El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha admitido a trámite, a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid, una querella de Corporación Ceslar, que posee el 9,001% de El Corte Inglés, contra la cúpula del gigante de la distribución por los delitos de apropiación indebida y corrupción entre particulares, según avanza El Confidencial y confirman fuentes del grupo.
Según fuentes de El Corte Inglés, el auto judicial descarta la existencia de otros delitos apuntados en la querella como el blanqueo de capitales. La querella está dirigida contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Manuel Pizarro, Carlos Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florencio Lasaga, el secretario del consejo, Antonio Hernández-Gil, el supuesto asesor externo de la compañía David Barreiro y las sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital, vinculadas a este último.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que reclame los contratos que justificarían el pago de 19,5 millones de euros en comisiones por parte de El Corte Inglés a Noganoir y Tereze (radicadas en Singapur y Emiratos Árabes, y vinculadas a Barreiro) por la supuesta labor de asesoramiento que estas desarrollaron en la operación del préstamo de 1.000 millones convertible en acciones que concedió al grupo el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, exprimer ministro de Qatar, a través de la sociedad luxemburguesa Primefin en julio de 2015.
Como avanzó eldiario.es en agosto de 2015, tras las firmas que cobraron esas comisiones está David Barreiro Nogaledo, financiero español afincado en Dubai que en agosto de 2011, con El Corte Inglés todavía presidido por el fallecido Isidoro Álvarez, firmó un “acuerdo preliminar” con el grupo de distribución para intermediar en la entrada del jeque árabe.
Barreiro es socio junto a César Álvarez miembro de la Fundación Ramón Areces (principal accionista de El Corte Inglés) y tío del presidente del grupo, Dimas Gimeno (es hermano de Isidoro Álvarez), en el Banco de Dakar, impulsado por los multimillonarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ‘los Albertos’. En su momento, los famosos primos estuvieron casados con las hermanas Koplowitz, a su vez ahijadas de Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés.
Ceslar, que ya había reclamado sin éxito esos contratos antes de interponer la querella, sostiene que ese supuesto trabajo de intermediación por el que el grupo abonó 19,5 millones realmente no se produjo y cree que “encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”.
“Sin duda, nos encontramos ante pagos encubiertos mediante sociedades opacas en claro perjuicio de la sociedad”, insinúa la querellante, cuya representante, Carlota Areces, fue expulsada del consejo de administración de El Corte Inglés en agosto de 2015.
En la misma operación del crédito concedido por el jeque, el grupo de distribución abonó otros 3,75 millones de euros al banco de inversión estadounidense Morgan Stanley por su asesoramiento. Este último pago ha sido igualmente requerido por la Audiencia Provincial, que en el auto del pasado noviembre, que ordena al Juzgado 46 admitir la querella, exige a El Corte Inglés que entregue los informes remitidos por la entidad financiera norteamericana y el justificante de que estos fueron suministrados a los consejeros antes del consejo de administración de julio de 2015.
Este proceso es paralelo al que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid por la expulsión de Carlota Areces, prima de Dimas Gimeno, del consejo de administración de El Corte Inglés por haber “quebrantado el deber de sigilo” sobre las actuaciones del máximo órgano de gestión de la compañía, al revelar detalles sobre la entrada en el capital del grupo de su accionista catarí.