El Ministerio de Inclusión prometió un informe de balance del funcionamiento de la ayuda para el mes de enero, pero que aún no se conoce. Fuentes del Ministerio indican a este medio que esperan poder dar cuenta de la evaluación “en los próximos días”. Sobre todo estará centrada en intentar saber “por qué aquellos que vimos previamente que tenían derecho a solicitar la prestación no la han solicitado”. Cáritas ha destacado el importante número de personas sin recursos que desconocían o no tenían suficiente información sobre el IMV, casi la mitad de las atendidas por la ONG. De hecho, solo “el 16%” de las personas que pidieron ayuda a Cáritas percibe la renta mínima estatal.

Desde Unidas Podemos en cambio son bastante más críticos con el balance de este primer año, como sucede en las ONG y el sindicato UGT. Creen que el despliegue del IMV ha sido insuficiente dada la meta marcada y la necesidad social en las calles. La pandemia afloró mucha pobreza ya existente, pero oculta, a través de las llamadas “colas del hambre”.

“La aprobación urgente del IMV durante la pandemia fue una demostración de la capacidad del Gobierno para dar respuesta a una situación muy grave que estaba afectando a muchas familias, especialmente las más vulnerables”, destacan fuentes de Unidas Podemos. “Sin embargo, el año transcurrido hace muy evidente la necesidad de corregir algunos fallos de gestión y de diseño que están impidiendo que el IMV logre completamente los objetivos que se propuso, y en particular atender rápidamente las situaciones de falta de ingresos provocadas por la COVID”, añaden.

Siguiente paso clave: la tramitación parlamentaria

Tanto dentro del Gobierno, como en las organizaciones sociales, señalan la oportunidad de mejorar el ingreso mínimo vital a través de la tramitación parlamentaria que tendrá lugar en los próximos meses. Aunque la ayuda fue aprobada como real decreto ley y ya está en vigor, los partidos políticos acordaron tramitarla como proyecto de ley, para poder debatir e incluir enmiendas con aportaciones de otras formaciones políticas.

Después de meses en los que se ha prorrogado el periodo para presentar enmiendas, el plazo terminó este mes con la inclusión a última hora de una medida salida del Ministerio de Escrivá, pero que presenta el PSOE en una enmienda: una ayuda de 50 euros por hijo que complemente el ingreso mínimo vital y que llegue también a familias con hijos en pobreza moderada, como adelantó elDiario.es. Unidas Podemos ya había presentado en febrero doce enmiendas por separado para intentar presionar al Ministerio y al grupo socialista en el Congreso con el fin de que se acelerase la tramitación de la ley.

En el Ministerio de Inclusión destacan su apuesta por ampliar la protección de familias con hijos mediante el complemento propuesto por cada menor, así como la necesidad de que la ayuda llegue a colectivos que ya tienen derecho a ella pero que no han pedido el IMV.

Por su parte, en Unidas Podemos insisten en la necesidad de modificar el criterio de acceso a la ayuda, para que en lugar de tener en cuenta la renta del año anterior se midan “los ingresos en función de lo que una familia gana en el momento de pedir el IMV”. También destacan que hay que “reconocer el derecho al IMV a quienes ya estaban recibiendo las rentas mínimas autonómicas” de manera ágil (ahora solo ha habido traspaso masivo en tres Comunidades) y “revisar algunos criterios restrictivos y difíciles de demostrar que están dejando fuera a colectivos que sí necesitan la prestación”.

Varias ONG, como Cáritas y Oxfam Intermón, han reivindicado que se amplíe el umbral de acceso al ingreso mínimo vital, ahora focalizado en la pobreza más aguda, para que puedan acceder a la prestación al menos todas las familias en pobreza severa. Organizaciones especializadas en infancia han destacado sobre todo la necesidad de revertir la desprotección de familias pobres con hijos provocada por el desmantelamiento de la prestación por hijo a cargo. Save the Children y Unicef recuerdan el grave problema de España en este sentido, que se sitúa como el tercer país con más pobreza infantil de la UE.

“En esta ocasión, no se trata de un problema de escasez de presupuesto”, advierte Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) en España. El Gobierno presupuestó unos 3.000 millones de euros este 2021 para el ingreso mínimo vital, de los que según la AIReF sobre se gastará la mitad, unos 1.500 millones, dadas las concesiones de la ayuda. En opinión de Malgesini, una mayor colaboración y asesoramiento de las entidades del Tercer Sector habrían ayudado a detectar problemas, como algunas exigencias administrativas que suponen “barreras infranqueables” para la población vulnerable a la que va dirigida la ayuda.

En RMI tu Derecho recuerdan además la necesidad de revertir varias situaciones excluyentes, que dejan fuera de la ayuda a hogares muy vulnerables de manera “injusta”. Por ejemplo, el hecho de que todos los miembros de un hogar deban tener permiso de residencia en vigor para que la familia perciba la prestación. “Esto no ocurría ni con la RMI de la Comunidad de Madrid, que solo exigía ese requisito para el titular de la ayuda. Ahora hay familias que se quedan sin el IMV porque uno de sus miembros pierde el permiso de residencia”, critica Roberto Borda.

La plataforma y Cáritas coinciden en pedir también más protección para los jóvenes, ya que en general no se permite la concesión del IMV a los menores de 23 años y se exige un mínimo de tres años de emancipación para pedir la ayuda. Este criterio, insisten las ONG, está dejando fuera a jóvenes pobres solo por su edad y destacan en concreto al colectivo de jóvenes extutelados, de los que el Estado se deja de responsabilizar a los 18 años. La tramitación parlamentaria definirá los futuros cambios del ingreso mínimo vital que sigue teniendo un importante reto: reducir la pobreza que lastra a España, cuarta economía del euro, como uno de los países con más pobreza de la UE.