El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no parece haberse dado por aludido y todavía no ha cumplido con la Ley de Transparencia, tres semanas después de la entrada en vigor del título preliminar, el título I y el título III de esa norma, que desde el pasado 10 de diciembre obligan a publicar, entre otros datos, las retribuciones brutas anuales de los máximos responsables de las sociedades mercantiles estatales.
El ICO, que como entidad pública empresarial está sujeto a la Ley de Transparencia, todavía no ha hecho público el sueldo bruto de sus primeros ejecutivos en 2013 (tuvo dos), ni sus convenios y contratos adjudicados, a diferencia de lo que ya han hecho la mayoría de empresas públicas, desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus principales participadas hasta Paradores de Turismo, por citar sólo dos ejemplos.
Estos datos no están disponibles ni en la propia página web del ICO ni en el portal de la transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno. El ICO tiene un año para adaptarse a la ley, pero la omisión es relevante, tratándose de la séptima entidad de crédito en España y de un agente clave del sector público empresarial.
“Nosotros no somos los publicadores en el portal de transparencia”, dicen fuentes del banco público, que señalan que “para dar cumplimiento a dicha Ley, desde el día 10 de diciembre, en la home de www.ico.es existe un enlace de acceso directo al Portal de Transparencia”, donde estará disponible esa información “para hacerla homogénea”.
Las mismas fuentes declinan explicar por qué el organismo todavía no ha publicado esos datos en su propia web, como han hecho la mayoría de empresas públicas. Por su parte, el Ministerio de Economía, al que está adscrito, no comenta este asunto.
Del Congreso a la presidencia
Desde septiembre del año pasado, la presidenta del ICO es Irene Garrido, primera mujer al frente del organismo desde su creación en 1971. Muy vinculada al mundo universitario, desde finales de 2011 hasta su nombramiento fue diputada del PP en el Congreso (fue la número dos de la lista de los populares por Pontevedra, tras la ministra Ana Pastor) y sustituyó en el cargo a Ramón Escolano, nombrado vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución de la exministra socialista Magdalena Álvarez.
Escolano, presidente del ICO desde enero de 2012, había sido anteriormente director de Relaciones Institucionales de BBVA y formó parte del segundo Gobierno de José María Aznar como director del gabinete de Economía del presidente.
El ICO, que este año ha concedido la cifra récord de 21.469 millones de euros en préstamos, es una entidad pública empresarial adscrita a la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad. El instituto actúa como Agencia Financiera del Estado y como banco público, a través de líneas de financiación para autónomos y pymes (que comercializan las entidades de crédito con las que suscribe convenios de colaboración) y proporcionando financiación directa a grandes proyectos mediante préstamos por un importe mínimo de 10 millones de euros.
Con activos totales por valor de 102.203 millones de euros al cierre de 2013, el banco público es la séptima entidad de crédito en España por volumen de activos, sólo superada por Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular. Al cotizar en bolsa, desde 2013 estas entidades están obligadas a detallar las retribuciones anuales de todos sus consejeros por exigencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un listón que el Gobierno no ha estimado conveniente aplicar a los consejos de administración de las empresas públicas (sólo se publica la retribución del presidente o el director general y el total agregado del máximo órgano de gestión).
Las funciones del ICO son principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. El organismo se financia en los mercados de capitales (no a través de los Presupuestos del Estado), aunque las deudas y obligaciones que contrae tienen garantía incondicional e ilimitada del Estado.