La Inspección de Trabajo ha detectado fraude en uno de cada seis ERTE que ha investigado. El mecanismo que ha sostenido miles de puestos de trabajo, y ha ayudado a las empresas a aguantar en el parón económico ocasionado por el coronavirus, fue utilizado por ciertas compañías de manera ilícita para sacar tajada de las ayudas y del dinero público destinados a esta herramienta de 'hibernación' del empleo. La Inspección de Trabajo ha detectado ya 5.459 infracciones en empresas por fraude en los ERTE a las que ha impuesto sanciones por un valor total de 26 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo.
Se trata del balance hasta el 1 de junio de la actuación inspectora en el control de la legalidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por la pandemia, explican en el Ministerio dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz a consultas de este medio. La autoridad laboral ha finalizado 33.553 expedientes en este periodo, en los que han detectado las 5.459 infracciones mencionadas. El fraude alcanza así a un 16% de las empresas investigadas por el momento. Una de cada seis.
Uno de los abusos más frecuentes ha consistido en mantener la actividad del negocio aunque oficialmente la empresa estaba en ERTE de suspensión. También, que los empleados tuvieran que trabajar más horas que las reconocidas en los ERTE parciales de reducción de jornada. Varios trabajadores reconocían a elDiario.es sufrir estas prácticas en lo peor de la crisis. En algunos casos, las compañías ofrecían a los empleados que cobrasen la prestación por desempleo (el 70% de su base reguladora) y complementarles los ingresos hasta el total de su sueldo. A veces, ni eso. “El discurso es el de que ahora son tiempos muy difíciles, que hay que arrimar el hombro, que si no va a tener que hacer algún despido...”, explicaba una trabajadora a este medio.
La ratio de fraude detectado por el momento está muy por encima de la media. En términos globales, la Inspección de Trabajo halló 89.230 infracciones en el año 2019 de un total de 1.060.484 actuaciones realizadas, lo que supone un 8,4% del total.
Dependiendo del tipo de irregularidad laboral y de cómo actúe la Inspección (tras una denuncia, en una actuación rutinaria, en una campaña específica), la efectividad varía. Por ejemplo, ha sido muy elevada en las campañas contra la temporalidad abusiva y las irregularidades en el pago del salario mínimo a empleadas del hogar gracias a cruces masivos de datos, que permiten centrar el tiro de la autoridad laboral en presuntos incumplidores. Solo la primera fase de la campaña contra la temporalidad fraudulenta consiguió que las empresas hicieran fijos al 73% de los trabajadores temporales bajo la lupa de la Inspección.
El número de infracciones detectadas en los ERTE se incrementará previsiblemente en los próximos meses, ya que aún hay 5.583 actuaciones de la Inspección iniciadas y pendientes de finalización. Y, mientras los ERTE continúen, también lo hará la supervisión de la autoridad laboral de este mecanismo, explican en el Ministerio. Las últimas cifras oficiales apuntaban que había unos 97.000 ERTE en vigor a fecha del 31 de julio, con alrededor de 331.500 trabajadores afectados.
26 millones de multas y uno en ayudas indebidas
El importe de las sanciones por fraude en los ERTE ya roza los 26 millones de euros. En concreto, 25.930.721,74 euros hasta el 1 de junio, indican en el Ministerio. La Inspección de Trabajo ha requerido además a las empresas infractoras las liquidaciones por las exoneraciones indebidas de las que se beneficiaron al estar en ERTE. La Seguridad Social exime a las compañías que están en expedientes de regulación temporal de empleo de que paguen gran parte de la cuota a la Seguridad Social de sus trabajadores, lo que se conoce como “exenciones” o “exoneraciones” a la cotización. En este concepto, la autoridad laboral reclama a las compañías casi un millón de euros (996.947,25 euros) por exoneraciones indebidas.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, suele destacar el buen funcionamiento de los ERTE y precisa que el fraude alcanza a una minoría de las más de medio millón de empresas que llegaron a acogerse a este mecanismo para suspender total o parcialmente a sus trabajadores. Aun así, es contundente con aquellos que se han servido de los ERTE para ahorrarse el salario de sus trabajadores a costa del SEPE y beneficiarse de ayudas sin justificación. “Es una estafa al bien común”, respondía en esta entrevista de elDiario.es, en la que recordaba que quien la comete “no es consciente de que puede invadir el ámbito penal”.
Con el avance de la vacunación y la reducción de las restricciones frente al virus, el empleo está remontando y se plasma en un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero también en una disminución de los trabajadores y empresas acogidos a ERTE. Aún quedan 330.000 personas trabajadoras en esta herramienta, de las que un tercio está trabajando parte de su jornada. El actual sistema de ERTE estará en vigor hasta el próximo 30 de septiembre. Está por ver si se acuerda una nueva prórroga del instrumento en un contexto en que las restricciones por la pandemia cada vez están más acotadas a ciertos sectores, como el turismo.
El Gobierno ha ampliado esta semana las posibilidades sancionadoras de la Inspección de Trabajo. El Consejo de Ministros ya habilitó en un real decreto del pasado enero que la Inspección de Trabajo emitiera actas de infracción basadas en actuaciones automatizadas. Es decir, sin intervención directa de un funcionario gracias al cruce masivo de datos, a los algoritmos. Esta semana el Ejecutivo ha dado luz verde a cambios en el reglamento de la Inspección para regular estas actas de infracción automatizadas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
En lugar de un funcionario, las actas que detectan las irregularidades irán suscritas por el Sello Electrónico Cualificado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de recurso del acta, un funcionario de la Inspección evaluará el caso. No obstante, si la empresa no alega nada en 15 días, “el acta de infracción será considerada propuesta de resolución”.
El Ministerio de Trabajo ha adelantado que los incumplimientos para los que están pensadas de momento estas sanciones automatizadas se encuadran sobre todo “en el ámbito de la Seguridad Social”. “Se trata de procedimientos en los que no se requiere la intervención directa de ningún funcionario de la ITSS, como lo es, por ejemplo, la comunicación de un alta en la Seguridad Social fuera del plazo establecido para ello”, recoge un comunicado de Trabajo.
Otra novedad relevante a partir de enero de 2022 consiste en la posibilidad del llamado 'pronto pago' para las multas de la Inspección de Trabajo. En los supuestos de infracciones para las que se acuerde una sanción exclusivamente económica, si la empresa paga la multa propuesta y renuncia “al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa”, el pago llevará implícito el reconocimiento de responsabilidad y el importe de la sanción se reducirá “en un 40%”.